Okupación Madrid

La venta de viviendas sin posesión irrumpe en el mercado inmobiliario español. Las casas ‘okupadas’ han pasado de ser completamente inexistentes hace unos años a suponer el 2,6% de todas las casas a la venta en España, según idealista en base a los inmuebles anunciados en el portal inmobiliario en el cuarto trimestre de 2024. En este periodo, 20.464 viviendas anunciadas reconocían sufrir un proceso de ocupación. El análisis destaca que el 8,8% de las casas en venta en Girona están okupadas, seguida por Murcia (5,5%) y Sevilla (4,7%), mientras que Barcelona (723) y Madrid (644) son las ciudades con un mayor número de viviendas sin posesión en el mercado de compraventa.

Hace poco más de una semana el edificio 'Living Cañaveral', situado en los desarrollos del sureste de la capital, sufría la okupación de 12 de sus viviendas. Pero gracias a la movilización vecinal y la intervención de una empresa de desokupación las casas han sido desalojadas en un tiempo récord. Ya no hay rastro de okupación en el inmueble, pero las medidas de seguridad se han incrementado para evitar que esta situación vuelva a ocurrir en un activo que cuenta con 110 apartamentos de protección pública con precio regulado, conocidos como VPPL.

La ocupación ilegal de una vivienda en España ha registrado 10.345 casos contabilizados a nivel nacional entre enero y agosto, según datos del Ministerio del Interior, lo que supone una caída del 11% frente al mismo periodo del año pasado. Cataluña (4.218) concentra un 40% de las okupaciones, seguida por Andalucía (1.607), Comunitat Valenciana (1.134) y Madrid (1.025), llegando a acaparar casi el 80% de los casos. Sin embargo, todas ellas han registrado caídas interanuales, del 14%, 6%, 21% y 1%, respectivamente.

El Partido Socialista en el Congreso de los Diputados ha incluido una enmienda al proyecto de Ley Orgánica de eficiencia organizativa del servicio público de Justicia por el que los jueces podrían desalojar a los okupas en un plazo máximo de 48 horas. Otros partidos como PP y PdeCat ya había solicitado previamente cambios para agilizar y acelerar unos procesos que están colapsando los tribunales.

El Partido Popular promueve una ley para facilitar el desalojo de los okupas en un plazo máximo de 24 horas y poder imponerles penas de prisión de hasta cinco años. Para conseguir este último objetivo, la formación encabezada por Alberto Núñez Feijóo plantea recuperar el delito de usurpación de inmuebles.

El próximo 2 de agosto finaliza el plazo para pujar en la subasta del edifico residencial de cinco plantas, conocido como ‘La Dignidad’, por llevar ocupado durante años por unas 20 familias. La web especializada Escrapalia lo ofrece por un precio de salida de 2,5 millones de euros. El inmueble, que necesita una profunda reforma, procede de una empresa promotora en concurso de acreedores.

La Comunidad de Madrid está dispuesta a plantar cara a la okupación, después de que este tipo de delitos aumentara un 25% en la región en 2022.

El fenómeno de la okupación es cada vez más frecuente en nuestro país. De hecho, un estudio realizado recientemente por el Ministerio de Interior revelaba 13.389 denuncias en los nueve primeros meses del 2021, lo que supone un 20% más que durante el año anterior. Actualmente se calcula que existen en nuestro país más de 120.000 vivienda okupadas. La red Alfa Inmobiliaria cifra en un 30% el descuento que los propietarios están dispuestos a hacer a la hora de vender una casa okupada y así deshacerse del problema.

Dazia Capital vuelve a apostar por la ciudad de Madrid. En esta ocasión, la compañía inmobiliaria ha decidido invertir 5,25 millones de euros en la compra de cuatro edificios y naves industriales que habían estado okupados durante los últimos 13 años. Ahora, la empresa prevé invertir cerca de 15 millones de euros para convertir estos activos, que suman 3.600 m2 de superficie, en viviendas de uso residencial.

Los vecinos del edificio de viviendas sociales ubicado en la calle Tía Javiera de Fuenlabrada (Madrid) vuelven a tener luz en sus hogares tras casi un mes de apagón. Una sobrecarga por el enganche ilegal de los okupas que residen en 15 de las 45 viviendas del inmueble, que es propiedad de la Agencia de Vivienda Social, provocó el incendio del cuarto de contadores y el corte del suministros. La reparación de los desperfectos durará un mes, aunque hasta entonces unos generadores proveerán de electricidad a los pisos.

