Asesorar a los vecinos por parte del Ayuntamiento de Barcelona: “medida parcial”

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, anunció en su día no renovar ninguna de las licencias turísticas vigentes en la ciudad hasta noviembre de 2028. Una medida que acaba de recibir el aval del Tribunal Constitucional (TC). De esta manera Collboni ya puede iniciar sin problemas el fin de las viviendas de uso turístico. Entre éstas, el alcalde dio a conocer que el propio Ayuntamiento, a través del Col·legi d'Administradors de Finques y la Cambra de la Propietat Urbana, ofrecerá un servicio de asesoramiento y orientación a las comunidades de propietarios que quieran evitar la instalación de viviendas turísticas en sus fincas.

Francis Fernández, director general de SIRA (Spanish International Realty Alliance), valora este asesoramiento por parte de un ente público como una ayuda positiva hacia las comunidades de propietarios a gestionar mejor sus inmuebles y tomar decisiones informadas. “Sin embargo, es importante garantizar que estas medidas no generen trabas excesivas para propietarios que legítimamente buscan rentabilizar su inversión mediante alquileres turísticos regulados”, expone.

También lo ve positivo Ramón Riera, presidente mundial de FIABCI y expresidente de FIABCI España, “siempre que ayude a preservar la convivencia en las comunidades, al buen mantenimiento de las mismas y se controle el uso excesivo de viviendas para turistas, que afecta a los residentes permanentes”.

“La reducción de pisos turísticos libera vivienda para alquiler residencial”

Los expertos creen que las medidas de Collboni son buenas para frenar el aumento de pisos turísticos en Barcelona, donde esta fórmula es cada vez más extendida y descontrolada. 

“Al reducir los pisos turísticos, más propiedades podrían estar disponibles para el alquiler residencial, ayudando al acceso a la vivienda, pero siempre tendrá la opción de venderlos”, comenta Riera.

La reducción de pisos turísticos puede liberar vivienda para alquiler residencial. Así lo ve Fernández, “pero no es una solución única”. Para el experto, es fundamental abordar también otros factores primordiales como la falta de oferta de vivienda nueva, la regulación de precios que retira viviendas del mercado, y la seguridad jurídica para propietarios e inquilinos.

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“Un enfoque integral”

El director general de SIRA ve en el asesoramiento y orientación a las comunidades de propietarios por parte del consistorio catalán una medida parcial. Desglosa que la problemática de la vivienda en Barcelona requiere un enfoque integral que combine la promoción de vivienda asequible, incentivos a la construcción y medidas de equilibrio entre alquiler turístico y residencial. 

“Por ejemplo, destinar el 30% a vivienda pública en cada promoción, ya se ha visto que no ha funcionado, más bien al contrario, ha contraído la actividad en la ciudad, y los promotores han salido a otras ciudades limítrofes como Hospitalet, Badalona, Esplugues...”.

Riera también opina que es una medida útil, pero no es suficiente por sí sola. Según el experto, es necesario aplicar más políticas para abordar completamente el acceso a la vivienda en la ciudad, posiblemente una buena parte de estas viviendas salgan a la venta.

Desde hace algunos meses, el Ayuntamiento de Barcelona está interviniendo en determinados aspectos en materia de vivienda para dar una solución a los problemas de base que vive el sector en la capital catalana.

El consistorio ha comprado la Casa Orsola en una “operación” colaborativa y social promovida por Hàbitat3, en que el Ayuntamiento adquiere el 49 % y la entidad el 51 % restante de la finca. Una fórmula conjunta que permite hacer la compra con una inversión municipal más reducida, y recuperar las viviendas para uso residencial con alquileres asequibles. Un hecho pionero en la ciudad que puede marcar un precedente y que ha puesto en alerta a las asociaciones y agentes del sector inmobiliario.

Para el portavoz de SIRA, la intervención pública en el mercado de la vivienda debe buscar soluciones estructurales que generen estabilidad y confianza tanto para los propietarios como para los inquilinos. “Si bien algunas medidas pueden ser necesarias para evitar abusos por ambas partes, es fundamental que no desincentiven la inversión y el desarrollo inmobiliario, ya que esto podría reducir aún más la oferta y agravar el problema”.

“En definitiva, creemos en un mercado inmobiliario que ayude a los menos pudientes, pero con condiciones que permitan un equilibrio entre la accesibilidad a la vivienda y la rentabilidad de la inversión inmobiliaria, dado que sin emprendedores que arriesguen su capital no tendríamos las casas que ahora tenemos”, añade.