Ley de Vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha confirmado que ya trabaja con el Ministerio de Industria y Turismo, y quiere añadir a Economía y Hacienda para la regulación de los pisos turísticos, de la mano de las administraciones autonómicas y locales. "Vamos a garantizar la función social de la vivienda, y en el caso de los pisos turísticos, como un instrumento económico", y ha añadido que se explorarán cambios en la Ley Hipotecaria y en la fiscalidad, aunque sin precisar nada más.

Desde este enero se aplica el nuevo tope del 3% en la renovación anual de los contratos de alquiler de viviendas habituales, sujetos a la LAU. Los arrendamientos que actualicen precios durante este mes pasarán a pagar una renta mensual de 803 euros para un piso tipo de dos habitaciones, según los cálculos de idealista. Supone unos 23 euros más al mes, casi 280 euros al año. Si lo comparamos con el último dato de la inflación conocido, de diciembre de 2023 (3,1%), apenas hay diferencia.

El límite a los precios de los alquileres regresará a 140 municipios de Cataluña, tras el acuerdo entre la Generalitat y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU). A falta de la publicación del Índice de Precios de Referencia de Alquiler a lo largo del mes de febrero, estas localidades serán declaradas zonas de mercado residencial tensionado, según lo estipulado en la Ley de Vivienda, y sus rentas podrán estar congeladas al menos tres años. Cataluña será así la primera CCAA que aplique el control de precios de la nueva normativa estatal.

La Ley de Vivienda recoge una serie de incentivos fiscales en el IRPF para los nuevos contratos de arrendamiento destinados a vivienda habitual con el objetivo de "incentivar los precios asequibles". Pero estas bonificaciones, de hasta el 90% y en vigor desde el 1 de enero de 2024, están supeditadas a la declaración de las áreas de mercado tensionado por parte las CCAA (y ninguna lo ha hecho de momento). Mientras tanto, el régimen general pasa del 60% al 50% para los nuevos contratos de alquiler de larga estancia que se firmen a partir de este año.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ha instado al Gobierno a que defina lo más pronto posible el nuevo índice de actualización de rentas, ante el vacío legal en el que van a caer los nuevos contratos de alquiler de vivienda que se suscriban a partir del próximo 1 de enero de 2024, por la indefinición que se va a generar en cuanto a la actualización anual de la renta. Durante todo el año que viene, a los alquileres a los que les toque la renovación anual de su contrato tendrán un tope máximo del 3%. Sin embargo, a partir de 2025, el nuevo índice de referencia lo tendrá que concretar el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Ley de Vivienda lleva siete meses en vigor. Nació con polémica y sigue levantando ampollas y, por ahora, ha traído más incertidumbre que certezas tanto a los inquilinos como a los pequeños y grandes propietarios, como a las agencias inmobiliarias. La oferta en el mercado de alquiler se reduce a la vez que crecen opciones distintas al arrendamiento tradicional y los precios siguen alza, ya no solo en capitales de provincia, sino también en otras ciudades y áreas metropolitanas.

El grupo de trabajo creado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) para avanzar en una propuesta normativa de regulación de los contratos de arrendamiento para uso distinto del de vivienda se ha constituido para abordar la problemática que se está produciendo por la disminución de la oferta de alquiler de vivienda habitual como consecuencia del destino de una buena parte del parque residencial existente a otras categorías de alquiler, como el temporal o turístico. El Ministerio pretende establecer mecanismos para no eludir el cumplimiento de la LAU y de la Ley de Vivienda.

El alquiler de temporada ha tenido un crecimiento significativo desde que se aprobó la Ley de Vivienda. El Gobierno, que no esperaba esta salida de muchos propietarios, ahora también pretende regular esta figura y activará los trabajos para crear una regulación de los alquileres de temporada. Los contratos de alquiler temporal están reservados, en principio, a estudiantes y trabajadores desplazados puntuales, como los nómadas digitales, pero al tener menos exigencias que las que afectan a los arrendamientos permanentes, se están utilizando cada vez por más tenedores para sortear la norma.

