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España se une a la tendencia de los inversores por todo el mundo que apuestan por el sector hotelero. Según un estudio de la consultora inmobiliaria JLL, la inversión a nivel mundial alcanzó los 42.000 millones de dólares (casi 38.000 millones de euros) en el primer semestre de 2015, un 55% interanual más. Mientras, en España se movió cerca de 1.000 millones de euros en el mismo periodo.

La Tesorería General de la Seguridad Social abre el plazo para entregar ofertas para la subasta sobre un edificio de seis plantas que incluye galería comercial con 15 locales en la céntrica calle Fuencarral de Madrid por un precio de salida de 20,85 millones de euros.

La Socimi Merlin Properties ya es dueño del 77% de Testa, tras adquirir a Sacyr ayer otro 26,91% de la compañía, por un importe de 561 millones de euros, según un comunicado a la CNMV.

Sareb ha vendido a Caviglia Corporate, una sociedad perteneciente a la americana Turnstone Group, un suelo residencial por 14 millones de euros. Situado en el municipio madrileño de Alcalá de Henares, este suelo con 33.140 m2 de superficie tiene capacidad para albergar hasta 351 viviendas.

La promotora estadounidense Tishman Speyer ha decidido recomprar el complejo comercial que vendió en 2007 a Pontegadea, sociedad patrimonial de Amancio Ortega, y al Santander en Berlín por 335 millones de euros. Las compañías españolas pagaron en su momento 275 millones.

Los resultados de la primera mitad de año de Caixabank señalan que la entidad catalana ha vendido más de 21.400 activos inmobiliarios en apenas un año, mientras que las cuentas de BBVA contabilizan otros 10.200 inmuebles en ese mismo periodo.

Tras las elecciones municipales y autonómicas del 24 M, la pregunta que se hacen muchos inversores es cuál es el alcance de estos resultados para un sector inmobiliario que comienza a recuperarse. Mikel Echavarren, consejero delegado de Irea, menciona las tres grandes preocupaciones que tienen los inversores por la inseguridad jurídica que se puede generar: la paralización de desahucios, las auditorías a los proyectos urbanísticos en curso y las moratorias al desarrollo de hoteles o de centros comerciales.