Ley de Vivienda

La negociación entre los socios de Gobierno para sacar adelante los nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2023 está "encallada" por las diferencias en torno al gasto militar, las medidas de conciliación y la nueva Ley de Vivienda, según ha reconocido el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique. Ha lamentado que esta sea la tercera vez que esta regulación se aborda antes de aprobar las cuentas públicas y ha insistido en la necesidad de poner en marcha una regulación del precio del alquiler.

El 1 de febrero de 2022 se aprobó el proyecto de ley de la nueva Ley de Vivienda que actualmente se está debatiendo en el Congreso de los Diputados y que ya ha recibido más de 800 enmiendas, por lo que será necesario que haya consensos entre los diferentes grupos parlamentarios para que pueda s

Llega una nueva negociación de los Presupuestos Generales del Estado para 2023 y los socios de Gobierno, PSOE y Podemos, comienzan las conversaciones donde también se hablará del gasto en defensa, la Ley Mordaza y dar el impulso definitivo a la Ley de Vivienda. La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha afirmado que si el PSOE aceptara limitar las rentas a todos los propietarios en zonas tensionadas, ampliar el parque público de viviendas en alquiler con los pisos de Sareb y prohibir los desahucios de familias vulnerables sin una alternativa donde poder alojarse, la norma ya estaría aprobada en el Congreso.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, espera que el Congreso apruebe la Ley de Vivienda en el próximo trimestre y confía que sea en octubre a más tardar. En una entrevista, se ha mostrado convencida de que la normativa, que está en trámite de negociación de enmiendas en el Congreso de los Diputados saldrá adelante y permitirá facilitar el acceso a la vivienda. El sector inmobiliario, en cambio, sigue criticando el texto y alertando de las consecuencias que puede tener tanto para el mercado como para los propietarios.

La Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (Asval) ha comenzado a estudiar acciones legales para reclamar compensaciones al Estado por la intervención "inasumible" en el alza de las rentas al alquiler por el tope del 2% que ha prorrogado el Gobierno hasta final de año. Su objetivo es tomar una decisión próximamente y anima a sus asociados y a otros propietarios de vivienda de alquiler a que se adhieran a la medida para presionar al Ejecutivo.

La Ley de Vivienda podría entrar en vigor a la vuelta del verano y su cercanía está impulsando las críticas del mundo inmobiliario y empresarial. Los promotores alertan de que la normativa provocará un parón casi total de la obra nueva, la pérdida patrimonial por parte de los propietarios que tienen viviendas alquiladas y una reducción de la oferta de inmuebles que traerá subida de precios. Desde el IEE afirman que el texto atenta contra la propiedad privada, da alas a la okupación y perjudica a los grandes propietarios, quienes son necesarios para aumentar el stock del mercado. Por ello, pide más seguridad jurídica e incentivos fiscales.

José Ramón Zurdo es abogado especializado en arrendamientos y director general de la Agencia Negociadora del Alquiler. En esta entrevista, nos habla sobre la prórroga que ha anunciado el Gobierno sobre el tope de las rentas en las renovaciones de los contratos y la Ley de Vivienda que está por llegar. Zurdo califica tales medidas de intervencionistas y afirma que muchos propietarios están retirando sus pisos del mercado para pasarlos a la compraventa o al alquiler vacacional, lo que reducirá más la oferta de inmuebles de alquiler y seguirá presionando los precios al alza. También vaticina un aumento de los impagos en el mercado y afirma que es imprescindible profesionalizar el alquiler en España.

Expertos del sector inmobiliario han expresado su preocupación por la aprobación de la nueva Ley de Vivienda en su actual redacción, que "rompe la seguridad jurídica" que caracteriza al sector inmobiliario de España y que es "tan necesaria" para atraer a los inversores extranjeros. "El sector inmobiliario tiene una demanda fuerte y es un importante atractivo para inversores. Si se rompe esta seguridad, se limitará la inversión extranjera", ha advertido el director de 'real estate' de Azora, Javier Rodríguez Heredia.

Francisco Javier Martín, director general de Vivienda y Suelo del Mitma, ha afirmado durante un evento organizado por Esade, que la futura Ley de Vivienda está condenada a fracasar ante las expectativas de casi todos. Martín ha puntualizado sus palabras después y ha explicado que no contentará a toda la gente que espere que solucione todos los problemas, porque eso se hace a través de la gestión y no de una ley, y que tampoco dejará satisfechos a todos aquellos que esperan que la normativa no haga ni siquiera referencia a los parques públicos o al alquiler.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha presentado el Informe Anual del organismo en el Congreso de los Diputados y ha aprovechado para hablar de vivienda. Por un lado, cree que algunas de las medidas que contempla la Ley de Vivienda, como el control de rentas, podrían no alcanzar el efecto deseado o incluso tener consecuencias adversas. Además, pide mayor seguridad jurídica para los propietarios, al considerar que "es uno de los elementos por los que no ponen los pisos en el mercado".

La limitación de las rentas de arrendamiento en zonas tensionadas que contempla la Ley de Vivienda, que avanza en su trámite parlamentario y debe estar aprobada antes del 30 de septiembre, vuelve a acaparar las críticas del sector inmobiliario. Durante unas jornadas celebradas en SIMA, entidades como la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) y la asociación de promotores de Madrid (ASPRIMA) han insistido en que topar los alquileres no es la medida más idónea para contener los precios. Una vez más, su reivindicación se centra en impulsar la oferta, principalmente pública, e incentivar al sector privado la producción de nuevas viviendas.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha afirmado que el Gobierno no descarta la prórroga de la limitación del 2% de subida de las rentas en las actualización de los contratos de alquiler, actualmente en vigor hasta el 30 de junio. Dada la actual situación en la que todavía se encuentra la inflación, ha defendido que "tiene lógica" que el Gobierno mantenga las medidas para paliar los efectos de la guerra en Ucrania.

