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PSOE y Sumar incluirán una prórroga de los alquileres hasta 2028 y medidas antidesahucios en el decreto de vivienda que esperan aprobar en el Consejo de Ministros del próximo martes, el último antes del verano. Por ahora, ambos partidos no han avanzado las bonificaciones fiscales a los caseros que prometieron añadir a la iniciativa para atraer el voto de Junts, que votó en contra de la medida en el Congreso. El texto también incluye otras medidas ya anunciadas, como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones.

El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha avisado este lunes que su partido sólo apoyará el decreto ley que el Gobierno pretende aprobar en materia de vivienda este verano si recupera la suspensión de desahucios a personas vulnerables y no incluye beneficios fiscales para los propietarios de vivienda, una de las principales peticiones de Junts para apoyar esta normativa que luego tendrá que ir al Pleno del Congreso de los Diputados para su convalidación o derogación.

El anuncio del Gobierno de aprobar un nuevo decreto en vivienda incluyendo otra vez la prórroga de alquileres que ya fue tumbada por mayoría parlamentaria en el Congreso de los Diputados el pasado mes de abril no ha pasado desapercibido para los expertos juristas. Aunque aún se desconocen los detalles de este nuevo decreto, en caso de incluir de nuevo la prórroga de los alquileres pondría en evidencia la tan cacareada vigencia que defendieron sus partidarios, desde Gabriel Rufián a los lobbies inmobiliarios de extrema izquierda o la ministra de vivienda Isabel Rodríguez, que afirmaron taxativamente que, aunque el decreto del 22 de marzo de 2026 fuera derogado, la prórroga de los alquileres solicitada por los inquilinos tendría plena vigencia jurídica. De incluirse otra vez esta prórroga en el futuro decreto se confirmaría que tales afirmaciones no eran ciertas y los líderes políticos liaron a la ciudadanía.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reclamado volver a aprobar la prórroga de los contratos de alquiler y seguir la estela del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, que ha sacado adelante la congelación de alquileres a casi un millón de viviendas.Sigue a ide

El Pleno del Congreso ha tumbado este miércoles cinco propuestas del Gobierno de PSOE y Sumar en materia de vivienda, como han sido la proposición no de ley del PSOE relativa a la VPO o la proposición no de ley de Sumar para derogar las socimis. Al mismo tiempo, El Pleno ha dado el visto bueno a otras tres del PP, como la propuesta para agilizar la construcción de viviendas aplicando el silencio administrativo positivo o agilizar los trámites para el acceso a la conexión del sistema eléctrico para nuevas promociones.

El PSOE ha rebajado el plan de Sumar para prohibir la compra de viviendas por parte de personas jurídicas, empresas y fondos "buitre", de modo que en lugar de esa prohibición ha instado a impulsar un impuesto a la compra de vivienda por parte de extranjeros no residentes, a gravar los pisos vacíos y a subir el IVA de los pisos turísticos al 21%. El grupo plurinacional ha defendido esa prohibición en el Congreso mediante una proposición no de ley en la que, además, pedía derogar las socimis.

El PNV y Junts se han desmarcado de una propuesta del PSOE para reforzar los mecanismos de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida para evitar corruptelas en estos procesos como presuntamente ha ocurrido en Alicante, Málaga, Alcira o Logroño. Tanto el PNV como Junts rechazan esta proposición no de ley por impulsar mecanismos de supervisión y control en las comunidades autónomas.

El PSOE defenderá la próxima semana en el Pleno del Congreso una iniciativa para reforzar los mecanismos de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida y blindar su carácter permanente para evitar casos de corrupción en estos procesos, tras salir a la luz los casos de presunta 'mala praxis' en la concesión de pisos levantados con fondos públicos en Alicante, Málaga o Logroño. Entre las propuestas, se habla de contar con registros públicos de demandantes, impulsar la vigilancia institucional, inventariar el parque público y la vivienda protegida o detallar el suelo público disponible con potencial residencial.

