Ley de Vivienda

El Tribunal Constitucional ha dado a conocer el resultado del primer recurso contra la Ley de Vivienda. Ante el escrito presentado por la Junta de Andalucía, ha avalado la mayor parte de la normativa estatal, justo cuando se acerca su primer aniversario. El Pleno del TC sí estima parcialmente algunos de los puntos cuestionados, como los relacionados con la invasión de competencias con las CCAA en materia de vivienda protegida, el parque público de viviendas o la información que deben aportar los grandes tenedores. El Tribunal aún tiene pendientes de resolver otros recursos presentados por varios gobiernos autonómicos.

Los propietarios e inquilinos que no hayan llegado a un acuerdo entre partes para la subida anual prevista en todos los contratos de arrendamiento de vivienda habitual durante este mes de mayo tendrán un incremento del 3% anual, tal y como contempla la Ley de Vivienda, que supondrá unos 288 euros más al año, según los cálculos de idealista. Apenas se notará una diferencia de 24 euros frente a la actual inflación, que en abril cerró en el 3,3%, según el INE. Los alquileres en ciudades como Palma, Barcelona, San Sebastián o Madrid registrarán los mayores aumentos, por encima de los 360 euros al año. 

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha confirmado que el Gobierno está estudiando la fórmula para aplicar la Ley de Vivienda, que incluye mecanismos para regular el precio del alquiler, en aquellas comunidades autónomas que se niegan a usarla. Según ha explicado en una comparencia en el Congreso para contestar a diferentes cuestiones de los grupos parlamentarios en materia de vivienda, el objetivo no es reformar la normativa, sino reforzarla para que aquellas regiones que no quieran aplicar los topes a las rentas puedan hacerlo.

La Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) ya delimita la regulación de los arrendamientos de temporada y los diferencia de los alquileres de vivienda habitual. Aún así, se denota el trasvase de pisos de un tipo de arrendamiento a otro para saltarse los límites establecidos por la Ley de Vivienda a las subidas de los precios. Desde la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) piden mejorar la regulación, y presentan varias propuestas como un registro público, justificar el uso temporal del inmueble o penalizar sin beneficios fiscales a los caseros que hagan un mal uso.

El pasado 26 de abril entró en vigor el Decreto Ley de medidas urgentes en materia de vivienda (Decreto Ley 6/2024) que amplía la regulación de los precios de los alquileres a todos los arrendamientos temporales (de 11 meses o menos), salvo los que tengan finalidades de ocio, vacaciones o recreativas, y los alquileres de habitaciones. Con esta nueva normativa es obligatorio especificar la finalidad en el contrato de alquiler de temporada, se limita el precio y también se regula el arrendamiento de habitaciones, entre otras cuestiones.

La falta de oferta de alquiler está aumentando el número de subarriendos de habitaciones por parte de los inquilinos y sin el consentimiento del propietario, tal y como denuncia la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA). Pero el verdadero problema viene cuando quienes lo hacen buscan en el subarriendo un negocio, que, además, no lo declaran. Desde la ANA apuestan por reforzar la solvencia de los inquilinos que van a ocupar las viviendas y penalizar estas prácticas en los contratos.

En 2018, idealista/news tuvo la oportunidad de entrevistar a Jesús Leal Maldonado, catedrático de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid especializado en Sociología Urbana, Urbanismo y Población. Cinco años más tarde, hemos vuelto a contar con su presencia para lanzar una mirada a los cambios que han tenido lugar en este periodo y conocer los retos o problemas que enfrenta el mercado de vivienda español en el presente y en el futuro. En su opinión, se ha agravado el hacinamiento en las viviendas y retrasado la emancipación de los jóvenes.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gobernado por el PSOE, en coalición con Nueva Canarias y Podemos, ha solicitado al Gobierno Autonómico de Canarias que inicie los trámites para declarar a la capital como zona de mercado residencial tensionado para regular los precios de los alquileres, tal y como recoge la Ley de Vivienda. La capital grancanaria se une a otros ayuntamientos del País Vasco y Madrid que han solicitado esta declaración. El Gobierno autonómico les pide una memoria justificativa.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha iniciado el trámite de consulta pública previa sobre el proyecto de Real Decreto por el que se crea el Consejo Asesor de Vivienda, en cumplimiento a la Ley por el Derecho a la Vivienda.

