Ley de Vivienda

La Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) asegura que la ausencia del nuevo índice de referencia para actualizar las rentas de los arrendamientos a partir de 2025 está generando incertidumbre entre propietarios e inquilinos. La Ley de Vivienda daba mandato al INE para tener elaborado un nuevo índice antes de finalizar este 2024, con una nueva tasa que no sufriera los vaivenes de la inflación (IPC). La compañía recuerda que "en todos los arrendamientos de viviendas que se han firmado en lo que va de año, ni arrendadores ni arrendatarios han podido conocer con anticipación si sus actualizaciones anuales de rentas iban a tener limitaciones o con qué índice se iban actualizar", y pide al Gobierno "más anticipación, trabajo y capacidad normativa".

El dato definitivo de la inflación de julio (2,8%) confirma que los contratos de arrendamiento de viviendas que renueven durante este agosto tendrán que calcular el incremento sobre el IPC, y no por el tope del 3% decretado por el Gobierno en la Ley de Vivienda para mitigar la subida de los alquileres, como ya ocurrió en marzo pasado. La LAU incide que ninguna subida de la renta puede ser superior a la tasa de inflación. Con este incremento, el alquiler medio pasará a 822 euros al mes, con un aumento de unos 265 euros anuales, según los cálculos de idealista/data para una vivienda tipo piso de dos habitaciones.

La vivienda tendrá un protagonismo especial en el arranque del nuevo curso político. Según ha explicado la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, el objetivo del principal partido de la oposición es presentar en el primer pleno de septiembre en el Senado su propuesta de reforma del mercado de la vivienda. Una iniciativa que incluye la derogación de los topes del alquiler en zonas tensionadas, una modificación de la Ley de Suelo y nuevas medidas para luchar contra la okupación. La dirigente popular ha insistido en que "la política de vivienda necesita un cambio de rumbo en España".

María Auxiliadora del Olmo Ruiz, del Partido Popular (PP), dirige el Ayuntamiento de Linares, una de las localidades más conocidas de la provincia de Jaén. La alcaldesa del municipio explica a idealista/news que los principales retos a los que se enfrenta son el empleo y el desarrollo económico, que los proyectos residenciales en proyecto están impulsados por el sector privado y que no hay previsión de desarrollo de viviendas protegidas de iniciativa pública. Del Olmo considera crucial disponer y tramitar un nuevo Plan General en Andalucía y asegura que la Ley de Vivienda de momento no ha dado sus frutos.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Paloma Martín, ha cerrado la ronda de reuniones con interlocutores del sector inmobiliario, las comunidades y los municipios para concretar la alternativa del PP a la actual de Ley de Vivienda. El partido, con mayoría absoluta en el Senado, presentará el próximo mes de septiembre en la Cámara Alta su Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda, con medidas destinadas a incrementar la oferta, a incentivar la construcción y rehabilitación de viviendas, acabar con las zonas de mercado tensionado, con el índice de precios de los alquileres y terminar con la inquiokupación".

La vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho y catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha afirmado durante unas jornadas inmobiliarias que el actual problema de la vivienda no es casual, sino que es "fruto de políticas erráticas por parte de partidos políticos de todos los colores" y que está "mal enfocado desde el punto de vista regulatorio". Cuena Casas ha criticado los efectos de la Ley de Vivienda, que está provocando "inseguridad jurídica, limitando el atractivo del arrendamiento de viviendas e incentivando la okupación", y afirma que el alquiler debe ser rentable y atractivo para el arrendador para lograr que haya más oferta.

Agencia Negociadora del Alquiler amplía su negocio más allá de los arrendamientos, con el foco puesto en el mercado de la compraventa. La compañía está ofreciendo a aquellos arrendadores que ya no quieren destinar sus viviendas al alquiler la posibilidad de gestionar su venta, ya sea a un inversor o un comprador tradicional. Según explica a idealista/news José Ramón Zurdo, director general de la ANA, detrás de este movimiento está la incertidumbre jurídica derivada de la Ley de Vivienda y la pérdida de interés del alquiler de propiedades.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en 131 municipios de la autonomía para que se aplique el control a los alquileres. La Generalitat ha enviado esta declaración al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) para su visto bueno y que pueda entrar en vigor cuanto antes. Una vez que se publique en el BOE, la contención de las rentas se aplicará en un total de 271 municipios de Cataluña, donde viven más de 7 millones de personas, el 90% de la población total en la región.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Paloma Martín, ha pedido la derogación de la Ley de Vivienda y la modificación de la Ley del Suelo para afrontar la grave situación de la vivienda en España. Martín ha explicado que las Comunidades Autónomas han trasladado en los encuentros mantenidos la necesidad de derogar la Ley de Vivienda y que se suprima el control de los precios para que se incremente la oferta. "Los ayuntamientos nos piden que acabemos con la ocupación ilegal" y el sector más agilidad para que las licencias se den en tiempo "y para que los informes se emitan cuando corresponde", ha agregado.

