La vivienda como nota conceptual característica de la democracia

Estamos viviendo tiempos especialmente convulsos en lo que respecta a uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos reconocido por nuestra Constitución, que no es otro que el derecho a tener un lugar digno donde morar. Cuando escuchamos a los políticos al uso o a los enamorados de los movimientos asamblearios que piensan que todo se puede ganar presionando en la calle, no podemos por menos que sorprendernos de cómo hemos retrocedido en el concepto de democracia que primigeniamente habíamos acuñado en los años 80 y 90 del siglo pasado.

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La pregunta es cómo hemos podido llegar a esto. En las últimas semanas, hemos visto que un Gobierno que no había hecho nada en materia de vivienda en los últimos ocho años, en un par de reuniones se saca de la manga dos decretos para cambiar de forma significativa el mercado del alquiler, e indirectamente el mercado de la compraventa de viviendas. Los dos decretos, claramente lesivos para los arrendadores, son rechazados por la mayoría parlamentaria y, entonces, el Presidente del Gobierno, al margen de otras consideraciones políticas, disuelve las Cortes, para que se pueda aprobar al menos uno de los dos decretos por parte de la Diputación Permanente del Congreso, en la cual tiene los votos necesarios para ello.

Lo cierto es que parece que ni los miembros de la casta política ni los integrantes de los movimientos asamblearios se preocupan porque otros derechos civiles constitucionales se puedan estar vulnerando por el hecho de que esos dos decretos pudieran ser aprobados. No sólo los arrendatarios tienen derechos; también los arrendadores.

Vivimos en una democracia representativa dentro de un modelo de economía social de mercado que subyace sobre un sistema capitalista, sistema que está asumido en los principales países de nuestro entorno, y en particular de los miembros de la Unión Europea. Por tanto, vulnerar los derechos de los propietarios de la viviendas que, en muchos casos, complementan su sueldo o su pensión con la recepción del alquiler de un piso que en su día adquirieron o heredaron, no tiene cabida en el concepto de democracia.

Vivir en sociedad supone asumir ciertas responsabilidades; por ejemplo, que a lo largo de nuestra vida laboral regulemos nuestro consumo para guardar lo necesario para que podamos vivir en nuestra vejez con la tranquilidad precisa. No tiene sentido económico o social el que, por ejemplo, hasta hace pocos años, el 85% de los trabajadores autónomos hubieran cotizado a la Seguridad Social por la mínima y luego, cuando recibían 500 o 600 euros de pensión al jubilarse se manifestaran diciendo que eso no es justo, cuando han disfrutado de un incremento extra de consumo durante cuarenta años de vida laboral, en vez de ser previsores y incrementar sus cotizaciones sociales, o bien hacerse un seguro privado.

Ese mismo planteamiento tiene lugar respecto de lo que los economistas denominamos fallos del mercado, uno de los cuales obviamente eran los denominados pisos de renta antigua provenientes de la época de Franco. 

En general, los que detentan el poder intentan comprar voluntades interviniendo los mercados a fin de que los ciudadanos consideren que le deben algo al dirigente, y eso hizo Franco en 1964, coincidiendo con la celebración del eslogan “25 años de paz”, acuñado por el entonces Ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne. Un caso más reciente lo tendríamos en la tarifa eléctrica bonificada que José María Aznar impuso en los primeros años de este siglo, y que luego hemos tenido que estar pagando todos los españoles en la tarifa de la luz, ya que el Sr. Aznar había dejado un agujero en las cuentas públicas apuntado en la barra de hielo.

Pero volviendo al tema de los alquileres de renta antigua, cuando comenzó el período democrático, nadie se atrevió a meter mano a este problema, agravado por la fuerte inflación que se produjo en el último tercio del siglo XX. Ello machacaba los derechos de los propietarios que veían que tenían casi que regalar el uso de sus viviendas, mientras que tenían, como propietarios, que pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y los gastos de la comunidad de vecinos.

En la última legislatura de Felipe González, concretamente, en 1994, se legisló para poner fin a esta anomalía, no sólo económica, sino democrática. En la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, el ejecutivo socialista estableció las condiciones por las que se podría mantener el arrendamiento anterior a 1985 y entre ellas destacaba el que los hijos que tuvieran una incapacidad superior al 65% no podrían ser desalojados, amén de unas condiciones de actualización de rentas que seguían beneficiando a los arrendatarios respecto de los arrendadores.

