La vivienda, una brecha que no cierra en el Gobierno de coalición

Sumar solo ha pedido abiertamente la dimisión de un ministro en toda la legislatura, la de la titular de Vivienda, Isabel Rodríguez. Aunque rectificó posteriormente, el socio minoritario de la coalición cruzó esta línea roja el otoño pasado, al entender que el PSOE "no estaba haciendo lo suficiente" en una materia que ya se ha convertido en el principal foco de conflictos dentro del Gobierno. Ahora ambos partidos se preparan para llevar, de nuevo, el nuevo decreto de vivienda al próximo Consejo de Ministros. Ambas partes acuden con una sensación de urgencia marcada por protestas sociales que se han materializado en una acampada en el centro de Madrid y por la intención de llegar a un acuerdo en el que deben conjugar, en otro ejercicio de equilibrismo parlamentario, los intereses de media docena de socios para no volver a fracasar en el intento: desde Junts a Podemos.

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Prueba de la distancia que separa en vivienda a los dos socios del Gobierno de coalición son las numerosas ocasiones que ambos se han dividido en el Congresos. PSOE y Sumar se han abonado a votar de forma distinta cada vez que una iniciativa sobre esta cuestión llega al  hemiciclo pese a que ambos partidos mantienen la firme intención de no romper su alianza hasta las próximas generales.

La última vez ocurrió hace dos semanas, cuando la Cámara baja rechazó -con la abstención de los socialistas y el sí de los morados- admitir a trámite una proposición de ley que buscaba prohibir a empresas y fondos de inversión comprar inmuebles y reservar su adquisición exclusivamente a personas físicas.

No era la primera vez que el parlamento tumbaba esta misma iniciativa de Sumar, ya lo hizo en noviembre, también con los votos en contra de PP, Junts y Vox y con la abstención del PSOE. Sin embargo, en esta ocasión, el grupo parlamentario que lidera Verónica S. Barbero había llegado a anunciar que contaba con el apoyo, a priori, de los socialistas. Pero estos finalmente cambiaron de postura por sus dudas sobre la medida. 

Esta incomodidad que generan en Ferraz las propuestas lanzadas desde el socio minoritario de la coalición en materia de vivienda contribuye a tensar una relación que ya venía agravada profundamente desde que el pasado otoño el grupo parlamentario morado pidió abiertamente, por primera vez desde la investidura de Pedro Sánchez en 2023, la dimisión de un ministro socialista: Isabel Rodríguez, responsable de la cartera de Vivienda. Una línea roja que solo había cruzado Podemos en la anterior legislatura y que no se ha repetido ni siquiera durante la crisis de Ceuta ni en otros momentos críticos en el caso de otros ministros.

"Debería dimitir si su departamento no pone en marcha medidas serias, innovadoras y valientes para paliar la crisis habitacional que azota el país. Debería dar un paso al lado", afirmó Barbero, en rueda de prensa en el Congreso en octubre del año pasado. "A nosotras se nos está acabando la paciencia", insistió.

"Todos los votos, todo el tiempo"

El principal motivo de enfrentamiento entre ambas formaciones tiene su origen en la creencia en Sumar que el PSOE no está haciendo "lo suficiente" ni siendo "ambicioso" en materia de Vivienda. Los socialistas, en cambio, rechazan ir de la mano con su socios en algunas cuestiones como la protección a los okupas por la inseguridad jurídica que esto genera y la falta de apoyo parlamentario de la que adolece el Gobierno con la actual configuración del Congreso. "Necesita los votos de todos, todo el tiempo", le auguró al inicio de la legislatura el entonces portavoz del PNV, Aitor Esteban, conocedor de la dificultad de aunar los apoyos de Junts y Podemos al mismo tiempo, dos formaciones antagónicas en lo económico pero que, sin embargo, son necesarias para sacar adelante cualquier iniciativa parlamentaria si el PP se muestra en contra de la misma.

De hecho, la semana pasada el Congreso vivió otra fractura de la coalición después de que los socialistas se abstuvieran en una moción presentada por el PP en la que se instaba al Gobierno a legislar para expulsar a los okupas en un plazo entre 24 y 48 horas después de la entrada ilegal en un domicilio, además de otras propuestas como la reducción de impuestos en la compra de una vivienda. Sumar evidenció su soledad en Moncloa votando a favor y, finalmente, la iniciativa salió adelante gracias a los votos del partido que lidera Alberto Núñez Feijóo, Vox y Junts. 

En el partido de Yolanda Díaz, además, ya había generado un profundo malestar especialmente la puesta en marcha del 047, un teléfono para resolver dudas a afectados por la crisis habitacional -que calificaron como "una tomadura de pelo"- y también la retirada, tras un alud de críticas, de un anuncio protagonizado por tres personas mayores que, tras 30 años de convivencia, aún se ven obligados a compartir casa. «Su tiempo se va agotando», apostilló en la Cámara baja el coportavoz de los comunes y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello.