El Consenso Económico y Empresarial de PwC, que recoge la opinión de 450 expertos, empresarios y directivos, sitúa la falta de oferta y una legislación inadecuada, con una Ley de Vivienda que no ha tenido "el resultado esperado", entre las principales causas del problema de la vivienda en España, por lo que ha abogado por agilizar las licencias urbanísticas, aumentar el volumen de suelo edificable e impulsar la rehabilitación. El panel también apuesta por una mayor liberalización del mercado inmobiliario, con medidas como eliminar los topes a los alquileres.

Sumar, Esquerra Republicana (ERC), EH Bildu, Podemos y BNG han registrado en el Congreso una proposición de ley para regular los alquileres de temporada y de habitaciones y limitarlos a un tope de seis meses. El documento pide una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para equiparar los contratos temporales a los de vivienda habitual para evitar sortear la Ley de Vivienda o subir los precios de manera continuada. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reunirá la semana que viene al grupo de trabajo creado para presentar las conclusiones sobre cómo regular estos arrendamientos.

La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) y el Consejo General de Economistas (CGE) han celebrado un encuentro para abordar el pronlema de la vivienda en España y han instado al Gobierno a retirar las medidas de control de precios incluidas en la Ley de Vivienda y a "racionalizar la estructura tributaria" para reducir paulatinamente los gravámenes sobre la construcción de vivienda nueva y todo tipo de transmisiones. También ven fundamental retomar la reforma de la Ley del Suelo y avisan de los perjuicios de regular los alquileres de temporada, que consideran "absolutamente necesarios en cualquier país".

La vivienda ha sido uno de los puntos más destacados de la política nacional desde que Pedro Sánchez empezara a gobernar en 2018. En estos seis años se han aplicado cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), ha llegado la primera Ley de Vivienda estatal o el bono de alquiler joven. Además, con la llegada de la pandemia y la guerra en Ucrania se suspendieron los desahucios o se topó la subida de las rentas, mientras ahora se pretende eliminar la ‘golden visa’ y avalar la compra de la primera vivienda a jóvenes y familias. Todo este intervencionismo ha disparado la inseguridad en el mercado residencial, con una ‘espantada’ de la oferta y precios cada vez más altos ante una demanda que sigue buscando casa.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, y otros altos cargos del MIVAU han mantenido este 18 de junio un encuentro con el presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias (FAI), José María Alfaro, con quien han abordado aspectos relacionados con la Ley por el Derecho a la Vivienda y la labor de los agentes inmobiliarios. Esta reunión se produce dos meses después de que el Ejecutivo citara en La Moncloa a la patronal de la construcción y asociaciones de promotores y gestores de viviendas.

La Ley de Vivienda ya ha cumplido un año desde que entró en vigor y expertos como José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) lamentan sus consecuencias negativas: subidas del precio de los alquileres, aumento de alquileres turísticos o de habitaciones no consentidos, oproliferación de las 'inquiokupaciones'. En su opinión, una vía rápida para aumentar la oferta de pisos en alquiler pasa por recuperar la deducción en el IRPF por la compra de una primera vivienda y también de una segunda residencia si ésta se destina al alquiler.

