Las Palmas de Gran Canaria pide ser declarada como zona tensionada

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gobernado por el PSOE, en coalición con Nueva Canarias y Podemos, ha solicitado al Gobierno Autonómico de Canarias la declaración de la capital como zona de mercado residencial tensionado para regular los precios de los alquileres, tal y como recoge la Ley de Vivienda. La capital grancanaria se une a otros ayuntamientos de País Vasco y Madrid que han solicitado esta declaración.

“El objetivo de este paso es que se establezcan las medidas incluidas en la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, aprobada por el Gobierno de España para controlar los precios de los alquileres, ya que corresponde a la comunidad autónoma la competencia exclusiva en materia de vivienda”, han destacado desde el Consistorio insular.

La proposición insta al Gobierno de Canarias a iniciar el procedimiento preparatorio para la obtención de información relacionada con la situación del mercado residencial en Las Palmas de Gran Canaria y que se proceda, previa elaboración de una memoria, a la declaración como mercado residencial tensionado.

El acuerdo abordado recoge que el análisis de su aplicación en Las Palmas de Gran Canaria debe contextualizarse en una ciudad con un "crecimiento sostenido de la población general, que se reproduce en el colectivo potencialmente demandante de vivienda, bien sea en régimen de adquisición, o bien en el de alquiler".

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez (CC), ha señalado que son los ayuntamientos los que tienen que desarrollar los expedientes administrativos con una extensa memoria justificativa de qué zonas serían susceptibles de ser declaradas como de mercado tensionado.

El Ejecutivo autonómico está desarrollando un protocolo que sirva de guía a los municipios consensuado con la Federación Canaria de Municipios (Fecam), y que podría estar disponible en medio año.

Las Palmas de Gran Canaria es la mayor ciudad del archipiélago canario y la novena capital más poblada de España, con más de 378.000 habitantes. El Ayuntamiento pide la redacción de un plan específico que debe proponer las medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios evidenciados en su declaración, así como su calendario de desarrollo, y que se aplique el índice de precios de referencia que prevé la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda, como ya ocurre en Cataluña.

“La declaración de zona tensionada es necesaria para la capital”, ha afirmado la alcaldesa Carolina Darías, exministra de Sanidad con el anterior gobierno de Pedro Sánchez. Un elemento adicional que han explicado ante el déficit de viviendas disponibles para la población local es la actividad turística. "Un fenómeno que ha crecido y se ha consolidado en los últimos años de forma significativa, es el alquiler vacacional, en un contexto de regulación insuficiente y crecimiento exponencial", ha añadido.

Los partidos en la oposición en el Consistorio capitalino (PP, CC y Vox) son contrarios a esta medida, y exigen la construcción de más vivienda pública y flexibilizar el mercado residencial.

Recientemente, se produjeron importantes protestas en las principales ciudades del archipiélago pidiendo al Ejecutivo autonómico canario gobernado por Coalición Canaria, con el apoyo del PP, para que actúen contra la masificación del turismo y sus consecuencias sobre el mercado residencial.

La petición de Las Palmas de Gran Canaria se une a la de otros ayuntamientos gobernados por el PSOE en la Comunidad de Madrid, como Fuenlabrada, Getafe o Alcorcón, que también había solicitado a su Ejecutivo regional la declaración de zona tensionada.

Mientras, el Observatorio Vasco de la Vivienda, perteneciente al Gobierno de Euskadi, ha identificado a 41 municipios entre sus 251 localidades que cumplen, total o parcialmente, con las condiciones para ser declaradas zonas de mercado residencial tensionado. 

Por el momento, Cataluña es la única CCAA que ha declarado áreas de mercado residencial tensionado. Exactamente en 140 municipios entre los que se incluyen las cuatro capitales provinciales y las grandes ciudades del área metropolitana de Barcelona (AMB). El actual gobierno en funciones catalán, ante la inminente celebración de elecciones autonómicas del 12 de mayo, ha iniciado los trámites para ampliar de 140 a 271 el número de municipios catalanes donde se limitará el precio del alquiler.