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La vivienda, protagonista de la agenda política en 2018: del nuevo plan estatal a la reforma del alquiler

Gtres
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Autor: Redacción

La vivienda ha recuperado protagonismo en la agenda política durante 2018. En este año que termina se han aprobado todo tipo de medidas: desde un nuevo Plan de Vivienda que estará vigente hasta 2021, hasta una ley de desahucio exprés para luchar contra las mafias que se dedican a la ocupación ilegal de casas, sin olvidar los nuevos cambios en materia de alquiler.

Algunas de las medidas han sido bien recibidas por parte del mercado, mientras que otras han levantado ampollas entre expertos del sector inmobiliario, grandes inversores y propietarios particulares. Resumimos las principales novedades sobre vivienda que nos ha traído 2018:

1. Llega el nuevo Plan de Vivienda

El Gobierno dio luz verde a la puesta en marcha de un nuevo Plan de Vivienda, que entró en vigor en marzo con efectos retroactivos desde principios del ejercicio. Este plan tiene validez hasta 2021 e incluye una dotación de 1.443 millones de euros para repartir entre las diferentes CCAA, que son las encargadas de conceder las ayudas a la vivienda. Las regiones que cuentan con más presupuesto son Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, mientras que La Rioja y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla recibirán los importes más bajos. [Consulta aquí la dotación de cada región]

En este nuevo plan hay medidas para todos los gustos: desde subvenciones para los jóvenes que compran una casa en zonas rurales hasta ayudas directas al alquiler para diferentes colectivos, entre ellos los desahuciados, familias numerosas y vulnerables, menores de 35 año o mayores de 65 años. También hay partidas para fomentar la rehabilitación y para los promotores que levanten viviendas sociales.

Para 2019 la dotación del plan es de 357 millones de euros, cifra que se eleva a 364 millones de cara a 2020 y que asciende a 372 millones para 2021. Las condiciones para acceder a las ayudas dependen de cada autonomía, de la edad y las condiciones económicas y familiares. [Calcula aquí tu caso concreto]

2. Se aprueba la ley de desahucio exprés

La Comisión de Justicia del Congreso aprobó en abril una Proposición de Ley para acelerar el desalojo de una vivienda okupada ilegalmente y de forma premeditada, cuyo objetivo era acortar los plazos de los desahucios hasta simplificar el proceso a unos días. La medida solo afectaba a mafias (dejaba al margen a los inquilinos morosos) y tan solo podría beneficiar a particulares, ONG y Administraciones Públicas. Ni bancos ni otro tipo de empresas podían acogerse a esta normativa.

Fue a principios de julio cuando la ley entró en vigor, gracias a que los partidos PP, Ciudadanos y PNV apoyaron una propuesta del PDeCat para sacar adelante estos cambios.

3. La reforma del alquiler 

Las últimas novedades que se han puesto en marcha son las que contemplan el real decreto ley de medidas urgentes en materia de alquiler, que entraron en vigor a mediados de diciembre y son de aplicación inmediata.

Entre los principales cambios que contempla la reforma está la ampliación de la duración de los contratos de alquiler (que pasan de tres a cinco años, o siete años en el caso de que el casero sea una empresa), la limitación de las fianzas (hasta un máximo de dos mensualidades), la posibilidad de que las comunidades de vecinos prohiban las viviendas turísticas en un edificio, la eliminación del pago del ITP por parte del inquilino o la mayor protección a las familias vulnerables ante los desahicios.

No obstante, y a pesar de que ya está publicada en el BOE, la reforma necesita el visto bueno del Congreso de los Diputados. En el caso hipotético de que no llegue a convalidarse, esta normativa es como si no hubiera existido, pero cualquier contrato que se haya firmado durante la vigencia del real recreto quedará inalterado.

Sin duda, este plan ha sido el más criticado del año por el mercado, aunque de momento ha dejado fuera una de las promesas que recogía el pacto entre PSOE y Podemos, y que se basaba en controlar los precios del alquiler en las zonas donde hay mayor tensión entre la oferta y demanda (por ejemplo, Madrid y Barcelona). Una propuesta que está despertando severas críticas entre los profesionales del ladrillo, , los grandes inversores y fondos e incluso del propio Fondo Monetario Internacional (FMI).

4. Destinar el 30% del edificio a VPO, la idea de Barcelona

Sin lugar a duda, esta medida ha sido una de las más polémicas este año. Y es que el negocio promotor la recibió con más dudas y preguntas que aplausos. Ada Colau consiguió a principios de diciembre llegar a un un acuerdo con el conseller de Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat, Damià Calvet, para que la Subcomisión de Urbanismo diese luz verde a la medida aprobada por el consistorio de obligar a las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a destinar el 30% a vivienda protegida.

Desde principios de mes, todas las licencias que se soliciten para nuevas promociones de más de 600 m2 en Barcelona deberán reservar un 30% para VPO. No obstante, las solicitadas hasta ahora quedarán exentas de esta medida.

No solo estarán sometidos a esta medida las nuevas construcciones, también las rehabilitaciones integrales de inmuebles y los cambios de uso de edificios. Con estos tres supuestos, el consistorio calcula que aflorarán entre 300 y 400 pisos asequibles cada año.

Críticas del sector a las medidas

Los expertos y agentes del sector inmobiliario han recibido con dudas y críticas la llegada de todos estos cambios. Y es que creen que no serán tan efectivos como ha previsto el Gobierno e incluso que podrían provocar el efecto contrario al que buscan. En líneas generales, el mercado sostiene que es necesario apoyar más a los propietarios tanto en términos de protección frente a los desahucios como para que aumente la oferta de viviendas de alquiler y se contengan los precios. Otro de los reclamos más habituales del sector en este año ha sido la seguridad jurídica y la transparencia en un mercado tan sensible como es el de la vivienda. 

Además, y en lo que se refiere a los cambios en la duración de los contratos y las fianzas, los expertos insisten en que la normativa inclina la balanza a favor de los inquilinos. Por otro lado, recomiendan impulsar los incentivos fiscales a los dueños de viviendas y acelerar los trámites y la concesión de licencias para que se puedan construir más viviendas de obra nueva, que siguen en niveles extremadamente bajos.

Ahora está por ver si el Gobierno puede continuar la legislatura (se prevé que los Presupuestos Generales de 2019 lleguen al Congreso en enero) y puede sacar adelante una nueva Ley de Vivienda, que es su objetivo. En las últimas semanas del año, al menos, ha dejado claro que esa será una de sus prioridades de cara al ejercicio entrante y que contendrá medidas de mayor calado a la última reforma y contará con una visión más a largo plazo.