Las propuestas de los partidos en materia de vivienda para el 29N, del millón de casas a la expropiación

PP y Vox apuestan por liberar suelo y bajar impuestos, el PSOE por un parque público de 100.000 viviendas y el Frente Amplio por topar rentas y expropiar a grandes tenedores
Alberto Núñez-Feijóo, Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Ada Colau
Alberto Núñez-Feijóo, Pedro Sánchez, Santiago Abascal y Ada Colau Magnific y Getty

La vivienda se ha convertido en uno de los asuntos centrales de la campaña electoral del 29N. Unos comicios adelantados después de que el Congreso tumbara los reales decretos de vivienda del Gobierno a principios de octubre. Desde expropiaciones a beneficios fiscales hasta la promesa de construir miles de viviendas, los partidos han hecho de sus programas una suerte de catálogo con soluciones para la crisis habitacional. 

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El PP promete un millón de casas, trámites más ágiles y un IVA del 4% para la compra por parte de los jóvenes; Vox, rebajas fiscales y prioridad nacional en el acceso a la vivienda protegida. Ambos derogarían la Ley de Vivienda si llegan a la Moncloa. El PSOE, por su parte, propone un parque público de 100.000 viviendas, topar arrendamientos y gravar a grandes tenedores. El Frente Amplio va más lejos: 1,5 millones de viviendas públicas, intervenir el mercado del alquiler y expropiación a propietarios corporativos. Todos reformarían la Ley del Suelo, pero con enfoques opuestos.

Partido Popular: un millón de viviendas

El Partido Popular articula todas sus propuestas bajo la promesa de construir un millón de viviendas durante la próxima legislatura, la iniciativa estrella que plantea Alberto Núñez Feijóo. Su programa electoral, titulado 'La recosntrucción nacional' apuesta, en líneas generales, por aumentar la oferta de suelo e inmuebles, reducir impuestos a los jóvenes compradores y desregular el alquiler.

Para levantar esta cifra, los 'populares' proponen movilizar suelo público y privado junto a comunidades autónomas y ayuntamientos, aprobar una nueva Ley del Suelo que agilice el planeamiento y ofrezca más seguridad jurídica. 

Los ayuntamientos publicarían todas las parcelas públicas destinadas a vivienda, y se permitiría construir vivienda social en suelo dotacional y cambiar el uso de oficinas y locales a vivienda asequible. También facilitaría dividir viviendas grandes. Las licencias de obra nueva y de rehabilitación se resolverían en tres meses, con silencio positivo.

El PP crearía además una figura urbanística para “proyectos residenciales estratégicos”, que unificaría los trámites de los grandes desarrollos con declaración implícita de utilidad pública. Eliminaría informes duplicados y fijaría plazos máximos de resolución. Promoverá la vivienda industrializada, eliminando barreras normativas y financieras, y vincularía la financiación local al cumplimiento de objetivos de suelo y vivienda. 

IVA superreducido para vivienda habitual

La rehabilitación tendría un IVA superreducido del 4% en vivienda habitual, ayudas, avales preferentes y la figura del agente rehabilitador. También prevé flexibilizar la regeneración urbana, con cambios en las leyes autonómicas de suelo para permitir añadir plantas o transferir edificabilidad entre parcelas, priorizando la vivienda social.

Las medidas para jóvenes son el bloque más detallado. Los menores de 40 años pagarían un IVA del 4% (en lugar del 10%) en la compra de primera vivienda, de forma fraccionada al ritmo de la hipoteca. Se acordaría con las comunidades un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales reducido para la vivienda usada. El aval público, que cubre hasta el 20% del valor del inmueble, se ampliaría a los menores de 40 años, con posibilidad de llegar hasta los 50. Se crearía la “Hucha Hogar Joven”: aportaciones de hasta 2.000 euros al año (límite de 40.000), con deducción del 20% y rendimientos exentos, y acceso a un aval equivalente al ahorro. Los jóvenes no pagarían impuestos al comprar su vivienda habitual en municipios despoblados.

En alquiler, el PP derogaría la Ley de Vivienda y eliminaría las zonas tensionadas y el índice de precios, con el argumento de que han generado “más intervención, más incertidumbre y menos oferta”. A cambio plantea el programa “Tres años+”: los inquilinos tendrían una deducción en el IRPF graduada por ingresos, y el propietario particular que renueve el contrato tres años más con una subida inferior al IPC tendría una deducción o un crédito fiscal.

