Fedea advierte: limitar la subida de los alquileres encarecerá las rentas futuras

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada carga contra la última medida que ha tomado el Gobierno en materia de vivienda: limitar la subida de los alquileres de viviendas para desligar las actualizaciones de la evolución del IPC.

Según Fedea, la medida tiene escasa justificación en términos macroeconómicos y unos "dudosos" efectos antiinflacionarios, aunque sí genera "notables distorsiones" contractuales y microeconómicas. Además, podría encarecer los alquileres futuros.

El documento, elaborado por Benito Arruñada, de Universidad Pompeu Fabra, establece que, en un contexto inflacionario, la actualización de rentas permite mantener el equilibrio de las prestaciones contractuales incluso si la ley otorga al inquilino la opción de prorrogar el arrendamiento, como sucede en España. En esas condiciones de inflación rampante y contratos forzosamente a largo plazo, limitar dicha actualización tiene dos efectos perversos".

Según advierte la Fundación, uno de ellos es que redistribuye riqueza entre las partes de los contratos vivos de alquiler y, por otro lado, máxime cuando se generan expectativas de permanencia, como es el caso, dificulta y encarece los alquileres futuros. "En consecuencia, los arrendadores potenciales están menos dispuestos a alquilar, por lo que habrá menos contratos y sus rentas iniciales serán más altas", han alertado.

Así se desprende del informe que critica la reciente medida que limita al 2% la actualización de los alquileres de viviendas y la regulación sobre alquileres en el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, que discute actualmente la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso de los Diputados.

El autor considera que ambas iniciativas legislativas vienen a agravar la situación de los arrendadores de viviendas, que ya se encontraban en una situación precaria debido a las restricciones que nuestras leyes imponen a la contratación, a la tolerancia con los impagos y las ocupaciones, y a las dificultades para hacer efectivos los desahucios; ya que confunden el síntoma de que los precios sean o, últimamente, más bien se perciban como altos con las causas, que guardan relación con la escasez de oferta y sobre todo, en los últimos meses, con la inflación.

Además, el documento analiza lo que considera la "involución" que se ha producido en este ámbito desde el 'Decreto Boyer' de 1985. Critica, en especial, que desde 1994 la ley imponga a las partes una duración mínima del contrato que es de la más extensas de la OCDE.

Favorece a ciertos inquilinos

El documento termina preguntándose qué fuerzas llevan a la sociedad española a reincidir en el "error" a la hora de regular el alquiler residencial. Para ello, explora la posibilidad de que, en contra de los argumentos al uso, los cuales suponen que la regulación protege a unos inquilinos relativamente débiles y homogéneos, ese supuesto error sirva realmente para favorecer "a un cierto tipo de inquilinos a costa de otros".

En concreto, favorecería a aquellos, como los empleados permanentes de grandes empresas y, sobre todo, los funcionarios públicos, que, por su estabilidad y fácil localización, ofrecen mejores garantías al arrendador. Tienen, por ello, menos dificultades para contratar en un contexto de oferta artificialmente escasa, en la que esa escasez se raciona "discriminando a favor de esos mejores inquilinos", según señala el autor.