El proyecto de la Ley de Vivienda, aprobado por el Gobierno a comienzos de febrero y que se encuentra en tramitación parlamentaria, "representa una decepción para superar los importantes retos a los que se enfrenta" la vivienda en España, según concluye el catedrático de Derecho Civil de la Universi

El Consejo General de Registradores de la Propiedad de España ha planteado en una Comisión del Congreso la utilización de su infraestructura como registro de contratos de alquiler, lo que posibilitaría un mapa de la situación del alquiler de vivienda en España en tiempo real, incluyendo el índice de precios que aún no se ha puesto en marcha. Los registradores recuerdan que el centro estadístico ya existe, y que únicamente falta una regulación que se apoye en él.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada considera que limitar la subida de los alquileres de viviendas tiene dudosos efectos antiinflacionarios, genera distorsiones y encarece los alquileres futuros. Según Fedea, los topes provocan que los potenciales arrendadores estén menos dispuestos a alquilar, por lo que habrá menos contratos y las rentas iniciales serán más elevadas. También explica que este tipo de medidas favorecen a inquilinos que ofrecen estabilidad y garantías a los propietarios, como funcionarios o empleados de grandes empresas.

Podemos propone obligar a la Sareb a ofrecer un mínimo del 75% de sus viviendas a alquiler social y fijar un máximo de plazas de alojamiento turístico en un distrito o barrio. Estas son algunas de las demandas de la formación morada incluidas en las enmiendas registradas en el Congreso por la Ley de Vivienda, donde también pide reducir el umbral de subida de las rentas sobre el IPC autonómico (2 puntos frente a los 5 puntos contemplado en el proyecto de Ley) para declarar una zona tensionada de alquiler y que limitaría sus precios.

El Pleno del Congreso ha rechazado las enmiendas a la totalidad que habían planteado PP, Ciudadanos, PNV, PDeCAT y Junts al proyecto de Ley de Vivienda, y que exigían la devolución del texto al Gobierno. Así, la normativa supera la primera votación y continúa con su trámite parlamentario, aunque podría incorporar enmiendas durante el proceso. Por ejemplo, ERC exige ampliar la normativa antidesahucios y reducir la regulación básica para evitar una invasión de las competencias autonómicas.

Los expertos fiscales de Hacienda no están de acuerdo con el incentivo para abaratar los alquileres que incluso la futura Ley de Vivienda porque entienden que “en el momento presente, no parecen existir razones sólidas”. “No existe evidencia que muestre de manera causal que estas deducciones sirvan para estimular la oferta en una cuantía que justifique los costes de este beneficio fiscal”, añaden los expertos.

EH-Bildu, Más País-Equo y Compromís han avanzado este martes en el Congreso que sumarán sus votos a los del Gobierno para rechazar este jueves las enmiendas de devolución con las que el PP, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT y Junts buscan tumbar el proyecto de ley de Derecho a la Vivienda. El Gobierno sigue dependiendo de Esquerra Republicana (13), que no ha aclarado su voto en las enmiendas de devolución pero ha presentado una propuesta alternativa.

El Gobierno de coalición afronta esta semana otra votación ajustada en el Congreso de los Diputados, esta vez con una de sus iniciativas 'estrella': el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. Una normativa muy criticada por el sector inmobiliario y que incluye medidas como la regulación del precio del alquiler. La primera votación se realizará el jueves, con el rechazo de PP, Ciudadanos, PNV, PDeCAT o Junts. Los votos en contra se encuentran muy cerca de la mayoría absoluta, por lo que es posible que el Pleno tumbe la normativa.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado la transferencia a las CCAA de 500 millones de euros para la construcción de viviendas sociales, como parte de las medidas para facilitar el acceso a un hogar a las poblaciones más vulnerables. Es la mitad de la partida de 1.000 millones que el Plan de Recuperación tiene destinado para este objetivo. Además, ha vuelto a defender la Ley de Vivienda que se tramita en la Cámara Baja porque "ni ataca la propiedad privada ni invade competencias de las autonomías".

El PP, Ciudadanos, el PNV, Junts y el PDeCAT han registrado en el Congreso enmiendas de devolución al proyecto de ley de Vivienda con la intención de tumbar la iniciativa en su primera votación, prevista para marzo, mientras que Esquerra Republicana ha optado por plantear un texto alternativo a la propuesta del Gobierno de coalición. Vox podría sumarse a este bloque, que sumaría 163 votos. Las formaciones rechazan el texto por la invasión de competencias autonómicas y el ataque que supone para la propiedad privada, y afirman que el Gobierno está a tiempo de plantear y aprobar una nueva ley antes del 30 de septiembre, como prometió a Bruselas.

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), David Lucas, ha reconocido que el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda ha sido "controvertido" pero "necesario para afrontar este derecho". Ha defendido la necesidad de esta normativa para terminar con la especulación de los alquileres, blindar los parques públicos, evitar los desahucios de las personas vulnerables y garantizar el derecho a la vivienda, el quinto pilar del Estado del Bienestar.

El CEO de Colliers participó en Efimad, un evento inmobiliario organizado por Asprima y Caixabank, y se mostró muy crítico con la nueva ley de vivienda del Gobierno. “La ley de vivienda es el metaverso del populismo”, afirmó durante el encuentro.

El PDeCAT ha avanzado que va a pedir la devolución al Gobierno del proyecto de Ley de Vivienda, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de febrero, por rechazar el grueso de su contenido y considerar que supone una "invasión competencial" a las comunidades autónomas.