Una treintena de vecinos del barrio de Solagua del municipio madrileño de Fuenlabrada han recuperado el suministro eléctrico en sus viviendas tras han estado prácticamente un mes sin luz como consecuencia del enganche ilegal al sumimistro comunitario por parte de unos okupas.
El edificio se encuentra en el número 17 de la calle Tía Javiera y es de propiedad pública: las 45 viviendas y el local comercial del inmueble pertenecen a la Agencia de Vivienda Social de la Comunidad de Madrid, el antiguo IVIMA.
Según explican fuentes del Gobierno regional a idealista/news, la noche del 2 al 3 de abril hubo un incendio en la sala de contadores del edificio provocado por una fuerte subida de la tensión eléctrica. Pese a que los técnicos no han podido constatar el origen concreto del suceso, los vecinos sospechan que los inquilinos ilegales que residen en el edificio (están okupadas 15 viviendas y el local comercial) tienen plantaciones de marihuana, cuyo mantenimientofue el que motivió la sobrecarga y el posterior incendio en la sala de contadores.
Iberdrola, la empresa suministradora de la electricidad en el bloque de pisos de sociales, constató que el problema radicaba en un enganche ilegal por parte de unas okupas, por lo que decidió cortar el suministro.
Según un reportaje emitido por Telemadrid la semana pasada, el corte eléctrico ha impedido a los vecinos realizar las labores más cotidianas, desde cocinar hasta asearse o coger el ascensor, afectando sobre todo a algunos residentes del inmueble que tienen problemas de movilidad reducida. Algunas familias incluso decidieron marcharse temporalmente del edificio como consecuencia de los cortes de la luz.
Conviene recordar que el alquiler medio que pagan los beneficiarios de viviendas sociales en la Comunidad de Madrid ronda los 175 euros al mes, aunque en algunas situaciones se aplican rebajas. La renta mínima se encuentra por debajo de 50 euros al mes. Por tanto, las 30 familias afectadas están consideradas como vulnerables.
Según ha notificado la asegura de la comunidad de propietarios a la AVS, a principios de esta semana se han instalado unos generadores eléctricos provisionales que han devuelto la luz a las viviendas del edificio, aunque la compañía estima que las obras de reparación del cuarto de contadores y la puesta en marcha de los nuevos equipos durarán aproximadamente un mes, después de que el fuego provocara un destrozo absoluto de las instalaciones. El seguro de la finca es quien se hará responsable de los trabajos de reparación.
Una zona con problemas de okupación
La zona en la que se encuentra el edificio afectado es un foco de inquilinos ilegales. En el inmueble de la calle Tía Javiera una tercera parte de las viviendas están okupadas (15 de las 45 totales) y la AVS explica que en menos de un año han tenido que remitir tres informes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad por actos vandálicos y realquileres ilegales, entre otros asuntos.
Según la Agencia de Vivienda Social, ya han iniciado el procedimiento del lanzamiento para desalojar a los okupas, aunque la justicia todavía tiene que pronunciarse para poder actuar. Mientras tanto, el organismo prevé solicitar a Iberdrola cuando estén preparadas las nuevas instalaciones una vigilancia especial sobre los consumos, con el fin de evitar nuevos enganches ilegales al suministro comunitario.
La sobrecarga eléctrica provocada por el enganche ilegal de unos okupas llevó al Ayuntamiento de Fuenlabrada, gobernado por el PSOE, a pedir soluciones tanto al organismo público madrileño como a Iberdrola para que los vecinos de Fuenlabrada recuperaran lo antes posible el suministro eléctrico, mientras que VOX se hecho eco de este caso y ha solicitado la puesta en marcha de medidas contundentes por parte del Consistorio.
Según explica Isabel Pérez, portavoz del partido en el municipio madrileño, "no podemos permitir que, por culpa de estos okupas ilegales, los vecinos de las viviendas de la calle Tía Javiera lleven semanas sin luz en su edificio".
Además, Pérez ha recalcado que su grupo municipal "propuso en el Pleno una moción para mejorar las condiciones de salubridad y habitabilidad de la zona; y nuestra propuesta fue rechazada” y ha continuado “el Gobierno Municipal no puede estar mirando siempre a otro lado e ignorando los problemas de nuestros vecinos, como son la okupación y la inseguridad. Seguiremos dando la batalla a la okupación”.
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