Alquiler de temporada

Antes, en mayo de 2025, se produjo otro roce con la ley para regular los contratos de alquiler de temporada. La iniciativa llevaba seis meses bloqueada en la Mesa del Congreso cuando Sumar decidió votar junto al PP para desatascar su tramitación, en contra de la postura del PSOE. Un mes después, en junio, los socios volvieron a dividirse cuando el Congreso rechazó acelerar la tramitación de esta ley. 

En aquella votación, el PSOE se sumó al no del PP, Junts y Vox, dejando a Sumar del lado de Podemos, ERC y Bildu. Dos socios de Gobierno, dos votos opuestos, y una coalición que ya empezaba a mostrar las costuras en vivienda antes de que llegaran los choques más ruidosos.

Plante a las puertas del Consejo de Ministros

Pero el capítulo más tenso de esta brecha se produjo durante el Consejo de Ministros extraordinario del pasado 20 de marzo, cuando los cinco representantes de Sumar, con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, a la cabeza, se plantaron y retrasaron la reunión como medio de presión para que Sánchez incluyera la prórroga de los alquileres en el real decreto ley que estaba llamado a contener las medidas para paliar las consecuencias económicas derivadas de la guerra en Irán.

Dos horas más tarde, y tras la intervención del presidente, los socialistas aceptaron aprobar estas medidas a través de otro real decreto ley centrado exclusivamente en vivienda y desgajado otras medidas de como la reducción del IVA de los carburantes del 21% al 10%, así como la rebaja del IVA de la luz y el gas a ese mismo tipo, una reducción del impuesto especial sobre hidrocarburos y la suspensión del impuesto sobre el valor de la producción eléctrica.

La idea era facilitar la aprobación del decreto de la guerra en Irán y mantener, al menos durante un mes, la prórroga de los alquileres. Pero no fueron capaces de convencer a Junts, ni siquiera prometiendo bonificaciones a los caseros afectados, y un mes más tarde, el decreto volvió a ser tumbado en el Congreso con dardos cruzados entre PSOE y Sumar.

Un decreto guardado en un cajón

El Gobierno volvió a la carga, espoleado de nuevo por Díaz y su grupo, y planteó aprobar un nuevo real decreto de vivienda a finales de julio. Esta vez, intentaron atraer a Junts con beneficios fiscales para propietarios de inmuebles, pero no solo no lograron convencer al partido nacionalista sino que también ahuyentaron a Podemos.

Finalmente, Moncloa optó por tirar la toalla por temor a una nueva derrota parlamentaria y no aprobó el decreto con el que tenía previsto, entre otras medidas, congelar los alquileres durante los próximos dos años. 

Fuentes del Ejecutivo señalaron que la idea era dar marcha atrás hasta después del verano pero la aritmética parlamentaria sigue siendo la misma y las negociaciones entre los grupos parlamentarios no solo se mantienen estáticas, sino que la relación entre los socios de la coalición vuelve a estar enrarecidas por disputas internas.

Solo el desahucio de Maricarmen, una vecina de 87 años que residía en un inmueble de renta antigua en Madrid, y el clamor social que le ha acompañado ha reactivado las negociaciones. Sumar remitió un escrito dirigido al PSOE en el que le exigía llevar al Consejo de Ministros el decreto de vivienda aplazado y, además, la expropiación de la casa la mujer desahuciada.

Los de Yolanda Díaz se abren incluso a aceptar las bonificaciones a propietarios que propone Junts mientras señalan que el Gobierno "no puede permitir que el interés especulativo" prevalezca sobre el interés general. Sumar entiende que el único camino ahora para revertir esta crisis interna es la expropiación de la vivienda de Maricarmen, y es lo que pedirá al socio mayoritario de la coalición cuando ambas partes se sienten en Moncloa la semana que viene.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, reconoce por su parte, que el desahucio de Maricarmen ha "removido la conciencia" de los grupos políticos y "ha aproximado algunas posiciones que hasta ahora venían más distanciadas" en las negociaciones para aprobar el decreto de vivienda.

Sin ir más lejos, Junts ha admitido que mantiene una vía de negociación con el PSOE en materia de vivienda y que hace dos semanas entregó en mano sus propuestas al presidente Pedro Sánchez. Entre ellas, bonificaciones a los inquilinos y a pequeños tenedores. Medidas, que, sin embargo, rechazan formaciones como Podemos o Junts, también necesarias para la aprobación del decreto.

Prorroga de los alquileres

El texto planteado ahora por el Ejecutivo incluye la prórroga automática de los contratos de alquiler hasta 2028, la regulación de los alquileres de temporada y habitaciones, el aumento al 21% del IVA de los pisos turísticos y medidas para aumentar la oferta de vivienda asequible.

El decreto pactado entre PSOE y Sumar se articula en torno a dos bloques: medidas para dar estabilidad a los alquileres y combatir el fraude, entre ellas la regulación de los contratos de temporada y habitaciones y bonificaciones fiscales a propietarios que reduzcan las rentas, y actuaciones para movilizar vivienda asequible, como la reforma de la Ley del Suelo. El texto contempla además negociar medidas para proteger a las familias vulnerables frente a los desahucios.