Desalojar pisos okupados en 48 horas

Sobre la okupación, propone una ley para recuperar la vivienda en 48 horas por orden judicial. Los propietarios no pagarían suministros ni impuestos mientras dure la ocupación, y se anularía el empadronamiento del ocupante. Las comunidades de propietarios podrían pedir el desalojo y se endurecerían las penas a las mafias.

Además, Feijóo ha anunciado en campaña que suprimirá el Ministerio de Vivienda para agregar esta materia, que considera "prioritaria para el país", en una vicepresidencia estratégica.

PSOE: destinar el 1% del PIB a vivienda asequible

El PSOE recoge en su programa electoral 50 compromisos relacionados con la vivienda, a la que sitúa con como “la principal prioridad de la legislatura" y propone consolidarla como “quinto pilar del Estado del Bienestar”. Estas propuestas combinan inversión pública, intervención en el mercado y protección social. La propuesta más ambiciosa pasa por movilizar anualmente un 1% del PIB para destinarlo a vivienda asequible 

En lo jurídico, los socialistas proponen reformar la Constitución para que la vivienda sea un derecho fundamental, de modo que la ciudadanía pueda exigir su cumplimiento a los poderes públicos. En lo económico, el partido promete movilizar cada año el 1% del PIB, con la participación de todas las administraciones y del ICO. Además, destinaría el 1% de la licitación anual de obra pública a un fondo para adquirir vivienda protegida y asequible.

El eje del plan es ampliar el parque público. El programa propone crear un parque estatal de 100.000 viviendas, gestionado por Casa 47, la entidad estatal de vivienda creada a finales de 2025, para venta o alquiler estable a precio asequible. Estas viviendas se sumarían a las que promuevan comunidades y ayuntamientos. El PSOE también quiere que al menos una cuarta parte de las nuevas viviendas sean públicas o protegidas de forma permanente. Para ello prevé un banco estatal de suelo público, más de 25.000 millones de euros del ICO en avales y préstamos, 4.700 millones del Plan Social del Clima y 400 millones anuales para un fondo de impacto social. Incluye también una ley de proveedores sociales de vivienda, que crearía una red de entidades del tercer sector.

Para desbloquear la oferta, propone una Ley de Sostenibilidad y Movilización del Suelo que agilice los procesos urbanísticos, un impuesto sobre los solares residenciales ociosos y un nuevo PERTE de construcción industrializada. En rehabilitación, el objetivo es llegar a otras 550.000 viviendas.

Ampliar la duración de los contratos de alquiler

En alquiler, el programa plantea ampliar la duración de los contratos y congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia en zonas tensionadas. Para los jóvenes crea una garantía pública de acceso al alquiler, en forma de seguros de impago, y mantiene TUCASA, con préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para la primera vivienda y 10.000 millones de dotación, ampliable si se agota. También propone un modelo público de intermediación, inspirado en el País Vasco, que garantice el cobro al propietario y movilice vivienda vacía.

La medida más novedosa y probablemente más polémica es un impuesto progresivo sobre las viviendas de grandes propietarios y fondos que no se destinen a alquiler asequible. Gravaría las turísticas, las vacías y las alquiladas a precios abusivos. A ello se suman limitaciones a la compra por fondos especulativos, un registro de fondos y SOCIMI, un registro de precios de alquiler y un marco estatal que permita a los ayuntamientos aplicar una tasa a las pernoctaciones turísticas.

El programa incluye además un marco estable contra los desahucios de personas vulnerables, con el coste a cargo de las administraciones y no del pequeño propietario, y refuerza las medidas contra el sinhogarismo y la infravivienda.

El texto no fija un calendario ni una cifra total de viviendas a construir en la legislatura, y varias medidas, como la congelación de rentas, dependen de las comunidades autónomas.

Vox: reducir impuestos y aumentar la oferta

 

El programa de Vox, titulado 'Es sentido común', en materia de vivienda se apoya en dos ideas: priorizar a los españoles en el acceso a la vivienda y reducir impuestos y trabas para aumentar la oferta.

Vox parte de la premisa de que “el punto de partida de todo programa de vivienda es el control férreo de las fronteras”. Su medida más distintiva es la “prioridad nacional”: acceso preferente de los españoles a vivienda protegida, social o ayudas al alquiler, con modificación o derogación de las normativas que lo dificulten. 

