Los afectados por la okupación alzan la voz para pedir el desbloqueo inmediato de dos leyes que llevan más de un año paralizadas en las Cortes Generales. Se trata de la ley del PP que aprobó el Senado a principios de 2024 y la proposición de ley de Junts que el Congreso acordó tramitar en marzo de 2025. Ambos textos están sufriendo una prórroga sistemática de los plazos de enmiendas, lo que en la práctica ha provocado que aún sigan en el aire.
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La Plataforma de Afectados por la Okupación e Inquiokupación denuncia que se está produciendo un "'secuestro parlamentario' de dos medidas urgentes contra la ocupación ilegal". En concreto, critican que la presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, esté prorrogando de forma sistemática los plazos para que los partidos presenten sus enmiendas, lo que impide que entren en vigor. Según la PAO, entre ambas normativas acumulan "un total de 139 prórrogas consecutivas que congelan su debate".
La ley que lleva más tiempo 'atrapada' en el Parlamento es la Proposición de Ley Orgánica contra la ocupación ilegal y la protección de la seguridad de las personas y cosas en las comunidades de propietarios, impulsada por el PP y que aprobó el Senado hace dos años y medio. "Esta normativa lleva 30 meses atrapada en una renovación continua desde el 12 de marzo de 2024. Acumula ya 91 prórrogas consecutivas", afirma la PAO.
Esta proposición de ley establece mecanismos para el desalojo en 24 horas, impide el empadronamiento en la vivienda okupada e incrementa las penas previstas en el artículo 245 del Código Penal por este asunto. También contempla una modificación del artículo 269 del Código Penal, añadiendo la usurpación por la provocación, la conspiración y la proposición para cometer estos delitos.
Se aprobó en la Cámara Alta en febrero de 2024 -con los votos a favor de PP, Vox y UPN y el resto de fuerzas en contra- y un mes llegó al Congreso para aprobar o rechazar su tramitación; proceso que todavía sigue en marcha, ya que, como insiste la PAO, "la Mesa del Congreso tiene la ley parada". El principal partido de la oposición ya ha presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional al respecto, aunque todavía no ha dictado sentencia.
La segunda es la Proposición de Ley Orgánica de medidas urgentes para hacer frente a la ocupación ilegal de inmuebles promovida por Junts, que fue admitida a trámite en la Cámara Baja en marzo del año pasado.
El texto, que fue apoyado por el PSOE y el PP, busca agilizar los desahucios y desalojar 'okupas' en un plazo de 48 horas y poner en marcha cambios legislativos en el ámbito civil y penal para acelerar los procesos. Por ejemplo, reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) para potenciar la adopción de medidas cautelares que permitan deslojos urgentes cuando se interponga la correspondiente denuncia o diferenciar los supuestos de ocupaciones ilegales de los impagos de alquiler y otros procedimientos para recuperar la posesión de la propiedad. En su caso concreto, la PAO alerta de que "suma ya 16 meses congelada y acumula 48 prórrogas programadas".
Según los afectados por la okupación, se está produciendo un "uso desproporcionado y sistemático de las prórrogas semanales de enmiendas en la Mesa del Congreso de los Diputados. Una estrategia procedimental que mantiene congelado el debate de asuntos críticos que afectan a los derechos más fundamentales de la ciudadanía y a la supervivencia de múltiples sectores vulnerables". E insisten en que "este bloqueo continuado constituye una vulneración del derecho a la representación política efectiva consagrado en el artículo 23.2 de la Constitución Española".
Otras leyes congeladas
Además de las proposiciones de ley sobre okupaciones, también están pendientes otras normativas como la Reforma de la Ley de Costas (que suma 86 prórrogas en dos años y cinco meses), la Proposición de Ley para la protección y ordenación de Núcleos Urbanos Tradicionales (37 prórrogas en 14 meses), las ayudas a las víctimas a la talidomina (79 prórrogas en dos años y dos meses) o la rebaja del IVA al sector de peluquerías y centros de estética, con un tipo reducido del 10% (97 prórrogas en dos años y nueve meses).
Para que su reivindicación coja más fuerza, la Plataforma de Afectados por la Okupación ha dedicido unirse oficialmente al Frente Cívico por la Calidad Democrática, formado por varias entidades civiles, como la Asociación de Víctimas de la Talidomida de España (AVITE), el colectivo de funcionarios de prisiones Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM), la Alianza por la Vuelta al IVA Reducido en Imagen Personal y la Asociación en Defensa de las Playas Norte de Dénia. Todas ellas denuncian la parálisis parlamentaria que está estancando las normativas durante meses con prórrogas automáticas de los plazos de enmiendas.
Esta coalición civil exige a los miembros de la Mesa de la Cámara Baja "el acatamiento estricto de la doctrina de obligado cumplimiento dictada por el Tribunal Constitucional en su Sentencia STC 32/2026", que "prohíbe explícitamente la parálisis reiterada e inmotivada de las leyes, anteponiendo el derecho al debate parlamentario regular y la atención a las demandas de los ciudadanos damnificados"; e insta "a todos los grupos políticos representados en el órgano de gobierno del Congreso a reactivar y desbloquear de manera inmediata la tramitación de estas materias críticas a la vuelta del periodo estival".
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