El Gobierno quiere prohibir a las CCAA que vendan vivienda pública

La Ley de Vivienda sigue atascada en el Congreso de los Diputados. Desde hace medio año, el texto se encuentra en trámite parlamentario tras haber recibido 800 enmiendas, aunque los socios de Gobierno intentan aparcar sus diferencias y desatascar la normativa para que pueda tener el visto de la Cámara antes de final de año.

Y podría incluir una novedad de última hora. Según publica el diario Expansión, el Ejecutivo quiere incluir en la ley un veto que impida a las comunidades autónomas vender vivienda pública, con el fin de que mantengan todos los inmuebles que promuevan y puedan crear un gran parque residencial público para atender las necesidades de las familias vulnerables y las de rentas bajas. 

Una decisión que llega después de que el último Consejo de Ministros de octubre aprobara un Real Decreto-Ley que facilita "la contribución de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) al incremento del parque de viviendas públicas", como explicó el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma). El Ejecutivo ha presupuestado 10 millones de euros para que comunidades y ciudades autónomas puedan comprar viviendas titularidad de Sareb para alquiler asequible o social.

Según el Mitma, la cuantía de la subvención para la adquisición de viviendas a la Sareb podrá ascender hasta el 100% del precio o coste de adquisición (incluidos tributos, gastos de notaría y registro y cualquier otro gasto inherente a la adquisición), aunque Estas viviendas habrán de destinarse al alquiler asequible o social durante un plazo mínimo de 50 años y tendrán limitación de renta. Además, el Estado tiene previsto traspasar a las autonomías 15.000 viviendas de Sareb para promover el alquiler social, como recuerda el diario económico.

La prohibición de que la Administración pueda vender vivienda pública sería una propuesta de Podemos que el PSOE estaría dispuesto a aceptar para desatascar la Ley de Vivienda. Sin embargo, fuentes del sector inmobiliario alertan de las consecuencias que puede tener esta medida, sobre todo si, pasado el plazo de concesión a largo plazo (normalmente 50 años), se impide que los inmuebles puedan retornar a manos privadas. Es decir, temen que pueda ahuyentar al inversor privado, tan indispensable para promover vivienda en España para atender la elevada demanda. 

Otra de las fuentes de conflicto en el seno del Gobierno de coalición es el límite a los precios de los alquileres en zonas tensionadas. Una medida que han intentado incluir en los Presupuestos de 2023 Unidas Podemos junto con ERC y Bildu vía enmiendas, junto con la prohibición de los desahucios, la ampliación de los contratos de los alquileres y la imposición de "obligaciones sociales" a los grandes propietarios. Enmiendas que se han topado con la negativa del PSOE, ante el temor de que puedan provocar una mayor contracción de la oferta de pisos.

Pedro Sánchez pide buscar puntos de encuentro

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha culpado este miércoles a sus socios parlamentarios del bloqueo en la tramitación de normas como la Ley de Vivienda o la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana -'ley mordaza'- y ha emplazado a los grupos parlamentarios a buscar puntos de "equilibrio" para poder aprobarlas en las Cortes.

Así ha respondido Sánchez a las críticas que, por el parón que sufren estas dos iniciativas, le ha dedicado la portavoz parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, en la sesión de control al Gobierno. El presidente ha defendido que el Gobierno "ha cumplido" y que "ahora le corresponde a los grupos" buscar acuerdos para hacer realidad esas leyes.