El Sindicato de Inquilinos de Barcelona orquesta la cacería contra una propietaria particular

El Sindicato de Inquilinos (y su versión catalana Sindicat de Llogaters), lobby inmobiliario de extrema izquierda vinculado a los círculos de Podemos, inició el pasado mes de marzo un acoso y derribo contra una propietaria particular (Esther Argerich), que solicitó un aumento de 300 euros en el contrato de arrendamiento de una vivienda situada en el  barrio de Gracia (Barcelona) en el que habitan sus inquilinos desde hace 11 años sin haber tenido en todo este tiempo ni siquiera la actualización del IPC.

Esta campaña ha cobrado especial resonancia en los últimos días tras el lanzamiento de una campaña comunicacional ideada por la agencia '#404 Comunicación Popular', que contemplaba la viralización del acoso por parte de destacados líderes de Unidas Podemos exigiendo a la propietaria un alquiler “justo” y la retirada de la subida de 300 euros a la renta que actualmente pagan Livia y Juan.  

Especialmente llamativa ha sido la participación de la fallida Vicepresidenta del Gobierno, Irene Montero, 'número dos' de Podemos y compañera de Pablo Iglesias, que colaboró en el escrache digital y que ante la mayoritaria reacción en contra, justificó su decisión de acosar a la pequeña propietaria particular con la excusa de que “se dedica al sector inmobiliario”. Algo que, tras entrevistarse idealista news con la propietaria, hemos podido confirmar la falsedad de esta acusación realizada por la política podemita.

La vivienda jugará un papel muy importante en la próxima campaña electoral y los partidos políticos lo saben. Todas las formaciones buscan posicionarse en temas candentes como la Ley Hipotecaria, el papel de las socimis o el precio de la vivienda (en compra y en alquiler). En este sentido, Podemos ha decidido radicalizar su discurso y ha cruzado una línea roja: la Ley de Protección de Datos. Irene Montero, portavoz en el Congreso de los Diputados de los ‘morados’, ha señalado con nombre y apellidos a una propietaria particular, que había solicitado a los inquilinos de su vivienda en alquiler un aumento de 300 euros al mes.

“Livia, Juan y sus tres hijos pueden ser desahuciados por no poder afrontar la subida abusiva de su alquiler. Pedimos a Esther Argerich, que negocie una solución para que puedan seguir en el barrio en el que llevan viviendo 12 años”. Este fue el mensaje que la ‘número dos’ de Podemos lanzó a través de sus redes sociales para denunciar lo que ella considera una injusticia. Un recado que también replicaron en sus cuentas de Twitter Rafael Mayoral o Ione Belarra, entre otros miembros de Más Madrid, Podemos y colectivos sociales. Un hilo de tuits en los que también participa la agencia '#404 Comunicación Popular', que se define en la red del pajarito azul como: "proyecto de comunicación popular al servicio del movimiento popular y la defensa de los DDHH. #404 es lo que no se encuentra en los medios de masas". 

Toda esta actuación orquestada por los sindicatos y por el círculos de Podemos podría tener sus consecuencias legales, según afirman varios expertos. Por ejemplo, la delegada de protección de datos de Legálitas, Sara García, explica que "ni ellos (Montero o Mayoral), ni el partido forman parte del contrato de arrendamiento ni tampoco tienen relación alguna con la propietaria, por lo que no pueden publicar sus datos. Si lo hiciera la inquilina sería diferente, pero ellos no", según recoge el medio 'Libremercado'.

La realidad es que la actuación del núcleo duro de la formación 'morada' ha conseguido todo lo contrario a lo que pretendía. Porque en la red de redes de lo único que se habla es de la "pasada de frenada" que ha cometido la formación al revelar datos personales (nombre y apellidos) de una propietaria particular. Poco o nada se ha hablado del hipotético aumento del 30% que esta última pretende aplicar a sus inquilinos. El debate se ha centrado en cómo Podemos ha conseguido y ha permitido poner en la diana pública a una persona descubriendo datos personales. Revelación de Montero que, por cierto, ha causado unos gravísimos daños a otra mujer, una víctima de Montero y sus socios que al coincidir su nombre y apellidos con los de la escracheada por los líderes de Podemos ha sufrido una avalancha de ataques indiscriminados contra su persona, su pequeño negocio rural, amenazas, insultos...”

