Ley de Vivienda

Segundo mes de aplicación del tope del 3% en la renovación anual de los contratos de alquiler de una vivienda habitual. Aquellos arrendamientos que actualicen precios durante este febrero pasarán a pagar una renta mensual media de unos 820 euros para un piso tipo de dos habitaciones, según idealista, lo que supone en torno a 290 euros más al año. Sin embargo, supondrá cerca de 40 euros menos anuales que si se hubiera mantenido la actualización con la inflación (3,4% en enero).

El Instituto de Estudios Económico defiende en un informe la necesidad de impulsar la colaboración público-privada para aumentar la oferta de viviendas de alquiler en España a corto y largo plazo, y solucionar así el problema de la accesibilidad a la vivienda. Según el ‘think tank’ de la CEOE, medidas como el tope a las rentas o las moratorias de los desahucios “son ineficientes y contraproducentes”, porque están provocando una retirada de pisos del mercado. En su lugar, propone impulsar la construcción de inmuebles asequibles bajo modelos de colaboración con el sector privado y dar incentivos para que pequeños y grandes propietarios movilicen sus viviendas. “La solución tiene que ser contar con los fondos, no castigarlos”, afirma Iñigo Fernández de Mesa, presidente del IEE.

El precio de la vivienda en venta y alquiler, lejos de verse arrastrado por la incertidumbre económica y la subida de los tipos de interés, se mantiene al alza en España, impulsado por una demanda muy viva y una oferta escasa. En esta mesa redonda organizada por idealista/news, Francisco Iñareta, portavoz de idealista; Beatriz Toribio, secretaria general de APCE España; y Luis Corral, CEO de Foro Consultores Inmobiliarios, repasan los factores que están influyendo en el mercado, por qué habrá más subidas de precios en muchas ciudades y qué medidas proponen para solucionar el problema de la accesibilidad y asequibilidad de la vivienda en España. Por ejemplo, piden al Gobierno menos intervencionismo y más consenso, y alertan de que muchas familias se ven abocadas a vivir de alquiler de por vida.

Mientras no haya más seguridad jurídica e incentivos fiscales para que los arrendadores saquen más viviendas al alquiler, el problema del alquiler tradicional no se arreglará, la oferta tenderá a seguir disminuyendo y los precios seguirán al alza. Así lo afirma José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler. En su opinión, la seguridad jurídica corta el fenómeno de la okupación. Además, considera que debe ser el Estado el que ofrezca vivienda pública para los más necesitados, no los arrendadores particulares.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha invitado a CCOO y UGT a formar parte del Consejo Asesor de la Vivienda, cuya creación está recogida en la Ley de Vivienda. Este consejo será el órgano colegiado de carácter técnico, asesor y consultivo del Ministerio en materia de programación estatal de la política de vivienda y podrá estar formado por miembros del Gobierno, asociaciones empresariales, bancos, colegios profesionales, académicos, investigadores y expertos en el sector inmobiliario.

La llegada del control a los precios de la vivienda en alquiler en 140 municipios de Cataluña es inminente. La declaración de zonas de mercado residencial tensionado supone, entre otras cosas, limitar los precios de las rentas o la modificación del régimen de prórrogas de los contratos en vigor, o que los pequeños propietarios obtengan más desgravaciones en el IRPF. Repasamos el contenido de la Ley de Vivienda, que modifica artículos de la LAU, y los puntos que deben tener en cuenta tanto arrendador como inquilino.