El objetivo final era que después de las dos subrogaciones, el piso quedara liberado, o bien que no se pudiera producir la subrogación a los hijos (la primera era al cónyuge) si no había una incapacidad severa. Han pasado muchos años y no deben quedar más de 150.000 alquileres que tengan esa ventaja de renta muy baja, y simplemente por cuestión de paso del tiempo, se corresponderían con personas de elevada edad.

En el caso de Maricarmen que se ha hecho viral en las últimas semanas, estamos hablando de una segunda subrogación de contrato, cuya titular de la primera subrogación había fallecido en 2005; en aquella época y hasta 2018 el piso pertenecía a una familia particular, y luego fue vendida a una empresa, es decir, durante 13 años una familia particular debió tener a la inquilina sin derecho, hasta que vendió la vivienda con la inquilina dentro. La hija no tenía una discapacidad superior al 65%, por lo que no tenía derecho a esa subrogación de acuerdo con la ley. Durante más de 20 años las disposiciones judiciales fueron ignoradas y al final fue desalojada.

Desgraciadamente, esta anciana, que tenía una discapacidad del 50%, ha fallecido y, probablemente, lo más adecuado hubiera sido que, con 87 años, discapacitada y sin familia, hubiera estado viviendo en una residencia de ancianos, donde se la hubiera podido atender mucho mejor que viviendo sola en un caserón. Esta situación ha ocasionado que los movimientos de izquierda radical la hayan tomado como bandera, hayan forzado una acampada en la Puerta del Sol, e incluso hubieran logrado que el arrendador propietario diese marcha atrás y le devolviera la casa.

Es posible que la situación anterior haya sido el detonante para la convocatoria de Elecciones Generales anticipadas, pero, si nos abstraemos del caso concreto, lo que está ocurriendo con los decretos redactados de forma improvisada y con una clara intención electoral, están haciendo un flaco favor a la democracia. 

Las leyes hay que cumplirlas al margen de las situaciones específicas de ciertos arrendatarios, que deben ser solucionadas por los servicios sociales de comunidades autónomas y ayuntamientos. En el año pasado hubo unos 16.000 desahucios por impago de alquiler, y parece que nadie se movilizó por ello. 

Sin poder afirmar nada, parece que presuntamente la actuación de los movimientos asamblearios estaba más o menos preparada. En nada de tiempo surgieron cientos de personas perfectamente organizadas con tiendas de campaña, plásticos, catering, etc. y se produjo una ocupación de la Puerta de Sol con una sincronía y eficiencia que ya quisieran muchos expertos en logística militar. Pero, como he dicho, no se puede dar por sentado que los hechos respondieran a intereses políticos de la izquierda.

En estos ocho años se podrían haber hecho muchas cosas para solucionar el problema de la vivienda. Indicamos algunas de ellas:

