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La Comunidad de Madrid ofrece viviendas sociales a quienes tengan su hogar okupado

Será una alternativa habitacional para personas y familias hasta que recuperen la vivienda. Y deben cumplir unos requisitos

Gtres
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Autor: Redacción

La Comunidad de Madrid ha sacado adelante uno de los principales compromisos acordados en la Mesa de Vivienda y Okupación suscrito en octubre de 2019: ofrecer una solución habitacional temporal a quienes tengan un inquilino ilegal en su vivienda habitual.

Según el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) del pasado 27 de abril, el Gobierno regional ha modificado el Decreto 52/2016, de 31 de mayo, por el que se crea el Parque de Viviendas de Emergencia Social y se regula el proceso de adjudicación de viviendas de titularidad de la Agencia de la Vivienda Social, para incluir como beneficiarias a las personas y familias que tengan okupado su hogar. Será una solución habitacional temporal, hasta que los afectados puedan recuperar su inmueble.

El cambio se ha realizado a través de la Orden 183/2021 de 21 de abril, para "dar  cumplimiento a una de las propuestas surgidas a raíz de la creación de la la Mesa de Vivienda y Okupación firmada en octubre de 2019 por la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso", explican desde la región. 

Así, según establece el BOCM, "con la finalidad de minimizar el impacto que tales ocupaciones suponen para los titulares de las viviendas afectadas cuando estos se han visto privados de su residencia habitual sin otra solución habitacional, la Consejería de Vivienda y Administración Local promueve facilitar solución de alojamiento a los mismos mientras dure dicha ocupación, en aplicación de la posibilidad prevista por el artículo 18.1.c del Decreto 52/2016, de 31 de mayo".

De esta forma, la región ha incluido esta causa (tener okupada la vivienda habitual) como "un requisito más dentro del procedimiento de adjudicación de vivienda por emergencia social, al encontrarse el afectado o los afectados en situación de grave dificultad habitacional, en la que se haga necesaria la intervención pública en orden a procurar solución de alojamiento".

Las víctimas de la okupación ilegal se suman así a los tres tipos de procedimientos que ya incluía la normativa: el ordinario de adjudicación, mediante la aplicación de un baremo y por situaciones de especial necesidad; el excepcional de adjudicación de viviendas, en casos de emergencia social; y el procedimiento de adjudicación de viviendas mediante sorteo. Unos procedimientos que incluyen como beneficiarios, por ejemplo, a los afectados por acontecimientos extraordinarios que les dejen en una situación de exclusión residencial, como atentados terroristas o el derrumbe de edificios.

Los requisitos para acceder a las viviendas

Según la Comunidad de Madrid, es necesario se cumplan unos requisitos para poder beneficiarse de una vivienda social. Uno de ellos es que la vivienda ocupada de forma no consentida constituya la residencia habitual de la unidad familiar.

Además, esta circunstancia deberá ser acreditará mediante la aportación de la documentación que sea requerida al efecto, justificativa del uso de la vivienda al menos durante un período de nueve meses en los últimos doce meses anteriores a la demanda de la ocupación.

La región también explica que la vivienda "deberá ser objeto de ocupación por personas ajenas y no consentidas, hecho que deberá de acreditarse a través de la interposición de la correspondiente demanda o denuncia y la falta de aportación por los ocupantes de un título justificativo de la situación posesoria". 

Otro de los requisitos es que la unidad familiar deberá ostentar el pleno dominio o un derecho real de uso y disfrute sobre la vivienda ocupada de forma no consentida. Una circunstancia que también "se acreditará mediante la aportación del correspondiente título". 

A ello se suma que no pueden tener otra vivienda. "Ni el interesado ni ninguno de los miembros de la unidad familiar cuya vivienda ha sido ocupada podrán ser titulares del pleno dominio o derecho real de uso y disfrute sobre otra vivienda en todo el territorio nacional. La unidad familiar deberá contar con unos ingresos familiares anuales máximos de 3,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Además, se estipula "un período de información previa al objeto de verificar la situación de grave dificultad habitacional en la que se encuentra la unidad familiar, así como la acreditación de la concurrencia de los requisitos señalados". 

Por último, la situación de grave dificultad habitacional será constatada y verificada por los trabajadores sociales de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación, que es el órgano competente para adjudicar las viviendas de titularidad pública. 

La región recuerda que la adjudicación de las viviendas será temporal y que se podrán realizar, según el caso, "adjudicaciones en arrendamiento, cesión de uso, precario y cualesquiera otras formas administrativas admitidas en Derecho, ya sea a título gratuito u oneroso". 

También será posible prorrogar la adjudicación del inmueble, aunque será necesario acreditar que perviven las acciones judiciales iniciadas con el fin de recobrar la posesión de la vivienda ocupada. "No procede en estos casos la posibilidad de convertir este tipo de adjudicaciones temporales en definitivas por especial necesidad", sentencia el Gobierno autonómico.