El Observatorio Vasco de la Vivienda, perteneciente al Gobierno de Euskadi, ha identificado a 41 municipios entre sus 251 localidades que cumplen, total o parcialmente, con las condiciones para ser declaradas zonas de mercado residencial tensionado. Estas poblaciones acogen a 1,2 millones de personas, el 54% de la población vasca. Entre ellas, se encuentran gran parte de los distritos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, además de Eibar, Irún, Barakaldo, Zarautz o Portugalete, entre otros.

La formación Sumar ha planteado al PSOE recuperar la prórroga automática de los contratos de alquiler para evitar incrementos de precios a los inquilinos en el nuevo decreto anticrisis que se anunciará antes de final de año, junto a mantener la prohibición de los desahucios y seguir con las facilidades para cambiarse a una hipoteca fija. "Los rentistas deben arrimar el hombro", afirman sus portavoces. Asimismo, ha pedido que se mantenga la rebaja del IVA del 5% a la luz y a determinados alimentos o recuperar el impuesto especial a la electricidad del 5% a las empresas, manteniendo el tipo del 0,5% para las familias.

Diciembre será el último mes en el que se aplique el tope del 2% en la renovación anual de los contratos de alquiler de viviendas sujetos a la LAU. Desde enero de 2024, la actualización será, sin acuerdo entre partes, hasta un límite del 3%. El arrendamiento medio en España de un piso de dos habitaciones pasará a pagar durante el próximo año unos 790 euros al mes, tras una subida de unos 185 euros anuales (16 euros/mes). En ciudades como Barcelona, San Sebastián, Madrid o Palma, la renta media supera los 1.000 euros al mes, con aumentos de más de 240 euros al año, pero menos que seguir vinculando el contrato a la actual inflación (3,2%).

Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda el pasado mes de mayo el mercado del alquiler ha sufrido efectos indeseados, tal y como señala la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). La compañía indica algunos como una reducción de la oferta de viviendas en alquiler, dado el grado de intervencionismo, o la aparición de nuevas modalidades de inversión en inmuebles, como el coliving, alquileres flexibles o alquileres de temporada. En su opinión, esta ley ha estimulado la demanda, cuando realmente lo que debe hacer es aumentar la oferta de alquileres.

José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) recuerda que actualmente la oferta de viviendas, sobre todo en alquiler, viene reduciéndose porque a los propietarios no les compensa el alquiler, debido a los riesgos e inseguridad jurídica que hay actualmente. Por ello, considera muy interesante potenciar otra vez la compra de viviendas, tanto para vivir en ellas, como para su posterior inversión vía arrendamiento. Así, la oferta de alquiler también aumentaría y los precios se relajarían.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha agradecido al Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España su aportaciones en la legislación sobre vivienda. Durante un encuentro de trabajo con representantes del Colegio de Registradores, les

A partir del 1 de enero de 2024, se amplía la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta en los contratos de alquiler de viviendas que se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), y que se lleva aplicando desde finales de marzo de 2022. En estos 21 meses, se ha dejado de tomar como referencia al Índice de Precios al Consumo (IPC) para pasar a un límite máximo del 2%. Ahora, cuando toque la correspondiente renovación anual del alquiler, propietario e inquilino tendrán que pactar la nueva subida, pero en ausencia de acuerdo el incremento no podrá ser superior al 3%.

Recientemente se han cumplido seis meses de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, una normativa que ha levantado mucha polémica por intervenir el mercado mediante límites a las actualizaciones de las rentas, posibilidad de gravar más a las viviendas vacías o la creación de zonas tensionadas de

El mercado residencial de lujo en España sigue atrayendo la atención de la inversión internacional, en especial Madrid capital.

