límite alquiler

La Ley de Alquiler Asequible entró en funcionamiento en Países Bajos a comienzos de 2024. Unas 300.000 viviendas que se encontraban en el mercado libre de alquiler pasaron al mercado regulado, y se unieron a las 2,5 millones de unidades que ya contaban con topes en los precios de los arrendamientos, entre 880 euros y 1.1160 euros al mes, según ingresos y características. Este límite a las rentas ha dejado menos stock en el mercado libre, presionando los precios al alza, pero también entre los alquileres sociales ya que muchos propietarios, incluso grandes tenedores, están cerrando contratos y poniendo sus pisos en venta.

El dato definitivo de la inflación de julio (2,8%) confirma que los contratos de arrendamiento de viviendas que renueven durante este agosto tendrán que calcular el incremento sobre el IPC, y no por el tope del 3% decretado por el Gobierno en la Ley de Vivienda para mitigar la subida de los alquileres, como ya ocurrió en marzo pasado. La LAU incide que ninguna subida de la renta puede ser superior a la tasa de inflación. Con este incremento, el alquiler medio pasará a 822 euros al mes, con un aumento de unos 265 euros anuales, según los cálculos de idealista/data para una vivienda tipo piso de dos habitaciones.

El sindicato ve necesario incrementar en más de 1,2 millones de viviendas el parque público de la vivienda a precio asequible, y destinar buena parte de estas al alquiler, para reducir la brecha de emancipación juvenil en España respecto al resto de Europa y ofrecer una alternativa viable a muchos otros colectivos. UGT ve positivo el anuncio del Gobierno de construir 40.000 viviendas en alquiler asequible en los próximos 50 años, pero avisan de que es "insuficiente" dadas las dificultades actuales para acceder a una vivienda. Una de las medidas que defiende es topar los precios del alquiler en zonas tensionadas.

El presidente de EEUU, Joe Biden, ha pedido al Congreso que apruebe un control nacional de alquileres para unos 20 millones de apartamentos en todo el país. La propuesta supone que los grandes propietarios acepten un tope a la subida de precios de hasta un 5%, o si no perderán las exenciones fiscales federales. Sin embargo, la medida parece tener poco recorrido, ya que necesita la aprobación de la Cámara controlada por los republicanos, y una amplía mayoría en el Senado, actualmente muy dividido, y con las elecciones de noviembre en el horizonte.

Los alquileres que renuevan su contrato este mes de julio seguirán anotándose una subida limitada al 3%, desde que el Gobierno estableciera el tope a la subida de rentas en abril de 2022. Como resultado, el arrendamiento de un piso tipo de dos habitaciones pasará a pagar de media 824 euros al mes a nivel nacional, lo que supone cerca de 290 euros más al año, según idealista/data. Barcelona, Palma, San Sebastián y Madrid, con rentas medias por encima de los 1.000 euros/mes, registrarán incrementos que van de los 380 a los 430 euros más al año. Descubre las 10 capitales donde más subirán los precios del alquiler en julio.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de Galicia, María Martínez Allegue (PP), ha manifestado que la Xunta declarará zona de mercado residencial tensionado "si algún ayuntamiento lo solicita y se cumplen los parámetros". La consejera de Vivienda ha destacado que "no estamos de acuerdo con la Ley de Vivienda estatal porque más que beneficiar, perjudica y genera inseguridad jurídica en el propietario, pero la normativa está para cumplirla y si algún Ayuntamiento lo solicita y se cumplen los parámetros tendremos que declararla zona tensionada".

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en 131 municipios de la autonomía para que se aplique el control a los alquileres. La Generalitat ha enviado esta declaración al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) para su visto bueno y que pueda entrar en vigor cuanto antes. Una vez que se publique en el BOE, la contención de las rentas se aplicará en un total de 271 municipios de Cataluña, donde viven más de 7 millones de personas, el 90% de la población total en la región.

La vivienda ha sido uno de los puntos más destacados de la política nacional desde que Pedro Sánchez empezara a gobernar en 2018. En estos seis años se han aplicado cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), ha llegado la primera Ley de Vivienda estatal o el bono de alquiler joven. Además, con la llegada de la pandemia y la guerra en Ucrania se suspendieron los desahucios o se topó la subida de las rentas, mientras ahora se pretende eliminar la ‘golden visa’ y avalar la compra de la primera vivienda a jóvenes y familias. Todo este intervencionismo ha disparado la inseguridad en el mercado residencial, con una ‘espantada’ de la oferta y precios cada vez más altos ante una demanda que sigue buscando casa.