Aunque se anunció el verano pasado, será en mayo cuando Ramón Riera Torroba asuma el puesto de presidente mundial de la Federación Internacional de Profesiones Inmobiliarias (Fiabci), convirtiéndose en el primer español que ostente dicho cargo. En esta entrevista a idealista/news, Riera explica cómo ve el mercado inmobiliario y cuáles son los principales problemas que arrastra el sector, entre los que destaca la escasez de vivienda asequible y de inversión en rehabilitación, o la falta de regulación de la profesión inmobiliaria. En su opinión, es necesario "regular el alquiler de una forma más acertada que con la nueva Ley de la Vivienda", a la que tacha de precipitada de intervencionista, y cree que "imitar los alquileres es la mejor forma de quebrar un mercado".

El Consejo General de los COAPI de España ha estado presente en la reunión entre el Gobierno y el sector inmobiliario para abordar la regulación de los alquileres de temporada, cuya oferta se ha disparado más de un 50% interanual en el arranque de año y ya supone el 11% de todo el mercado. Los agentes de la propiedad defienden la utilidad de esta figura para perfiles como estudiantes y jóvenes profesionales, aunque proponen cambios regulatorios con el objetivo de evitar fraudes. Por ejemplo, que los contratos incluyan una cláusula expresa sobre el motivo del uso de esta tipología de arrendamiento y un anexo que lo acredite.

El próximo 26 de mayo se cumplirá un año de la entrada en vigor de la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda. Se trata de una ley que contempla nuevas reducciones del IRPF no sólo para alquileres permanentes, sino también para alquileres turísticos o de temporada. Así lo afirma José María Salcedo, socio director de Salcedo Tax Litigation, que asegura que sí es posible para contratos firmados antes y después de esta normativa. Eso sí, aconseja presentar la declaración de la Renta de 2023 sin aplicar la reducción del 60% y, acto seguido, solicitar la rectificación de la autoliquidación presentada, así como la devolución de ingresos indebidos.

Antonio Carroza, presidente de Alquiler Seguro, hace un análisis de las deducciones reales que podría tener el propietario que acceda a reducir en un 5% la renta si su vivienda está en una zona declarada tensionada. La Ley de Vivienda contempla una deducción del 90%, pero en términos reales para la inmensa mayoría de casos, según un estudio realizado con viviendas de hasta 1.510 euros mensuales de renta, optar por reducir el alquiler un 5% sólo generará un beneficio neto mensual para el arrendador de 10 euros o menos al mes, lo que supone, en líneas generales, un efecto insignificante en términos absolutos. Además, recuerda que cabe la posibilidad de que una zona considerada tensionada deje de serlo con el paso del tiempo, con el consiguiente perjuicio para el propietario.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García, ha respondido que el Gobierno autonómico no declarará zonas tensionadas en los municipios de la región tras la propuesta lanzada por el PSOE de Madrid para pedir en todos los ayuntamientos de la CCAA que se permita a los municipios declararse zona tensionada aplicando la Ley de Vivienda para poder topar los precios del alquiler, y seguir adelante con la iniciativa legislativa municipal. García ha defendido que la Ley no arregla el problema del acceso a la vivienda, es una normativa errónea y que invade competencias autonómicas

Joaquín López-Chicheri es socio de la gestora Abante y presidente de Vitruvio, una socimi que empezó a cotizar hace una década y que invierte en vivienda, oficinas, logística y ‘retail’. En esta entrevista a idealista/news, repasa cómo ha vivido el vehículo de inversión la etapa de las subidas de tipos, sus planes para invertir más en vivienda y por qué cree que el Gobierno se equivoca al intervenir en el mercado residencial a través del control de los alquileres. Su apuesta pasa por desarrollar más oferta, ayudar a la demanda en momentos concretos y por flexibilizar la normativa y la burocracia para acelerar la producción de nuevos inmuebles.

La Generalitat de Cataluña ha comenzado los trámites para ampliar de 140 a 271 el número de municipios catalanes donde se limitará el precio de los alquileres, según ha anunciado la consellera de Territorio, Ester Capella. De esta forma, otras 131 poblaciones se sumarían a las zonas de mercado residencial tensionado en la comunidad autonómica catalana, la única hasta el momento que ha activado este medida incluida en la Ley de Vivienda. Se cumple un mes desde su puesta en marcha, y en este tiempo la oferta de pisos de alquiler habitual en la región ha descendido un 13%.

