Sentencia Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo (TS) ha establecido que las denominadas 'mobile-home' o casas móviles requieren de una licencia urbanística por uso de suelo porque son asimilables a las casas prefabricadas y no a los remolques. El tribunal ha concluido que el diseño de este tipo de viviendas es incompatible con su utilización habitual como vehículo de remolque, aunque puntualmente puedan serlo, y ha añadido que la exigencia de una licencia urbanística para este tipo de casa móviles se justifica en una razón imperiosa de interés general como es la protección del medio ambiente y el entorno urbano.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece que las empresas están obligadas a disponer y facilitar a los sindicatos un registro salarial con los valores medios desagregados por sexo, pero sin que sea obligado incluir datos que permitan identificar la retribución individual del trabajador. El fallo es fruto de un recurso de casación interpuesto ante el Supremo por la empresa Ericcson España, que fue demandada por varios sindicatos ante la Audiencia Nacional por no proporcionarles todos los datos retributivos de la plantilla, incluidos los de los grupos profesionales o puestos de trabajo en los que sólo hay una persona destinada.

El Tribunal Supremo, a través de un fallo unánime del Pleno de la Sala IV de lo Social, ha dictaminado que las empresas deben instaurar un trámite de audiencia previa antes de proceder con despidos disciplinarios. Esta nueva obligación, sin embargo, solo será aplicable a los despidos que se produzcan a partir de la publicación de la sentencia, lo que deja exentos los despidos anteriores. De este modo, el alto tribunal modifica su propia doctrina, establecida en la década de los años ochenta, por los cambios que se han producido en el ordenamiento jurídico español desde entonces.

El Alto Tribunal determina en una sentencia que se puede condenar a costas a un banco cuando un consumidor ejercite acciones de nulidad de cláusulas abusivas y de devolución de cantidades que sean derivadas de un mismo contrato de consumo, como un crédito hipotecario, aunque las solicite por separado en distintos procedimientos judiciales. Hasta ahora, algunos tribunales determinaban que las reclamaciones paralelas suponía actuar de un modo fraudulento, por lo que estimaban parcialmente la imposición de costas. Sin embargo, el criterio del Supremo crea jurisprudencia.

El Tribunal Supremo (TS) ha avalado la conducta de un administrador de una comunidad de propietarios que colocó carteles por la urbanización en los que informó a los vecinos de que unos inquilinos que habían sido desahuciados por impago tenían la intención de alquilar otra vivienda en el mismo edificio. El alto tribunal discrepa de la decisión inicial del juzgado de Alicante y de la Audiencia Provincial de Alicante, que entendieron que el administrador se había extralimitado en sus funciones y lo habían sancionado con 7.000 euros de multa. "La información difundida queda legitimada por el derecho a la libertad de información, pues era de interés para la comunidad de propietarios, veraz y sin ánimo denigratorio", afirma la sentencia.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha ratificado la condena a una comunidad de vecinos de Madrid que obliga a ésta a indemnizar con casi 600.000 euros por los daños y perjuicios derivados por el incumplimiento de los contratos suscritos con una empresa en 2014. La decisión del tribunal de apelación se basa en dos razones. La primera, que el presidente de la comunidad no puede decidir unilateralmente poner fin a los contratos por falta de legitimacón. Y la segunda razón es que la causa de la resolución del contrato no es incumplimiento de la empresa, sino de la comunidad.

Las entidades no podrán alegar que el consumidor estaba informado por los medios de comunicación, o por la existencia de jurisprudencia, de la abusividad de su cláusula hipotecaria, según señala reclamador.es, tras conocer la sentencia del Tribunal Supremo en la que recoge la doctrina del Tribunal d

El Tribunal Supremo ha hecho suya la doctrina fijada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), dictada el pasado 25 de abril, y ha fijado como criterio que el plazo de prescripción para reclamar gastos hipotecarios, que hayan sido indebidamente pagados por un consumidor, será el de la fecha de la firmeza de la sentencia que declara la nulidad de la cláusula que obligaba a tales pagos. No obstante, prevé que el plazo comience en una fecha anterior si el banco puede probar que el consumidor pudo conocer la abusividad de dicha cláusula, en el marco de sus relaciones contractuales.