Barcelona reúne a parte de sus expertos en vivienda para analizar sus nuevas regulaciones. La semana pasada se constituyó el Grupo de Trabajo de Regulación del Alquiler de Barcelona, enmarcado en el Consejo de la Vivienda Social de Barcelona (CHSB) y formado por los principales agentes y entidades del sector, grupos políticos del Ayuntamiento de Barcelona, órganos municipales, la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Catalunya. Uno de sus objetivos es valorar y realizar un seguimiento del despliegue de la zona de mercado tensionado.

Los alquileres a los que les toque renovar en junio con el tope del 3% tendrán unas rentas entre 60 y 90 euros anuales más bajas que si siguieran actualizando el contrato anual con el IPC (3,6%). Con este incremento de tres puntos, el alquiler medio de un piso tipo de dos habitaciones pasará a pagar 824 euros al mes a nivel nacional, lo que supone una subida cercana a los 290 euros anuales. Las ciudades de Barcelona, Palma y San Sebastián registrarán incrementos que rondan los 400-430 euros al año, por delante de Madrid o Valencia (de 350 a 360 euros de subida anual).

Con el mercado inmobiliario en constante evolución y las políticas gubernamentales ajustándose a las necesidades económicas actuales, resulta crucial entender los nuevos límites establecidos para el alquiler y cómo se implementarán. En 2024, los contratos de alquiler de vivienda ya no se actualizan

La Diputación Permanente del Parlament derogó el pasado jueves el decreto del Govern que pretendía ampliar la contención de los precios de los alquileres a todos los arrendamientos temporales, salvo los que tengan finalidades de ocio, vacaciones o recreativas, con los votos en contra de Junts, Vox, Cs y PP, la abstención de PSC-Units, y solo los votos a favor de ERC, CUP y Comuns. Este Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda (Decreto Ley 6/2024) queda, por lo tanto, suspendido, mientras los partidos negocian la formación del nuevo gobierno catalán.

Hoy hace un año que se aprobó la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda que debía producir importantes cambios en el mercado residencial, sobre todo para los arrendamientos, pero que finalmente lo que ha provocado es la práctica desaparición de la oferta por una enorme desconfianza de miles de propietarios con esta regulación, según los expertos consultados. Por otra parte, la tan cacareada normalización de los precios -que es uno de los principales argumentos de la ley- ha traído una desesperada realidad para miles de personas que buscan piso: las rentas están en muchas de las áreas analizadas por idealista [empresa editora de este boletín] en niveles máximos, y todo apunta a que seguirán subiendo.

Podemos ha registrado en el Congreso una proposición de ley para que la duración mínima de los contratos de alquiler sea de 10 años (12 años si el propietario es una persona jurídica) con el objetivo de garantizar el derecho a a vivienda. El portavoz de la formación morada en el Congreso, Javier Sánchez Serna, ha explicado que la propuesta tiene como principal objetivo la prevención de la especulación y garantías de la vivienda como un bien social. Otras medidas que figuran en el texto piden la congelación de alquileres durante toda la legislatura y prohibir la compra de vivienda si no es para residir en ella.

Los propietarios e inquilinos que no hayan llegado a un acuerdo entre partes para la subida anual prevista en todos los contratos de arrendamiento de vivienda habitual durante este mes de mayo tendrán un incremento del 3% anual, tal y como contempla la Ley de Vivienda, que supondrá unos 288 euros más al año, según los cálculos de idealista. Apenas se notará una diferencia de 24 euros frente a la actual inflación, que en abril cerró en el 3,3%, según el INE. Los alquileres en ciudades como Palma, Barcelona, San Sebastián o Madrid registrarán los mayores aumentos, por encima de los 360 euros al año. 

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha confirmado que el Gobierno está estudiando la fórmula para aplicar la Ley de Vivienda, que incluye mecanismos para regular el precio del alquiler, en aquellas comunidades autónomas que se niegan a usarla. Según ha explicado en una comparencia en el Congreso para contestar a diferentes cuestiones de los grupos parlamentarios en materia de vivienda, el objetivo no es reformar la normativa, sino reforzarla para que aquellas regiones que no quieran aplicar los topes a las rentas puedan hacerlo.

La Generalitat de Cataluña ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) que establece el Índice estatal de referencia de precios de alquiler de vivienda y que sirve para regular el tope máximo que deben pagar los inquilinos en los nuevos contratos de arrendamiento en las zonas que se declaren como mercado residencial tensionado, tal y como establece la Ley de Vivienda. El Departamento de Territorio reclama la combinación del sistema estatal y el índice catalán en las 140 municipios de la región donde ya hay control de precios desde el pasado marzo.