Su programa extiende ese acceso preferente a otras ayudas y servicios sociales. Propone también exigir la verificación de la residencia legal para formalizar contratos de alquiler, con el objetivo de acabar con los “pisos patera” y los domicilios ficticios, y controlar el fraude en el empadronamiento.

Para aumentar la oferta, plantea una reforma de la Ley del Suelo para “volver a ver grúas en los cielos”. Incluye más suelo disponible, procedimientos más ágiles, menos trabas regulatorias y simplificación administrativa. Propone además una reducción “drástica” de los impuestos que gravan todo el proceso edificatorio y mejor financiación para promotores y constructores. No cuantifica ninguna de estas medidas ni fija un objetivo de viviendas.

0% de IVA en obra nueva

Vox contempla algo de intervención pública, aunque sin cifras: aumentar la inversión pública en vivienda por habitante y construir más vivienda protegida “para las familias españolas”. Lo haría mediante promoción y colaboración público-privada, con cesiones de suelo, subvenciones, descuentos, avales y créditos blandos. Añade que “ningún español vulnerable quedará sin hogar”.

En fiscalidad, la primera vivienda habitual de una familia española “no paga impuestos”: IVA del 0% en obra nueva, bonificación del 100% del ITP en segunda mano y recuperación de la deducción por inversión en vivienda habitual. A los demás compradores les aplicaría una fiscalidad diferenciada: media para quienes aumenten la oferta de alquiler residencial de larga duración, y “agravada y disuasoria” para compradores no comunitarios y para operaciones especulativas de fondos o sociedades. Lo recaudado se destinaría a bonificaciones para comprar vivienda y a construir vivienda protegida.

En alquiler, derogaría la Ley de Vivienda para "recuperar la seguridad jurídica". Daría incentivos fiscales al alquiler de larga duración y deducciones a inquilinos españoles. Regularía la proliferación de viviendas de uso turístico y reforzaría la inspección de pisos turísticos ilegales, aunque sin detallar cómo.

Contra la okupación, propone el desalojo en menos de 24 horas y la recuperación inmediata de la posesión por el propietario. Los afectados tendrían asistencia jurídica gratuita y exención de impuestos y suministros mientras dure la ocupación. También endurecería el Código Penal y tipificaría la “inquiocupación” como delito de estafa.

El programa no concreta calendario ni dotación presupuestaria, y no incluye medidas específicas sobre rehabilitación, vivienda vacía ni zonas rurales.

Frente amplio: intervenir el mercado

El Frente Amplio, la coalición de Sumar, IU, Comuns y Más Madrid, abre su programa con la vivienda como primera de sus seis grandes transformaciones, bajo el lema “Casas para vivir, no para especular”. Es el plan más intervencionista de los cuatro programas analizados, y el único que combina un parque público masivo, topes de alquiler y la expropiación a grandes propietarios.

La inversión pública sería del 1% del PIB anual, unos 17.000 millones de euros, para crear un parque de 1,5 millones de viviendas públicas en alquiler asequible en doce años (125.000 al año). Con ello se alcanzaría la media europea del 9,3% durante la legislatura y el 20% del parque en 2035. Las viviendas protegidas no podrían pasar nunca al mercado libre, y el programa propone reformar la Constitución para que la vivienda sea un derecho fundamental exigible ante los tribunales.

La medida más polémica es la Ley de Expropiación de Viviendas a Propietarios Corporativos, planteada en tres fases: primero a entidades con más de 1.000 viviendas (cita específicamente a Blackstone y CaixaBank), después las que manejen carteras de más de 700 y por último las empresas con más de 50 inmuebles. Los activos de la Sareb pasarían a la empresa pública Casa 47. Además, prohibiría que cualquier persona jurídica con ánimo de lucro, incluidos bancos, SOCIMI y fondos, compre vivienda residencial salvo para alquiler asequible regulado.

Topar el alquiler en zonas tensionadas

En alquiler, topará las rentas en zonas tensionadas al menor de estos dos valores: el 25% de la renta neta media del hogar de la sección censal o el índice SERPAVI. Según el programa, supondría una bajada media del 35%. Los contratos serían indefinidos por defecto, con prórrogas de cinco años (siete si el casero es una empresa) durante la transición. La declaración de zona tensionada sería automática y, si la comunidad se niega, la activaría el Ministerio. También reconocería a los sindicatos de inquilinas y regularía la huelga de alquileres.

Extinguiría en tres años las licencias de pisos turísticos en zonas tensionadas, les aplicaría el IVA del 21% y crearía una tasa turística municipal.