Tras poner como a los alquiles tradicionales a través de la Ley de Vivienda, el Gobierno prepara ahora la regulación de otras fórmulas como el arrendamiento de temporada, al que muchos propietarios están destinando sus inmuebles. Según José Ramón Zurdo, director general de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), estas nuevas intervenciones pueden "crear más tensión y que propietarios e inversores dejen de confiar en el mercado del arrendamiento", haciendo que el alquiler sea todavía "más inaccesible y elitista". Y alerta de que seguirán reduciendo el stock de pisos y presionando al alza las rentas.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha avanzado que el próximo 18 de abril se reunirá el grupo de trabajo creado junto con diferentes actores del sector inmobiliario, entre ellos la patronal Fadei, para aborar los alquileres de temporada. En la cira se pondrán en común las propuestas destinadas a combatir la caída de la oferta de vivienda de alquiler habitual y garantizar que esta fórmula se utiliza solo para las finalidades a las que va destinada, como atender las necesidades residenciales de estudiantes o trabajadores desplazados temporalmente.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunirá este 11 de abril con representantes del sector inmobiliario y bancario en la Moncloa para analizar los problemas de la vivienda y las últimas medidas que el Ejecutivo ha aprobado, como la tramitación para eliminar las 'Golden Visa' para extranjeros a cambio de comprar viviendas, los avales para financiar el pago de la entrada de la compra de un inmueble para jóvenes o el tope a los alquileres, ya en vigor en Cataluña. A la cita acudirán asociaciones de promotores, la patronal de la construcción y del sector bancario, los sindicatos y previsiblemente la ministra de Vivienda.

El Pleno del Congreso debatirá y votará esta semana una proposición no de ley de EH Bildu para declarar a todo el territorio español en emergencia habitacional y poder así regular los alquileres. La formación asegura que los altos precios de la vivienda se han convertido en un problema de "primera magnitud" para gran parte de la ciudadanía y exige que las Administraciones asuman responsabilidad, así como aumentar el control de posibles fraudes en arrendamientos de temporada y por habitaciones. Otra de sus peticiones que el el nuevo índice para actualizar las rentas que sustituirá al IPC se publique en los próximos seis meses.

Jorge Rodrigo Domínguez, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, visita la redacción de idealista/news para repasar el estado del sector residencial de la región. Domínguez critica el Índice de Precios del Alquiler y afirma que sólo traerá menos oferta, más demanda y un aumento de los precios. Además, el político del Partido Popular explica en qué punto están las distintas fases del Plan Vive y anuncia un nuevo lote para finales de 2024 o comienzos de 2025. 

El PSOE ha registrado una iniciativa en el Congreso con la que insta a las comunidades autónomas a declarar zonas de mercado residencial tensionado, según lo establece la Ley de Vivienda, para así poder aplicar el índice de precios de referencia en el alquiler. Mientras tanto, el otro socio del Gobierno de coalición, Sumar, registró otra PNL para que el Estado o los ayuntamientos puedan declarar estas zonas tensionadas incluso si la CCAA donde se encuentre no actúa. Sin embargo, la Comisión de Vivienda del Parlamento instó al Ejecutivo, a propuesta del PP, a derogar aquellos artículos de la Ley de Vivienda que vulneren las competencias autonómicas.

La consellera de Territori de la Generalitat catalana, Ester Capella, ha anunciado que van a presentar un requerimiento previo contra el Ministerio de Vivienda por considerar que el nuevo índice estatal de referencia de precios del alquiler incumple las normativas en materia de vivienda y alquiler. El requerimiento es el paso previo a un recurso contencioso-administrativo. Cataluña lleva negociando con el Gobierno central desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda que se aplique la metodología de su índice de precios y no solo el creado por el MIVAU para las 140 zonas tensionadas de la autonomía.

Sumar registrará esta semana en el Congreso una proposición no de ley para que el Estado o los ayuntamientos puedan declarar como tensionada una zona de mercado de vivienda cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Vivienda, incluso si la comunidad autónoma no actúa. Como la declar

La entrada en vigor del índice de precios de vivienda supone un cambio en la composición de los arrendamientos en España, que nos retrotrae a medidas como la conocida “renta antigua” y que destruyó el mercado de alquiler en los siguientes 50 años. Este índice medirá cuánto se podría pedir de renta en las zonas donde se aplique. Es, por ello, imprescindible que su metodología sea transparente y que aporte seguridad y confianza a la ciudadanía. Tras un análisis pormenorizado de las reglas en que se basa el nuevo índice y del sistema elegido para su cálculo, la metodología genera algunas dudas, según Daniel del Pozo, 'managing director' de idealista/data.