El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso con la que propone impulsar la puesta en marcha de un impuesto a nivel europeo sobre los beneficios extraordinarios que las energéticas están obteniendo por la subida de los precios de los combustibles que ha provocado el conflicto en Or

Sumar quiere volver a llevar al Congreso de los Diputados el decreto de vivienda con la prórroga de los alquileres con cesiones a Junts, como las bonificaciones fiscales a los caseros para que estos apoyen el texto y pueda convalidarse. El PP, Vox y Junts tumbaron el pasado martes 29 de abril en el Pleno del Congreso el decreto ley impulsado por Sumar para prorrogar los contratos de alquiler que vencían en 2026 y 2027 y limitar al 2% la subida de los precios del alquiler. Tras el varapalo, varios miembros de Sumar han salido a reprochar el voto en contra de estos partidos al decreto y han avanzado que su intención es llevar al Consejo de Ministros lo antes posible un nuevo decreto para intentar aprobarlo.

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha aseverado que quien ejerce realmente como ministro de Vivienda es el ministro de Derechos Sociales y Consumo, Pablo Bustinduy, y no la socialista Isabel Rodríguez, a la que ha reprochado su falta de empuje en el decreto para prorroga

El PSOE y el PP han tumbado este miércoles en el Congreso una proposición no de ley de Sumar que, entre otros objetivos, planteaba buscar una alternativa al euríbor y al IRPH como principales índices hipotecarios. Los plurinacionales habían llevado esta propuesta a la Comisión de Economía de la Cámara Baja y con ella buscaban promover el estudio de alternativas al Euríbor y el IRPH como índices de referencia hipotecaria, con el fin de reducir la exposición de los hogares a índices sometidos a limitaciones estructurales, volumen de transacciones inexistente en algunos tramos, mayor volatilidad a la deseable para contratos de larga duración y riesgo de manipulación.

Sumar afronta la previsible derrota que sufrirá este martes el decreto ley que prorroga automáticamente los contratos de alquileres que vencen en 2026 y 2027 entre reproches al PSOE, por no haberse implicado lo suficiente en la negociación, y a PNV y Junts por haber anunciado que no van a apoyar el

Sumar se ha mostrado partidario de ofrecer concesiones a Junts como bonificaciones a caseros y aplicar el IVA franquiciado y ha emplazado al PSOE a implicarse en esta negociación para forjar un acuerdo que permita salvar la prórroga de alquileres, incluida en el decreto de medidas de vivienda que se votará este martes en el Congreso. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha recalcado que estas dos medidas son demandas públicas de los postconvergentes y que pueden hacerles cambiar de opinión, pese a que han expresado su rechazo a este decreto al igual que PP y Vox.

El PSOE ha registrado una proposición no de ley en el Congreso para reforzar los mecanismos de control, transparencia y supervisión en la adjudicación de vivienda protegida y blindar su carácter permanente.El Grupo Socialista ha registrado esta iniciativa alegando la "preocupación social" que han ge

Los partidos que invistieron a Pedro Sánchez urgen al Gobierno para incluir medidas en materia de vivienda en el decreto económico para paliar los efectos de la crisis por el conflicto en Irán. Prohibir los desahucios, prorrogar los contratos de alquiler que vencerán próximamente o topar la subida anual de las rentas de los arrendamientos están entre las propuestas de Sumar, ERC, Bildu, Podemos o BNG. El PSOE recuerda que las medidas antidesahucios cayeron por dos veces en el Congreso al no contar con la mayoría necesaria, y plantea un límite máximo del 2% en la actualización de los alquileres firmados antes de mayo de 2023, cuando entró en vigor la Ley de Vivienda.

El PSOE ha registrado una serie de enmiendas en el Congreso para tratar de rebajar la proposición de ley de Bildu que se tramita en la Cámara Baja para prohibir a las plataformas digitales publicitar alojamientos turísticos ilegales que no cuenten con un número de licencia o registro. Entre las enmiendas destaca eliminar el artículo 25 de la normativa, que propone impulsar una unidad especializada para la inspección y control de las viviendas de uso turístico. También se opone a que el Ministerio de Vivienda o de Consumo establezcan en el plazo de tres meses un régimen sancionador que multe a las empresas por las malas praxis estipuladas en la proposición.

El Pleno del Congreso, con la abstención del PSOE, ha rechazado admitir a trámite la proposición de ley de Sumar que suponía una reforma de la Ley de Vivienda para prohibir que empresas, fundaciones, personas jurídicas o fondos de inversión puedan comprar casas en España. Sumar defendía que la compraventa por parte de estos actores es más del doble que en el momento álgido de la burbuja de 2008. La propuesta ha sido respaldada por ERC, Bildu, Podemos, BNG y Compromís en el Grupo Mixto. PP, Vox, Junts, UPN y Coalición Canaria han votado en contra, mientras que el PNV se ha abstenido, como el socio de Gobierno.

La Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso ha rechazado una iniciativa del PSOE que buscaba forzar a los Gobiernos autonómicos de Baleares y Canarias a facilitar la "no proliferación" de viviendas turísticas en zonas residenciales tensionadas de los archipiélagos. La iniciativa de los socialistas ha contado con el rechazo de PP y Vox, que suman mayoría en la Comisión. La iniciativa apelaba a seguir trabajando con las plataformas de alquileres turísticos y de corta duración, junto con el resto de administraciones competentes, para la aplicación del registro único de viviendas de corta duración y la retirada de las viviendas que no cuenten con la correspondiente licencia.

El Congreso ha rechazado este martes con los votos de PP, Vox y UPN la toma en consideración de una proposición de ley de Esquerra Republicana (ERC) para crear un impuesto progresivo a partir de la tercera vivienda que se iría incrementando en función del número de inmuebles. La proposición de ley ha contado con el apoyo del PSOE y de Sumar, los dos partidos del Gobierno. La formación catalana planteaba un impuesto sobre la acumulación de bienes inmobiliarios de uso residencial, aplicable a partir de la tercera residencia y que se incrementa en línea con el número de viviendas. Así, el impuesto progresaba del 4% al 8% y luego al 12%, entre la tercera y la quinta vivienda, respectivamente.

El PSOE ha registrado en el Congreso una propuesta de reforma de la Ley del Impuesto de Sociedades para conceder beneficios fiscales a aquellas sociedades, empresas o fondos de inversión que destinen sus inmuebles a alquiler social o asequible. La iniciativa se recoge en una enmienda en la ley para transponer una directiva europea sobre criptomonedas y plantea eximir del impuesto a las rentas obtenidas con la transmisión de bienes inmuebles que se destinen al arrendamiento y se apliquen rentas bajas, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025.

Esquerra Republicana (ERC) ha decidido llevar al Pleno del Congreso del 11 de noviembre una proposición de ley para crear un impuesto a propietarios de tres o más viviendas, poniendo a prueba al PSOE en pleno choque por la crisis de vivienda y tras la ruptura anunciada por Junts. La iniciativa contempla un tributo aplicable a partir de la tercera vivienda y que aumenta de forma progresiva, que arranca en el 4% y alcanzaría el 12% en el quinto inmueble. A partir de ahí, se añadiría un 5% adicional por cada nueva unidad. El partido catalán también pide subir el IBI a los grandes tenedores y modificar el régimen fiscal de las socimis.

En las últimas semanas se ha hablado mucho de la limitación de pagos en efectivo para empresarios y profesionales, estandarte político de la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales desde el año 2012. José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, recuerda que están prohibidos desde 2012 los pagos en efectivo por importe igual o superior a los 1.000 euros y los infractores serán tanto los que pagan como los que reciben la cantidad. En opinión de Salcedo, quienes han impuesto a la ciudadanía dichos límites y sanciones, endureciéndolos incluso a partir del año 2021, son los primeros que los han transgredido: los políticos.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha anunciado en el Congreso de los Diputados la creación de un nuevo teléfono gratuito para atender consultas de la ciudadanía sobre vivienda e informar sobre ayudas. Se trata del número 047, en referencia al artículo de la Constitución Española que recoge precisamente el "derecho" a "disfrutar de una vivienda digna y adecuada". La indignación en redes sociales no se ha hecho esperar: han proliferado las críticas al Gobierno ante el incumplimiento de las 184.000 viviendas prometidas por Pedro Sánchez, ante el problema de la okupación o la grave falta de oferta de alquileres asequibles.

La que fuera residencia del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, antes de entrar en prisión, ha vuelto a salir al mercado de alquiler en idealista por casi 3.000 euros al mes, según ha publicado 'El Confidencial'. La vivienda es un ático de 160 m2 de superficie y tres habitaciones, ubicado en el número 32 de la calle Hilarión Eslava, en pleno barrio Chamberí-Gaztambide, una de las zonas más exclusivas de la capital española, ya que alcanzó los 25 euros/m2 el pasado mes de junio, lo que lo sitúa como el tercer distrito más caro de la capital en régimen de alquiler.