La semana pasada, el Govern de la Generalitat de Cataluña aprobó una subida en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP), con nuevos tramos para las transacciones de más de 600.000 euros y un tipo de hasta el 20% para los grandes tenedores de viviendas, que entrarán en vigor a finales de junio, siempre que sean respaldados por el Parlament. Economistas, constructores y expertos inmobiliarios critican que las modificaciones tienen un mero carácter recaudatorio, que podrían provocar un mayor encarecimiento del precio de las viviendas y lastrar las inversiones inmobiliarias en la región.