En fiscalidad, crea un impuesto del 10% sobre el valor de las viviendas acumuladas, que pagarían las empresas desde la primera y los particulares desde la cuarta si superan los 800.000 euros, con exención para el alquiler asequible. Deroga el régimen especial de las SOCIMI y recarga el IBI de las viviendas vacías hasta el 150%. Propone una contribución del 0,45% sobre la masa salarial de las empresas de 50 o más empleados, para construir unas 10.000 viviendas al año. Plantea también exención de ITP en la primera vivienda habitual y recargos del 200% y 1.000% en la segunda y la tercera.

Prohibiría los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, con la administración pagando al pequeño propietario, y crearía un escudo hipotecario de hasta 300 euros mensuales.

Junts: reducir impuestos y reformar el Código Civil

Junts fue uno de los partidos que votó en contra de los decretos de vivienda que la Diputación Permanente convalidó el pasado 12 de noviembre. La formación que preside Carles Puigdemont exigió al PSOE retirar ambos textos y sustituirlos por otro nuevo que incluyeran medidas antiokupación, reducir impuestos para la compra de primeras viviendas y retirar la propuesta de convertir los alquileres en indefinidos.

Junts propone un tipo reducido frente al 10% habitual, condicionado a que el comprador sea persona física, la vivienda sea su residencia habitual, la superficie no supere los 120 metros cuadrados y se respeten límites de precio y renta. La vivienda debe mantenerse como residencia principal durante al menos cinco años y no puede alquilarse ni venderse con fines de inversión en ese periodo.

Medidas antiokupación

Nuevo artículo 1535 bis del Código Civil: cuando un banco vende en bloque una cartera de hipotecas, el deudor podrá liberarse pagando al nuevo acreedor únicamente lo que este abonó por su crédito, con intereses y gastos. El derecho es irrenunciable.

Un título completo que no existía en los decretos del Gobierno. En vía penal, el juez puede ordenar el desalojo cautelar con solo 48 horas para que el ocupante acredite título, con auxilio de la fuerza pública si es necesario. En vía civil, se simplifica el procedimiento sumario de recuperación de la posesión, eliminando requisitos pensados para conflictos arrendaticios que ralentizaban los casos de ocupación sin título.

PNV: "más oferta y reglas claras"

El PNV, en cambio, apoyó el decreto de vivienda que prorrogaba los contratos de alquiler y rechazó el que proponía convertir los arrendamientos en indefinidos. Los nacionalistas vascos proponen medidas para aumentar la construcción y rehabilitación, movilizar pisos vacíos ofreciendo seguridad a las personas propietarias y, evitar contratos que esquiven las garantías de las personas inquilinas. 

"Más oferta y reglas claras para que vivir aquí no sea un privilegio", señalan en su programa para el 29-N. Para ello proponen agilizar los trámites urbanísticos para facilitar la construcción de nuevas viviendas, con plazos razonables y garantías legales. 

Movilizar viviendas vacías y rehabilitar edificios para aumentar la oferta residencial. Evitar que los contratos de temporada se utilicen fraudulentamente para eludir las garantías del alquiler de vivienda habitual. Regular los alquileres de temporada y turísticos para que no resten viviendas al alquiler residencial. Reducir las prácticas especulativas que encarecen la vivienda y dificultan el acceso al alquiler y la compra.

EH Bildu: contratos indefinidos de alquiler

La vivienda es el eje de la campaña de EH Bildu para el 29-N, según su dirección. La coalición negoció con el Gobierno la Ley de Vivienda de 2023, que permite limitar los alquileres en zonas tensionadas, y el 2 de octubre de 2026 votó a favor de los dos decretos de vivienda que el Congreso tumbó con los votos de PP, Vox, Junts y UPN.

Ahora proponen prohibir desahuciar sin alternativa habitacional, regular los alquileres de temporada, topar las rentas, contratos indefinidos de alquiler, prohibir la compra especulativa y expropiar pisos vacíos de fondos y bancos

ERC: competencias para Cataluña

Esquerra, uno de los socios en los que el Gobierno se ha apoyado a lo largo de la legislatura, y que también apoyó los dos decretos de vivienda, propone una ley de arrendamientos catalana, con la competencia delegada por el Estado. Que el Estado destine al menos el 1,5% del PIB a vivienda y que los pisos de la Sareb se destinen al parque público de la Generalitat.

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