La Ley por el Derecho a la Vivienda que entró en vigor el pasado mayo ha generado mucha inseguridad entre los actores que intervienen en el sector inmobiliario y, según los expertos, a no tener claro cuáles son sus derechos y sus obligaciones. Las principales dudas de las agencias pasan por los honorarios que pueden cobrar en los arrendamientos, los datos que pueden facilitar de las propiedades que venden y cómo les va a afectar la declaración de zonas tensionadas en el mercado de alquiler.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado que distribuirá 430 millones de euros adicionales entre las comunidades autónomas para la rehabilitación de viviendas y de espacios urbanos, así como a la construcción de vivienda asequible. Rodríguez ha afirmado que ya se han transferido 3.500 millones a las CCAA. Además, ha pedido a los gobiernos autonómicos que amplíen sus dotaciones a las ayudas al alquiler y ha confirmado que el Índice de Precios de Referencia de Alquiler que marcará las rentas en zonas tensionadas llegará a lo largo del mes de febrero.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha confirmado que ya trabaja con el Ministerio de Industria y Turismo, y quiere añadir a Economía y Hacienda para la regulación de los pisos turísticos, de la mano de las administraciones autonómicas y locales. "Vamos a garantizar la función social de la vivienda, y en el caso de los pisos turísticos, como un instrumento económico", y ha añadido que se explorarán cambios en la Ley Hipotecaria y en la fiscalidad, aunque sin precisar nada más.

Desde este enero se aplica el nuevo tope del 3% en la renovación anual de los contratos de alquiler de viviendas habituales, sujetos a la LAU. Los arrendamientos que actualicen precios durante este mes pasarán a pagar una renta mensual de 803 euros para un piso tipo de dos habitaciones, según los cálculos de idealista. Supone unos 23 euros más al mes, casi 280 euros al año. Si lo comparamos con el último dato de la inflación conocido, de diciembre de 2023 (3,1%), apenas hay diferencia.

El límite a los precios de los alquileres regresará a 140 municipios de Cataluña, tras el acuerdo entre la Generalitat y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU). A falta de la publicación del Índice de Precios de Referencia de Alquiler a lo largo del mes de febrero, estas localidades serán declaradas zonas de mercado residencial tensionado, según lo estipulado en la Ley de Vivienda, y sus rentas podrán estar congeladas al menos tres años. Cataluña será así la primera CCAA que aplique el control de precios de la nueva normativa estatal.

La Ley de Vivienda recoge una serie de incentivos fiscales en el IRPF para los nuevos contratos de arrendamiento destinados a vivienda habitual con el objetivo de "incentivar los precios asequibles". Pero estas bonificaciones, de hasta el 90% y en vigor desde el 1 de enero de 2024, están supeditadas a la declaración de las áreas de mercado tensionado por parte las CCAA (y ninguna lo ha hecho de momento). Mientras tanto, el régimen general pasa del 60% al 50% para los nuevos contratos de alquiler de larga estancia que se firmen a partir de este año.

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) ha instado al Gobierno a que defina lo más pronto posible el nuevo índice de actualización de rentas, ante el vacío legal en el que van a caer los nuevos contratos de alquiler de vivienda que se suscriban a partir del próximo 1 de enero de 2024, por la indefinición que se va a generar en cuanto a la actualización anual de la renta. Durante todo el año que viene, a los alquileres a los que les toque la renovación anual de su contrato tendrán un tope máximo del 3%. Sin embargo, a partir de 2025, el nuevo índice de referencia lo tendrá que concretar el Instituto Nacional de Estadística (INE).

La Ley de Vivienda lleva siete meses en vigor. Nació con polémica y sigue levantando ampollas y, por ahora, ha traído más incertidumbre que certezas tanto a los inquilinos como a los pequeños y grandes propietarios, como a las agencias inmobiliarias. La oferta en el mercado de alquiler se reduce a la vez que crecen opciones distintas al arrendamiento tradicional y los precios siguen alza, ya no solo en capitales de provincia, sino también en otras ciudades y áreas metropolitanas.

El grupo de trabajo creado por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Mivau) para avanzar en una propuesta normativa de regulación de los contratos de arrendamiento para uso distinto del de vivienda se ha constituido para abordar la problemática que se está produciendo por la disminución de la oferta de alquiler de vivienda habitual como consecuencia del destino de una buena parte del parque residencial existente a otras categorías de alquiler, como el temporal o turístico. El Ministerio pretende establecer mecanismos para no eludir el cumplimiento de la LAU y de la Ley de Vivienda.