La Ingobernable ha okupado, de nuevo, un edificio en el centro de Madrid en el que pretende instalar una Oficina de Derechos Sociales. En el inmueble, que es propiedad de los hermanos Fernández Luengo que impulsaron la cadena de peluquerías Marco Aldany, se ubicaba el Hotel Cantábrico, que se encontraba en plena rehabilitación para ser ocupado por otro operador, tal y como ha explicado Alejandro Fernández a idealista/news.

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado una orden que incluye a las víctimas de una okupación de su vivienda habitual entre los beneficiarios de un piso social. Así, las personas y familias que tengan un inquilino ilegal en su hogar podrán optar a un inmueble de la Agencia de la Vivienda Social como solución temporal hasta que puedan recuperar el inmueble.

Cerca de 100 personas han okupado 86 viviendas de un edificio situado en la localidad madrileña de Collado Villalba. Un total de 28 pisos son propiedad de Sareb, aunque solo tiene constancia de la ocupación de 15. La sociedad, que ya se ha puesto en contacto con las autoridades y los servicios sociales municipales, explica que el inmueble no está en comercialización porque no tiene todas las licencias necesarias.

La Comunidad de Madrid ha decidido poner en marcha una Oficina de atención al ciudadano dedicada exclusivamente a luchar contra la ocupación de inmuebles. Junto a la línea de emergencia 112 ya existente, se creará un teléfono 900 gratuito que asesorará al usuario en sus derechos, los primeros pasos a seguir y avisará a las autoridades competentes.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha aprobado un contrato para servicios de protección y seguridad de los inmuebles (pisos, locales, edificios y solares) que forman parte del Patrimonio Municipal del Suelo y evitar así que sean okupados.

La Comunidad de Madrid sostiene que la okupación de pisos en manos de la Agencia de Vivienda Social (AVS) ha bajado en un 65% desde la puesta en marcha de la Mesa contra la Ocupación y por la Vivienda el pasado octubre. Con una dotación anual de 4 millones de euros, entre las medidas de seguridad destaca el uso de puertas especiales y la instalación de chapas en las ventanas. De media, proteger cada piso cuesta más de 2.400 euros.

Las dos formaciones políticas se encuentran en conversaciones para redactar una nueva norma que permita recuperar un inmueble okupado en menos de 48 horas y no en 30 días, como contempla la ley actual. Juan Carlos Campo Moreno, ministro de Justicia, se ha mostrado abierto a negociar la propuesta del PP y Ciudadanos, según publica El Economista.

La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento va a poner en marcha tras el verano una oficina municipal antiokupación con el fin de defender los derechos de los vecinos y velar por por su seguridad. La oficina dará asesoramiento jurídico gratuito a las comunidades de propietarios que no sepan cómo actuar ante una okupación en sus inmuebles, entre otras funciones.

En los últimos tiempos, y a medida que ha crecido la okupación, está aumentando la demanda de dispositivos de seguridad para el hogar. Según el proveedor de sistemas de alarmas ADT, el temor a que ocupen ilegalmente una vivienda, principalmente una segunda residencia, es actualmente la causa principal para instalar medidas de seguridad entre sus clientes, mientras que hace unos años el factor más destacado era evitar los robos.

El Ayuntamiento de Madrid se ha propuesto acabar con la okupación en la capital. Los distritos de Tetuán y Villaverde son dos de las zonas más afectadas por este fenómeno y es por este motivo por el que el consistorio ha decidido focalizar la lucha en estos ámbitos. Mariano Fuentes, delegado del Área de Desarrollo Urbano de Madrid, ha destinado 1,5 millones de euros para “poner en valor todos los suelos de Madrid, porque estas actividades “actualmente están impidiendo el desarrollo de la gestión urbanística y la implantación de los nuevos usos previstos”.

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de la ciudad, ha confirmado que el edificio Prado 30 – okupado en su momento por La Ingobernable- no se convertirá en el Museo Judío proyectado por la Fundación Hispanojudía.

Javier González Herráez, arquitecto y promotor, ha comprado los edificios del número 1 y 3 de la calle Cabestreros (Lavapiés) para levantar un hotel 'low cost'. Esta es la segunda operación de este tipo que realiza en el distrito y ha provocado las iras de algunos movimientos vecinales que no han dudado en acusarle de especular con los terrenos del barrio. Varios carteles con su cara y el lema: 'enemigo de Lavapiés' adornan las calles de esta castiza zona de Madrid.