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Lucena, el pueblo cordobés que ha pasado del pleno empleo a ser un foco de okupación de más de 100 casas

Lucena, un pequeño pueblo Cordobés de poco más de 40.000 habitantes, ha pasado de ser noticia por ser una localidad con pleno empleo a serlo por contar con un gran foco de okupación. En concreto, la mesa de trabajo del Ayuntamiento encargada de atajar este problema ha contabilizado más de 100 viviendas okupadas, aunque se cree que hay más unidades. Muchos de los pisos provienen del ‘boom’ inmobiliario y pertenecen a distintas entidades financieras. El problema ha generado robos, suciedad, amenazas de muerte y facturas de más de 10.000 euros para el consistorio.

Para entender el problema de la okupación que vive Lucena hay que remontarse a comienzos del siglo XXI. Por aquel entonces, esta pequeña localidad andaluza despertó el interés de los medios de comunicación por su situación laboral: pleno empleo y una gran cantidad de empresas industriales buscando instalarse en la zona. Así, Lucena se alejaba del campo, de la agricultura y la ganadería (trabajos muy ligados a Andalucía) y abrazaba a compañías dedicadas a la producción de energías renovables, entre otras. De hecho, llama la atención la cantidad de placas solares que asolan los tejados de los edificios de este pueblo.

La bonanza laboral produjo un 'efecto llamada' para personas de la provincia de Córdoba que buscaban un empleo. Se realizó una proyección de crecimiento muy optimista basada en esta circunstancia que se tradujo en la construcción de un gran número de viviendas. Pero llegó la crisis de 2007 y el estallido de la burbuja inmobiliaria. El paro aumentó en Lucena, al igual que en el resto del territorio nacional, y las viviendas pensadas para acoger a más habitantes quedaron vacías y sentenciadas a permanecer, en muchos casos, en los portfolios inmobiliarios de los bancos.

En la actualidad, la localidad cordobesa vuelve a gozar de una buena salud laboral. “De momento, la crisis del covid-19 no ha afectado al trabajo”, aseguran fuentes consistoriales. Pero hay algo que no ha cambiado: siguen existiendo casas vacías, o lo que es peor, okupadas. Ahora, el 'efecto llamada' no guarda relación con lo laboral y sí con una actividad ilegal como la okupación. Un problema que el Ayuntamiento ha decidido resolver con la creación de una mesa de trabajo en la que participan todos los grupos municipales y los cuerpos y fuerzas de seguridad de la localidad.

“Este fenómeno ha tenido especial relevancia en Lucena por la existencia de un enorme parque de viviendas vacías en titularidad de entidades financieras. Sabemos que hay mucha mafia y mucha banda organizada que tienen como como actividad okupar la vivienda vacía para posteriormente vendérsela a otras personas interesadas o directamente cobrarles un alquiler por su uso”, asegura a idealista/news Jesús López, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento y presidente de la mesa de trabajo contra la okupación.

El consistorio elaboró un informe en 2018 en el que se cuantificaron hasta 100 viviendas okupadas, aunque López aclara que es una actividad muy cíclica y por este motivo han decidido realizar otro estudio para detectar todos los focos. De momento, la mesa ha recabado información sobre 50 casas okupadas, pero están seguros de que existen más inmuebles en esta situación.

La realidad es que la okupación vive un auge en nuestro país (sobre todo en segundas residencias), pero en Lucena comenzaron a notar las consecuencias derivadas de esta actividad ilegal hace cuatro años. “En 2017, se usurpó un bloque de vivienda al completo. En la calle Pedro Izquierdo se practicaron enganches ilegales para el suministro eléctrico y esto originó incendios que incluso conllevaron al desalojo de varios vecinos de la vivienda adyacente. Existieron muchos problemas de convivencia vecinal, mucha reyerta..., y a partir de entonces fue cuando todos los focos y toda la preocupación se empezaron a dirigir hacia este fenómeno que, lejos de aminorar, se ha agravado en otras localizaciones de Lucena”, afirma López.

La fuerza de los vecinos y una factura de 600 euros

En una de estas otras localizaciones se ha producido una rebelión vecinal que ha acabado por expulsar a los okupas, no sin antes sufrir amenazas, facturas de suministros desorbitadas e incluso robos. En este caso en concreto se okupó un edificio entero de dos alturas y dos viviendas de otro inmueble situado enfrente del primero. “Me llegó una factura de luz de 600 euros porque los okupas realizaron un empalme en mi contador”, narra un vecino de avanzada edad que se sostiene de pie con la ayuda de un bastón. “De momento no he pagado nada porque el tema está en los tribunales”, aclara.

Al menos, este vecino ya puede dormir tranquilo porque los dos pisos okupados con los que comparte patio han sido tapiados por los propietarios (entidades financieras), gracias también al apoyo que ha encontrado de sus vecinos. Precisamente, esta rebelión vecinal ha sido la que evitado que otro edificio volviera a ser okupado después de que la Justicia dictaminara el lanzamiento de los okupas que lo habitaban desde hacía varios años.