El PSOE ha rechazado en el Congreso una iniciativa de Sumar para que las entidades locales puedan declarar como tensionada una zona de mercado residencial cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Vivienda, aunque la comunidad autónoma no actúe. Lo que sí se ha aprobado en la Comisión de Vivienda de la Cámara Baja son varias iniciativas del PP relativas a la lucha contra la okupación y para derogar la suspensión de desahucios, con el único apoyo de Vox, y ante la ausencia de Junts, Bildu y PNV, para superar a PSOE, Sumar, ERC y Podemos, lo que sigue demostrando la fragilidad de los pactos que necesita el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Se le acumula el trabajo al Ministerio de Vivienda. La ministra Isabel Rodríguez cuenta con varios frentes abiertos entre la reforma de la Ley del Suelo, el fin de la ‘golden visa’ o la regulación de los alquileres de temporada y pisos compartidos, además de compartir con la cartera de Turismo las medidas frente al impacto del alquiler turístico en el mercado de la vivienda, a dos semanas de que el periodo de sesiones en el Parlamento cierre por vacaciones. Mientras, avanzan los acuerdos con CCAA y ayuntamientos para levantar o rehabilitar casas, donde la fecha límite es finales de 2026.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha anunciado oficialmente que su partido presentará en septiembre su propia reforma de la Ley del Suelo a través del Senado, donde la formación popular cuenta con mayoría absoluta. La máxima responsable de Vivienda en el principal partido de la oposición ha criticado el texto a la ley de Suelo presentado recientemente por PSOE y PNV en el Congreso, ya que "no va a resolver el problema de verdad que tiene la vivienda en España". La senadora del PP también ha adelantado que van a eliminar varios puntos de la Ley de Vivienda, como el índice de precios y las zonas de mercado tensionado.

La Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley de Sumar para que las entidades locales puedan declarar como tensionada una zona de mercado residencial cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Vivienda y la comunidad autónoma no actúe. La formación de Yolanda Díaz quiere dotar a las entidades locales de estas competencias en materia de vivienda cuando lo soliciten y la autonomía no se haya pronunciado en un plazo de seis meses.

Paloma Martín es vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular y forma parte del núcleo de dirección del principal partido de la oposición al Gobierno. Además, es senadora por el Partido Popular y en esta entrevista con idealista/news pone los puntos sobre las íes al problema de la vivienda. Hablamos con la voz más experta del PP en esta materia para comentar las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez, como la Ley de Vivienda o el aplazamiento de la Ley de Suelo, y también las iniciativas populares para fomentar la colaboración público-privada y su propuesta 'Más Vivienda'.

Con el mercado inmobiliario en constante evolución y las políticas gubernamentales ajustándose a las necesidades económicas actuales, resulta crucial entender los nuevos límites establecidos para el alquiler y cómo se implementarán. En 2024, los contratos de alquiler de vivienda ya no se actualizan

La senadora Paloma Martín (PP) ha anunciado que su formación política llevará al Senado su propia propuesta para reformar la Ley del Suelo, después de que el Gobierno pidiera retirar la suya del Pleno del Congreso la semana pasada ante la falta de apoyo. El texto que planteará el PP exigirá la aplicación del principio de eficiencia para la emisión de informes, limitará la nulidad por trámites formales para evitar anulaciones desproporcionadas y restringirá la impugnación de instrumentos y actos por intereses espurios. También quiere incluir la supresión de algunas medidas de la Ley de Vivienda, como la derogación del control de precios, zonas tensionadas y la tolerancia con la 'okupación'.

El PP ha registrado una solicitud de comparecencia en el Congreso para que la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, explique en comisión los motivos que llevaron al Gobierno a retirar la tramitación de la Ley del Suelo de la tramitación parlamentaria el pasado jueves 23. La normativa se enfrentaba a tres enmiendas a la totalidad de Podemos, ERC y Junts, y a la que Sumar también se oponía. A pesar de la falta de apoyos de los aliados habituales del Gobierno, la ministra de Vivienda ha culpado al PP de la retirada de la ley.

Hoy hace un año que se aprobó la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda que debía producir importantes cambios en el mercado residencial, sobre todo para los arrendamientos, pero que finalmente lo que ha provocado es la práctica desaparición de la oferta por una enorme desconfianza de miles de propietarios con esta regulación, según los expertos consultados. Por otra parte, la tan cacareada normalización de los precios -que es uno de los principales argumentos de la ley- ha traído una desesperada realidad para miles de personas que buscan piso: las rentas están en muchas de las áreas analizadas por idealista [empresa editora de este boletín] en niveles máximos, y todo apunta a que seguirán subiendo.

El estreno del Salón Inmobiliario de Madrid, que celebra este año su XXV edición, ha tenido entre sus grandes protagonistas a la Ley de Vivienda. Una normativa que está a punto de cumplir un año en vigor y que esta semana ha sido respaldada en gran parte por el Tribunal Constitucional. José María García, viceconsejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, ha criticado que está provocando una reducción de la oferta de pisos en alquiler y que las políticas intervencionistas no funcionan. Mientras, David Lucas, secretario de Estado de Vivienda, ha afirmado que el problema del acceso a la vivienda es anterior a la entrada en vigor del texto.