De todos modos, la intervención de los de Pablo Iglesias es sólo la punta del iceberg. Porque el acoso al que se ha sometido a la arrendadora comenzó mucho antes de las palabras de la portavoz del partido. En concreto, el origen de esta polémica se remonta al mes de marzo y tiene como protagonista al Sindicato de Inquilinos de Barcelona (Sindicat de Llogateres). Fue esta central la primera que no dudó en señalar a la propietaria de la vivienda y a la inmobiliaria que gestionaba el activo. Sí, gestionaba, en pasado. Porque la inmobiliaria decidió desentenderse del inmueble cuando observó cómo el sindicato escribía, sin ningún pudor, su nombre en pancartas que luego exhibía en las concentraciones de apoyo a los inquilinos (ahora okupas, tras haber vencido el contrato de alquiler).

En este caso, la presión del sindicato sí surtió efecto, porque consiguió que la inmobiliaria abandonara su papel de intermediario. idealista/news ha intentado ponerse en contacto con la inmobiliaria para conocer su versión de los hechos, pero se han limitado a contestar que “ya no gestionan esa vivienda”.

La tensión que se ha acumulado en este caso y ha generado multitud de debates paralelos que han apartado del foco mediático el verdadero problema (si es que lo hubiese). Porque más allá de lo ético que le parezca a cada uno las actuaciones del sindicato y de la cúpula de Podemos, la realidad es que en este caso lo que se debate es un supuesto aumento del 30% en el contrato de arrendamiento de una vivienda. Una casa de 140 m2 y cinco habitaciones, situada en una selecta zona del centro de Barcelona, a la derecha del Eixample, cerca del Paseo de Gracia y de la Sagrada Familia, y por la que los ahora okupas pagaban 1.000 euros.

El Sindicat de Llogateres denuncia que cuatro meses antes de la finalización del contrato, la propietaria exigió una subida del 30%, sobre un alquiler de 1.000 euros. “Esto mediante un burofax de la inmobiliaria, con instrucciones claras: firmar, o entregar las llaves”, según recoge la propia página web de la central. Tras esta publicación del mes de marzo se han sucedido las manifestaciones y los mensajes en redes sociales en contra de la inmobiliaria y de la propietaria (aportando nombre y apellidos).

Ante este linchamiento, Argerich decidió este miércoles crear una cuenta de Twitter para poder arrojar su versión de los hechos. Muchos usuarios pusieron en duda la veracidad de este perfil, pero idealista ha podido confirmar que era la propia Argerich la que se encontraba detrás de esta cuenta de la red del pájaro azul. idealista/news ha querido ir más allá de los más de diez tuits que publicó la propietaria y se ha puesto en contacto con ella para que pudiera narrar en primera persona todo lo ocurrido. 

Si de verdad Argerich hubiera exigido la subida del 30% no hubiera significa un atropello a sus inquilinos. De hecho, la realidad es que los datos dejan mal parados al escrache del sindicato y a las denuncias públicas de Podemos. Porque con las cifras en la mano se comprueba que los 1.000 euros que abonaban los inquilinos estaban muy por debajo del precio de mercado de la zona.

Una operación lógica

Según datos de idealista, el precio del m2 de la zona se sitúa en 14,5 euros. Una cifra que extrapolada al inmueble de Argerich (140 m2) arroja una renta de 2.030 euros. O lo que es lo mismo, cerca de un 36% más de lo que solicita (en en un principio) la propietaria. Aunque los datos son esclarecedores, un redactor de idealista/news ha pulsado el ánimo de los vecinos con respecto a esta situación y ha testado que los testimonios también refrendan las cifras arrojadas por este medio. “Un piso en esta zona por 1.300 euros no dura mucho tiempo en el mercado, porque lo alquilan muy rápido”, explica un vecino del barrio de Gràcia.

La propietaria sólo reclamaría el aumento del IPC

Pero este no es el único indicador que desacredita el acoso ejercido por la central catalana. El IPC es otro de los barómetros que justifica este supuesto aumento de la renta. En este sentido, la operación parece ajustada a mantener el precio en relación con el IPC, sin que la propietaria suba la renta más allá del IPC, pero recuperando las cantidades no satisfechas durante los últimos 10 años. Si los datos aportados por el Sindicat de Llogateres son ciertos, los inquilinos habrían proporcionado a la propietaria una renta de más de 130.000 euros al haber firmado el contrato en el año 2008. Si la propiedad le hubiera subido el IPC desde 2009, actualmente debería pagar (según el INE) 1.117 euros mensuales. Pero la realidad es que la propietaria no ha actualizado este dato durante los 11 años que ha mantenido el contrato. Una condonación valorada en 8.905 euros en total.