La Ley de Vivienda ya lleva seis meses en vigor y está teniendo un impacto directo en el mercado. Además de reducir la oferta de pisos destinados al arrendamiento y de provocar un aumento de alternativas como los alquileres de temporada, también está teniendo efectos en las agencias inmobiliarias. Según explican profesionales y asociaciones a idealista/news, en los últimos meses la normativa está provocando una caída de la facturación, despidos de personal y un giro del negocio hacia el segmento de la compraventa, ante las dificultades para cerrar operaciones vinculadas a los alquileres. A corto plazo, descartan que la situación mejore, lo que deja a muchas agencias en una situación económica crítica.

En las últimas semanas del año proliferan las previsiones sobre cómo va a terminar el sector inmobiliario 2023. En un encuentro sobre vivienda, que ha reunido a Solvia, idealista/data, Grupo Lar y Sociedad de Tasación, los expertos han afirmado que el año cerrará con un 10% menos de transacciones respecto al año anterior, aunque aún marcan una "buena" cifra de 540.000 compraventa de viviendas. Creen que los tipos de interés seguirán marcando el paso del mercado en 2024 e insisten en que la Ley de Vivienda, pese a ser necesaria, no está dando resultados.

David Lucas, ex secretario de Estado de Transportes, será el nuevo secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana en el recién inaugurado ministerio del ramo liderado por Isabel Rodríguez. Junto con Lucas, Rodríguez ha propuesto a Llanos Castellanos como subsecretaria del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y ha mantenido a Iñaqui Carnicero en la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura.

En los últimos meses, coincidiendo con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, está aumentando la oferta de alquileres de temporada mientras se está reduciendo la de pisos destinados al arrendamiento a largo plazo. Esta alternativa tiene ventajas para el propietario, como fijar libremente las rentas de sus alquileres o no estar sometido a la prórroga de los contratos, aunque también esconde peligros. Desde la Agencia Negociadora del Alquiler recuerdan que la temporalidad de estos arrendamientos está basado en causas, no es la duración de los contratos, y que es ilegal usar esta fórmula si la casa es la residencia habitual de los inquilinos. De hecho, puede pasar a tener la consideración de alquiler tradicional con todo lo que ello conlleva.

El presidente de la plataforma en defensa del uso del dinero en efectivo Denaria considera que la nueva Ley de Vivienda choca directamente con la defensa de los consumidores. “La Ley de Vivienda es ilegal”, afirma Javier Rupérez, sobre el apartado que modifica el articulado de la LAU por el que el pago de la renta “se efectuará a través de medios electrónicos”, aunque el propio texto afirma que hay excepciones. La Ley General de Consumidores afirma que es ilegal no aceptar el pago en efectivo dentro del límite de 1.000 euros.

La recién nombrada ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, forma parte del núcleo duro del PSOE que refuerza el perfil político del nuevo Gobierno de coalición de Pedro Sánchez. Rodríguez toma el relevo de Raquel Sánchez y de otras tres ministras socialistas (María Antonia Trujillo, Carme Chacón y Beatriz Corredor) que llevaron Vivienda como cartera única. Su principal iniciativa pasa por agilizar la tramitación de buena parte de las 183.000 viviendas de alquiler asequible prometidas, aunque ya se ha llevado las primeras críticas de sus socios al defender a los pequeños propietarios.

Diálogo con las Administraciones Públicas y los actores del sector, defensa de los pequeños propietarios y ayudar a los jóvenes a lograr la emancipación. Estas son las tres principales ideas que la nueva ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha destacado en el discurso de su nuevo cargo en el Gobierno de España. Con importantes hitos por delante, ha afirmado que avanzará en el desarrollo de 70.000 unidades de las 184.000 viviendas prometidas para aumentar el parque público de alquiler asequible.

La nueva Ley de Vivienda, que modifica la Ley 1/2000 del 7 de enero, establece los procedimientos que tiene que seguir un propietario de un piso de alquiler en caso de que el inquilino deje de pagar la renta.