“Me enteré de que iban a expulsar a los okupas y negocié la compra del edificio con el propietario que era una entidad financiera. Cerré el acuerdo, pero el mismo día que se iba a producir el desalojo observé como había en las inmediaciones gente dispuesta a okupar el inmueble”, explica este habitante de Lucena que tiene una panadería a escasos 50 metros del activo en cuestión.

“Una vez firmé la operación instalé rápidamente una puerta antiokupación y evité que pudieran entrar de forma ilegal. Mi sorpresa llegó cuando esas personas que había observado durante el día y que tenían intenciones de okupar el edificio se presentaron en mi negocio pidiéndome explicaciones e incluso la escritura de la vivienda”, asevera todavía asombrado este empresario que tuvo que soportar estar un fin de semana sin agua en su negocio, porque los anteriores okupas realizaron mal los empalmes para engancharse de manera ilegal a este servicio. “Tuvimos que lavar los utensilios del trabajo a mano y con garrafas de agua”, narra el panadero.

Desde ese momento ha tenido que soportar amenazas de muerte y robos en su local, aunque no ha podido demostrar de momento que sean estos okupas los responsables de los hurtos. La propietaria de un estanco emplazado en la zona también ha sufrido robos en su establecimiento, pero tampoco ha podido demostrar que los culpables sean los okupas en cuestión.

Las arcas del consistorio también se resienten

Las cuentas del Ayuntamiento también han notado las consecuencias de la okupación con facturas desorbitadas por los enganches ilegales a los servicios públicos de la localidad. “Hemos tenido que desembolsar 10.000 euros para pagar el agua de una casa okupada que se abastece gracias a un empalme que no cierra nunca, es decir, el agua siempre está corriendo”, afirma el también portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento.

En este complicado escenario, las entidades financieras son señaladas por el consistorio y por los vecinos como parte importante del problema. La mayoría de las viviendas okupadas pertenecen a los bancos, que no han hecho nada por evitar esta actividad ni por agilizar el desalojo de los okupas.

“El único mecanismo que tienen las entidades financieras para poder recuperar la vivienda y poder desalojar al okupa es a través de lo penal, poniendo una demanda por usurpación del activo. Es un trámite muy tedioso y al final optan por no implicarse y esperar a que sean los propios okupas los que abandonen la vivienda”, narra López.

“Desde el Ayuntamiento no podemos permitir esto… Tenemos que pedirles que regularicen la situación de la vivienda, porque sabemos, por ejemplo, de una vivienda que lleva okupada cuatro años y que si la entidad financiera hubiera tomado medidas al comienzo, la okupación hubiera finalizado hace dos años y medio”, afirma.

Asesoría jurídica gratuita

Por su parte, la mesa de trabajo del Ayuntamiento ya ha puesto en marcha dos medidas para combatir este problema. En concreto, el consistorio ha creado una asesoría jurídica gratuita para todos los vecinos afectados por esta situación. En paralelo, la Junta de Andalucía ha creado una guía informativa con las herramientas legales disponibles para ayudar a los afectados. El Ayuntamiento de Lucena también buscan firmar un acuerdo con la empresa de vivienda pública de Andalucía, la cual tienen muchas casas okupadas, para que intenten desalojar lo antes posible a los okupas ilegales. El fin es que esas viviendas sean cedidas al Ayuntamiento de Lucena y se destinen al alquiler social.

“También hemos encargado a Sanidad un informe de salubridad para dos edificios que nos preocupan especialmente para determinar si se cumplen con las medidas mínimas para vivir en esas casas. Además, por parte de Ciudadanos Lucena, presentamos un decálogo de nuevas propuestas para poner en marcha cuanto antes porque creemos que, de aplicarse, ayudarían a poner solución a este problema”, relata el presidente de la mesa contra la okupación.

Entre las 10 ideas propuestas por la formación naranja destacan dos: medidas preventivas por parte de las entidades financieras e implantar la figura del guardián de casas en Lucena. “Sería algo tan sencillo como quitar todas las referencias a las casas vacías de las páginas web de los bancos, porque es una puerta de entrada para todas las mafias que se dedican a okupar. Además, también sería conveniente tapiar los accesos a la vivienda y colocar puertas antiokupa con cerraduras inteligentes como las que se instalan en otras ciudades”, explica con respecto a la primera medida.

“Desde Ciudadanos investigamos sobre la figura del guardián a través de la compañía Ideal Guardian y creemos que es una solución con la que sale ganando las entidades financieras, los vecinos y las familias que ‘guardarían’ esas viviendas. De momento es sólo una idea porque no hemos contactado con ellos, pero sí sabemos que tienen la idea de expandirse por Andalucía”, asegura López, quien también propone aumentar la presencia policial para evitar las okupaciones.

En paralelo a estas medidas, el portavoz de Ciudadanos asegura que el Ayuntamiento puede servirse de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que compromete a todo propietario de una vivienda a mantenerla en buenas condiciones de salubridad y de habitabilidad, para desalojar a los okupas. “Si un técnico municipal detecta que no se cumplen estos requisitos, el Ayuntamiento puede imponer sanciones al propietario e incluso declararla en ruinas. Esta es una manera de que los bancos se impliquen porque hasta ahora no están sufriendo consecuencias”, sentencia.