El alquiler de temporada ha tenido un crecimiento significativo desde que se aprobó la Ley de Vivienda. El Gobierno, que no esperaba esta salida de muchos propietarios, ahora también pretende regular esta figura y activará los trabajos para crear una regulación de los alquileres de temporada. Los contratos de alquiler temporal están reservados, en principio, a estudiantes y trabajadores desplazados puntuales, como los nómadas digitales, pero al tener menos exigencias que las que afectan a los arrendamientos permanentes, se están utilizando cada vez por más tenedores para sortear la norma.

El Observatorio Vasco de la Vivienda, perteneciente al Gobierno de Euskadi, ha identificado a 41 municipios entre sus 251 localidades que cumplen, total o parcialmente, con las condiciones para ser declaradas zonas de mercado residencial tensionado. Estas poblaciones acogen a 1,2 millones de personas, el 54% de la población vasca. Entre ellas, se encuentran gran parte de los distritos de Bilbao, San Sebastián y Vitoria-Gasteiz, además de Eibar, Irún, Barakaldo, Zarautz o Portugalete, entre otros.

La formación Sumar ha planteado al PSOE recuperar la prórroga automática de los contratos de alquiler para evitar incrementos de precios a los inquilinos en el nuevo decreto anticrisis que se anunciará antes de final de año, junto a mantener la prohibición de los desahucios y seguir con las facilidades para cambiarse a una hipoteca fija. "Los rentistas deben arrimar el hombro", afirman sus portavoces. Asimismo, ha pedido que se mantenga la rebaja del IVA del 5% a la luz y a determinados alimentos o recuperar el impuesto especial a la electricidad del 5% a las empresas, manteniendo el tipo del 0,5% para las familias.

Diciembre será el último mes en el que se aplique el tope del 2% en la renovación anual de los contratos de alquiler de viviendas sujetos a la LAU. Desde enero de 2024, la actualización será, sin acuerdo entre partes, hasta un límite del 3%. El arrendamiento medio en España de un piso de dos habitaciones pasará a pagar durante el próximo año unos 790 euros al mes, tras una subida de unos 185 euros anuales (16 euros/mes). En ciudades como Barcelona, San Sebastián, Madrid o Palma, la renta media supera los 1.000 euros al mes, con aumentos de más de 240 euros al año, pero menos que seguir vinculando el contrato a la actual inflación (3,2%).

Desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda el pasado mes de mayo el mercado del alquiler ha sufrido efectos indeseados, tal y como señala la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). La compañía indica algunos como una reducción de la oferta de viviendas en alquiler, dado el grado de intervencionismo, o la aparición de nuevas modalidades de inversión en inmuebles, como el coliving, alquileres flexibles o alquileres de temporada. En su opinión, esta ley ha estimulado la demanda, cuando realmente lo que debe hacer es aumentar la oferta de alquileres.

José Ramón Zurdo, director general de Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) recuerda que actualmente la oferta de viviendas, sobre todo en alquiler, viene reduciéndose porque a los propietarios no les compensa el alquiler, debido a los riesgos e inseguridad jurídica que hay actualmente. Por ello, considera muy interesante potenciar otra vez la compra de viviendas, tanto para vivir en ellas, como para su posterior inversión vía arrendamiento. Así, la oferta de alquiler también aumentaría y los precios se relajarían.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha agradecido al Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y Bienes Muebles de España su aportaciones en la legislación sobre vivienda. Durante un encuentro de trabajo con representantes del Colegio de Registradores, les

A partir del 1 de enero de 2024, se amplía la limitación extraordinaria de la actualización anual de la renta en los contratos de alquiler de viviendas que se rigen por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), y que se lleva aplicando desde finales de marzo de 2022. En estos 21 meses, se ha dejado de tomar como referencia al Índice de Precios al Consumo (IPC) para pasar a un límite máximo del 2%. Ahora, cuando toque la correspondiente renovación anual del alquiler, propietario e inquilino tendrán que pactar la nueva subida, pero en ausencia de acuerdo el incremento no podrá ser superior al 3%.

Recientemente se han cumplido seis meses de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, una normativa que ha levantado mucha polémica por intervenir el mercado mediante límites a las actualizaciones de las rentas, posibilidad de gravar más a las viviendas vacías o la creación de zonas tensionadas de

El mercado residencial de lujo en España sigue atrayendo la atención de la inversión internacional, en especial Madrid capital.