• Evaluar las tendencias demográficas y en particular la entrada de inmigrantes, a fin de identificar, al menos, el número de viviendas que era preciso construir cada año.
• En función de las proyecciones anteriores, hacer una oferta de empleo a través de las embajadas en diferentes países para contratar albañiles y jefes de cuadrilla con experiencia para cubrir la demanda no cubierta por los españoles de mano de obra necesaria para construir viviendas.
• Negociar con las empresas constructoras las condiciones para la construcción de estas viviendas. En caso de que quisieran seguir construyendo tan solo viviendas de lujo, crear una empresa pública de construcción para cubrir las necesidades no cubiertas por el sector privado, empresa que se privatizará o se liquidará cuando deje de ser necesaria.
• Fomentar la ampliación de diferentes formas de uso de una vivienda, aparte de las tradicionales de compra o alquiler:
  • Creación del Derecho de Uso de Inmuebles (DUI), que supondría por parte de los interesados la adquisición de un usufructo permanente de la vivienda mientras uno de los dos cónyuges viviera. Tendría la ventaja de que al no poseer la nuda-propiedad no tendría que pagar los gastos de IBI; comunidad, etc. A título orientativo, para una vivienda que costase 250.000 euros, el DUI podría costar la mitad, 125.000 euros. La vivienda no tiene que destinarse a herencias, basta con que permita su uso durante 40 o 50 años, y el DUI sería una alternativa razonable al alquiler. Evidentemente, debe haber entidades que retengan la nuda-propiedad y que no se centren en el cortoplacismo de los beneficios. Las compañías de seguros y los fondos de pensiones podrían ser inversores adecuados en estas nudas-propiedades.
  • Creación de un fondo de inversión inmobiliaria que tuviera como único objeto el alquiler de viviendas y que adquiriría o construiría inmuebles en las zonas tensionadas. La gestora podría ser pública, pero la gestión la desarrollarían profesionales. El precio del alquiler se ajustaría a los gastos de mantenimiento más un margen razonable de beneficios; y, en ningún caso, a los inquilinos que cumplieran con sus obligaciones de pago se les podría echar del piso. Cualquier desahucio tendría que ser justificado.
  • Creación de otro fondo de inversión inmobiliaria que adquiriera las nudas-propiedades de los jubilados que tuvieran piso en propiedad y que tuvieran pensiones exiguas. Los que estuvieran de acuerdo mantendrían el usufructo hasta el fallecimiento de los dos cónyuges. A la vez que se consiguen pisos que serían liberados en unos años, una vez que hubieran fallecido sus titulares, se consigue que estos tengan en los últimos años de su vida un incremento de renta disponible. Los pisos una vez liberados y remozados se pondrían en alquiler para terceros a precios asequibles y destinando una parte a alquiler social para cubrir las necesidades de las Comunidades Autónomas (CCAA) para personas sin hogar, mujeres maltratadas, etc.
• Análisis de las necesidades de las CCAA para atender a colectivos vulnerables, de manera que, una vez verificadas y auditadas las cifras, exista un presupuesto anual de atenciones sociales, que no se cubriría con impuestos, sino con transferencias de los fondos inmobiliarios y entidades tenedoras de viviendas, que incluirían este coste en el escandallo general de costes a derivar a los alquileres que se establezcan para la cesión de pisos en alquiler a los interesados.
• Bonificaciones fiscales para todas las entidades involucradas en este gran plan de vivienda en sus diferentes modalidades y prohibición expresa de venta de viviendas que hayan recibido bonificaciones u otras ayudas del Estado. Cuando se utilice dinero público, no pueden revertir las viviendas al sector privado. Siempre se destinarán al alquiler, bien a los actuales inquilinos, bien a los futuros.

Pero para poder hacer todo esto es preciso tener voluntad política para querer hacerlo. Las ideas anteriores no son otra cosa que ideas, basadas en que si la vivienda es un bien que deben disfrutar todos los ciudadanos, no tiene por qué ser objeto de herencia. Que lo sea la de los que puedan adquirirla en propiedad, pero a los demás les basta con el usufructo, es decir, con poder vivir en ella, ya sea porque adquieren ese usufructo, o porque renuncian a la nuda-propiedad a cambio de una corriente mensual de pagos que les permite vivir mejor en su última etapa de vida.

Por tanto, no es democrático que se penalice a los propietarios de las viviendas cuando simplemente las han puesto en alquiler para complementar sus ingresos, y sólo esperan que se les pague mensualmente la cuota pactada. No es democrático que una persona, por muchos años que tenga, ocupe un piso al margen de la ley. No es democrático que un grupo de manifestantes asamblearios ocupen las plazas de la ciudad y pinten de pintura las esculturas municipales, sin que nadie haga nada para evitar que estas personas, que no son otra cosa que delincuentes urbanos, hagan su voluntad con la aquiescencia del delegado del gobierno.

Tampoco es democrático que un Gobierno débil y en situación de agonía ceda a las presiones de la izquierda radical y legisle sin un análisis previo, sin consenso y sin debate parlamentario sobre un tema de la máxima importancia. Si alguien se presenta para presidente del gobierno, es precisamente para gobernar, de acuerdo con la Constitución y con los ideales democráticos que se fraguaron a finales de los años setenta del siglo pasado.

El espíritu del proceso constituyente tiene que estar por encima de los intereses personales y de los egos de las personas. Un presidente también es un servidor público y debe servir a los ciudadanos, no pensar tan solo en lo que a él le interesa. En ningún país democrático se legisla como acabamos de ver, dos decretos en tres días para que unos voten uno y otros voten otro. Y cuando no sale lo que uno quiere, pues se disuelven las Cortes y que se aprueben en la Diputación Permanente, en contra de la voluntad del Congreso. Eso no es gobernar; es simplemente un fraude a la democracia.