El Tribunal Supremo ha fijado en una sentencia publicada este 30 de abril que el plazo de 4 años de prescripción de derecho de la Administración para determinar una deuda tributaria computa de fecha a fecha, con independencia de que el último día de dicho plazo sea hábil o inhábil.  La Sala de

El Tribunal Supremo sitúa a la banca como responsable de restituir los anticipos de los particulares a promotoras inmobiliarias mediante letras de cambio en la compra de viviendas. El tribunal ha rechazado dos recursos presentados por Abanca contra las sentencias de las audiencias provinciales de Málaga y Madrid, y recuerda que las promotoras deben garantizar la devolución de estos anticipios mediante un aval o un seguro. En este sentido, afirma que "la entidad financiera incurre en responsabilidad", y que debe "colaborar activamente" para garantizar que el promotor cumple con las obligaciones legales.

El Alto Tribunal ha avalado, en una sentencia dictaminada el pasado 22 de marzo, que una empresa pueda deducirse en el Impuesto de Sociedades un gasto contabilizado de forma incorrecta en un ejercicio posterior al de su devengo, incluso aunque que éste se encontrase prescrito. No obstante, determina que esta posibilidad existe siempre que la imputación del gasto no dé lugar a una menor tributación a la que le hubiera correspondido por aplicación de la regla general. Así, el Supremo da la razón al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

El Tribunal Supremo ha inadmitido los cuatro recursos de casación presentados contra la aprobación del proyecto de Madrid Nuevo Norte al no encontrar la fundamentación suficiente y por carencia de interés casacional, lo que supone el respaldo definitivo al proyecto de planeamiento urbanístico que transformará la zona norte de la capital, según la Comunidad de Madrid y Crea Madrid Nuevo Norte. Los motivos esenciales de impugnación han partido de cuestionar la clasificación del suelo incluidos en la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento de Madrid .

El gobierno balear deberá indemnizar con 96 millones de euros al empresario y promotor inmobiliario, Matthias Kühn, por una desclasificación de terrenos en la zona de la Muleta del Puerto de Sóller, en Mallorca. Kühn, actual pareja de la artista Normal Duval, adquirió suelos urbanos para levantar unas 30 mansiones de lujo, pero el Govern balear recalificó los suelos a no urbanos sin indemnizar al empresario. 14 años después, la justicia le da la razón, y la administración le pagará 63,5 millones más intereses devengados.

El Tribunal Supremo ha fijado que se puede obtener la devolución de la plusvalía municipal cuando se vendió o transmitió un inmueble a pérdidas, y esto a pesar de que la liquidación sea firme. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, recuerda que estas liquidaciones se consideran nulas de pleno derecho y, por tanto, se puede pedir su revisión, incluso aunque estén prescritas. Así, se puede pedir ahora la revisión de liquidaciones firmes de 2014, 2015 y 2016 en adelante.

El Tribunal Supremo ha descartado que exista un derecho automático de indemnización después de que el Tribunal Constitucional tumbara la plusvalía municipal, dado que debe acreditarse que, en efecto, no se incrementó el valor del terreno. Los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo han desestimado los primeros recursos presentados por empresas y ciudadanos que reclamaban una indemnización al Estado por el abono de este tributo. El Ayuntamiento de Madrid ha presentado un recurso recientemente pidiendo responsabilidad patrimonial al Estado.

El Tribunal Supremo ha dictado sentencia en la que establece que el Ministerio de Hacienda no puede declarar a un menor de edad sin rentas responsable solidario de las deudas de sus padres en el Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas (IRPF) cuando se realiza en la modalidad de tributación conjunta de la unidad familiar. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional solo admite la responsabilidad solidaria de los miembros de la unidad familiar si entre ellos ha habido transmisión de rentas, que no fue el caso, y además confirma que si no percibe ninguna renta, no puede ser declarado contribuyente, y por tanto, es inimputable.