El gobernador del Banco de España ha advertido que la regulación del precio del alquiler puede tener efectos negativos en el mercado de la vivienda durante su última comparecencia en el Congreso de los Diputados. Para Pablo Hernández de Cos, el desajuste entre oferta y demanda es especialmente acusado en el segmento del alquiler residencial en los centros de grandes áreas urbanas, que afecta sobre todo a jóvenes y la población inmigrante, los colectivos con menores rentas. El regulador aboga por medidas de consenso que estimulen la oferta de vivienda y promover la profesionalización del mercado de alquiler.

El pasado 26 de abril entró en vigor el Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda (Decreto Ley 6/2024) que amplía la regulación de los precios de los alquileres a todos los arrendamientos temporales (de 11 meses o menos), salvo los que tengan finalidades de ocio, vacaciones o recreativas, y los alquileres de habitaciones. Con esta nueva normativa es obligatorio especificar la finalidad en el contrato de alquiler de temporada, se limita el precio y también se regula el arrendamiento de habitaciones, entre otras cuestiones.

En 2018, idealista/news tuvo la oportunidad de entrevistar a Jesús Leal Maldonado, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid especializado en Sociología Urbana, Urbanismo y Población. Cinco años más tarde, hemos vuelto a contar con su presencia para lanzar una mirada a los cambios que han tenido lugar en este periodo y conocer los retos o problemas que enfrenta el mercado de vivienda español en el presente y en el futuro. En su opinión, se ha agravado el hacinamiento en las viviendas y retrasado la emancipación de los jóvenes.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gobernado por el PSOE, en coalición con Nueva Canarias y Podemos, ha solicitado al Gobierno Autonómico de Canarias que inicie los trámites para declarar a la capital como zona de mercado residencial tensionado para regular los precios de los alquileres, tal y como recoge la Ley de Vivienda. La capital grancanaria se une a otros ayuntamientos del País Vasco y Madrid que han solicitado esta declaración. El Gobierno autonómico les pide una memoria justificativa.

El Gobierno catalán ha aprobado un Decreto Ley que amplía la regulación de los alquileres a todos los arrendamientos salvo los que tengan finalidades de ocio, vacaciones o recreativas, por lo que afecta tanto a los temporales como a los de habitaciones. Esta medida se aprueba a pesar del impacto ya evidente de aplicar regulación de precios en Cataluña, que está produciendo un estrangulamiento de la oferta y que los precios siguen subiendo de manera descontrolada. El objetivo de la nueva prohibición es evitar que se puedan subir los precios de estas modalidades aunque su duración sea temporal. Las sanciones por incumplimiento están entre 3.000 y 900.000 euros, dependiendo de la gravedad de la falta.

Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro, hace un análisis de las deducciones reales que podría tener el propietario que acceda a reducir en un 5% la renta si su vivienda está en una zona declarada tensionada. La Ley de Vivienda contempla una deducción del 90%, pero en términos reales para la inmensa mayoría de casos, según un estudio realizado con viviendas de hasta 1.510 euros mensuales de renta, optar por reducir el alquiler un 5% sólo generará un beneficio neto mensual para el arrendador de 10 euros o menos al mes, lo que supone, en líneas generales, un efecto insignificante en términos absolutos. Además, recuerda que cabe la posibilidad de que una zona considerada tensionada deje de serlo con el paso del tiempo, con el consiguiente perjuicio para el propietario.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha respondido que el Gobierno autonómico no declarará zonas tensionadas en los municipios de la región tras la propuesta lanzada por el PSOE de Madrid para pedir en todos los ayuntamientos de la CCAA que se permita a los municipios declararse zona tensionada aplicando la Ley de Vivienda para poder topar los precios del alquiler, y seguir adelante con la iniciativa legislativa municipal. García ha defendido que la Ley no arregla el problema del acceso a la vivienda, es una normativa errónea y que invade competencias autonómicas

La Generalitat de Cataluña ha comenzado los trámites para ampliar de 140 a 271 el número de municipios catalanes donde se limitará el precio de los alquileres, según ha anunciado la consellera de Territorio, Ester Capella. De esta forma, otras 131 poblaciones se sumarían a las zonas de mercado residencial tensionado en la comunidad autonómica catalana, la única hasta el momento que ha activado este medida incluida en la Ley de Vivienda. Se cumple un mes desde su puesta en marcha, y en este tiempo la oferta de pisos de alquiler habitual en la región ha descendido un 13%.