Madrid reduce la okupación de pisos públicos con puertas antivandálicas y chapas en las ventanas

La okupación de viviendas públicas se ha reducido a una tercera parte en la Comunidad de Madrid en menos de un año. Según los datos de la región, el número de pisos de la Agencia de Vivienda Social (AVS) en la que han entrado los okupas ha bajado en un 65%. Actualmente se producen de media 2,4 viviendas okupaciones al mes, frente a las 6,5 viviendas contabilizadas hasta la puesta en marcha de la Mesa contra la Ocupación, una iniciativa que vio la luz el pasado octubre y permite la actuación coordinada de varias consejerías de Justicia, Interior y Vivienda y Administración Local.

Y esto ha sido posible gracias a las medidas de protección del parque público que pasan por 'bunkerizar' las viviendas. En concreto, la región utiliza puertas especiales antivandálicas e instala chapas en las ventanas, lo que consigue frenar el asalto ilegal a los pisos. En algunos casos también es necesario proteger las terrazas, e incluso las puertas de acceso a las mismas situadas en los áticos, para evitar trepados o descolgamientos desde otras plantas o pisos. Unas medidas que están frenando una de las tipologías de okupaciones más habituales: la conocida como 'patada en la puerta'.

Según explica el consejero de Vivienda y Administración Local de la Comunidad de Madrid, David Pérez, las medidas de seguridad para evitar la okupación tienen un coste medio de más de 2.400 por piso. 

"El coste de la instalación de cada puerta de este tipo supone un desembolso para la Comunidad de Madrid de 1.373 euros. Una vez que la vivienda es adjudicada y la familia que la recibe va a entrar a vivir, es necesario nuevamente sustituir esa puerta antivandálica y antiocupación por una puerta estandar, lo que supone una nueva reforma que tiene un coste medio de 1.079 euros", detalla la web de la región.

Pérez asegura que la Comunidad de Madrid destina cerca de 4 millones de euros al año a seguridad, reparación y bunkerización del parque de viviendas de la AVS, formada por más de 23.200 inmueble, con el objetivo de evitar ocupaciones y poder entregárselas a las familias con escasos recursos o en situación de vulnerabilidad.

“Los ciudadanos demandan nuevas medidas y una legislación que permita que las mafias y los delincuentes que ocupan las viviendas puedan, en caso de que accedan ilegalmente a una vivienda, ser desalojados inmediatamente y con todas las garantías legales. Sabemos que la mayor parte de las ocupaciones no se llevan a cabo por familias necesitadas, sino por mafias organizadas o personas que buscan hacer negocio con ello, por lo que también se evitaría la comisión de nuevos delitos", ha aclarado el consejero de Vivienda del gobierno autonómico, que ha añadido que "toda vivienda ocupada ilegalmente resta una posible vía de asistencia a aquellas personas o familias que sí necesitan realmente una vivienda, debido a su estado de precariedad o vulnerabilidad”.

Pérez ha recordado que desde la puesta en marcha de la Mesa contra la Ocupación también se han tomado otras medidas como la monitorización de las promociones más conflictivas y la identificación de aquellas zonas de la capital, en colaboración con el Ayuntamiento, donde existe una mayor conflictividad. Por otro lado, se han llevado a cabo acciones de coordinación con las autoridades judiciales, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Policías Locales, y quiere impulsar medidas de coordinación con la justicia.

De forma paralela, la AVS ha iniciado 600 expedientes para recuperar viviendas sociales que están okupadas, además de haber desocupado cerca de 200 inmuebles en lo que va de legislatura.