El Tribunal Supremo ha inclinado la balanza a favor de las empresas dedicadas a la hostelería y restauración que tuvieron que cerrar con motivo del estado de alarma declarado por culpa del covid-19. En contra del criterio de Hacienda, permite que puedan reducir la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE), que exigen los Ayuntamientos, proporcional al tiempo en que sufrieron esa paralización total.

El Tribunal Supremo acaba de publicar una sentencia que considera que la vivienda habitual no pierde tal carácter, si se tuvo que abandonar con motivo del divorcio. Y lo mismo ocurre si el motivo de haber dejado de vivir en tal vivienda es el matrimonio, el traslado laboral, o cualquier otra situación análoga. Esta sentencia podría beneficiar a aquellas personas que viven en una residencia de mayores y que han vendido su vivienda habitual, ya que podrían beneficiarse de la exención del IRPF. No obstante, y hasta que los Tribunales reconozcan esta posibilidad, lo aconsejable es tributar por dicha ganancia y acto seguido solicitar la rectificación de la autoliquidación presentada y la devolución de los ingresos indebidos.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo considera ilícitas las fotografías que un detective privado realizó a un trabajador, que estaba de baja con cervicalgia, haciendo labores de esfuerzo en el jardín y en el huerto de su casa, y que fueron utilizadas por la empresa para acordar su despido disciplinario por realizar actividades incompatibles con sus dolencias. Como consecuencia de la ilicitud de la prueba por invadir el derecho a la intimidad del trabajador, el tribunal confirma la improcedencia de su despido y desestima el recurso de casación de la empresa.

El Tribunal Supremo no ha admitido a trámite el recurso planteado por la Junta de Extremadura para impedir la demolición del complejo Isla de Valdecañas, en la provincia de Cáceres, ni tampoco el recurso de las dos promotoras. Los afectados están a la espera del recurso de amparo presentado al Tribunal Constitucional para evitar la demolición de 180 villas de lujo, un hotel, campo de golf y varias instalaciones.

La última sentencia del Tribunal Supremo es un jarro de agua fría para Hacienda. El alto tribunal ha rebajado las sanciones que impone el fisco al contribuyentes, al determinar que el porcentaje de perjuicio económico a la hora de establecer dichas sanciones se debe realizar a través la cuota líquida y no de la cuota diferencial, descontando así el importe de las deducciones, pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta. Este fallo podría suponer la anulación parcial de muchas sanciones tributarias.

El Tribunal Supremo ha establecido que exigir un tributo en el mismo ejercicio en que entre en vigor su ley reguladora no vulnera el principio de irretroactividad, siempre que su periodo impositivo sea el año natural, que se devengue el último día de dicho año y que su entrada en vigor haya sido anterior a la fecha de devengo. Es el caso del impuesto a las grandes fortunas, que entró en vigor el 29 de diciembre de 2022 y que su devengo se fijó el 31 de ese mismo mes.

El Tribunal Supremo acaba de sentar jurisprudencia sobre el denominado listado de morosos del artículo 95 bis de la Ley General Tributaria, a través de cuatro recursos de casación deliberados el pasado 17 de enero. Considera que sólo pueden ser incluidas en estas listas aquellas personas físicas o empresas que ostenten la condición de deudores a la Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias firmes.

El Tribunal Supremo considera que no hay intromisión al honor si un ciudadano es incluido en la lista de morosos pero previamente se le ha comunicado y solicitado el pago de la deuda pendiente. Así lo fija el alto tribunal en tres sentencias que resuelven tres recursos relacionados con el requerimiento previo de pago al deudor, que es uno de los requisitos de "licitud" de la inclusión de datos personales en los ficheros de información crediticia, más conocidos como ficheros de morosos.

El Tribunal Supremo ha respaldado aplicar los efectos por interés usurario, contemplados en el artículo 3 de la Ley de Usura, aunque solo se haya declarado nula la cláusula del interés remunetario y no todo el crédito, según se recoge en la sentencia 662/2022, de 13 de octubre. En concreto, el caso se retrotrae a 2006, cuando una consumidora contrató con Cajamar una tarjeta de crédito Visa Classic Crédito con un interés remuneratorio 16,08% TAE.