La Generalitat amenaza al Gobierno con llevar el índice de alquiler a los tribunales

La ‘pelea’ entre la Generalitat catalana y el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana por el nuevo índice de precios de referencia del alquiler que afecta a las áreas de mercado residencial tensionado tiene un nuevo capítulo. Y eso que el Ejecutivo autonómico es la única región que hasta el momento está aplicando estas zonas tensionadas, donde se puede controlar la evolución de los precios de los alquileres, actualmente en 140 municipios catalanes.

La consellera de Territori de la Generalitat catalana, Ester Capella, ha anunciado que van a presentar un requerimiento contra el Gobierno central por considerar que el nuevo índice estatal de referencia de precios del alquiler incumple las normativas en materia de vivienda y alquiler, al no tener en cuenta el índice de precios elaborado por el propio Ejecutivo catalán, y no solo al nuevo índice estatal, como ocurre actualmente.

El requerimiento de la Generalitat se basa en lo establecido en la Ley de Vivienda sobre la colaboración entre los departamentos competentes del Gobierno central y autonómicos, sobre todo, entre aquellos que hayan desarrollado sistemas de referencia del precio del alquiler en sus respectivos ámbitos territoriales para “asegurar la colaboración entre sistemas, la atención a las especificidades territoriales que deban tenerse en cuenta”, según reza la propia normativa.

También denuncia el incumplimiento de la Disposición adicional segunda sobre sistema de índices de referencia del precio del alquiler de vivienda del Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.

Dicha disposición establece que “en sus respectivos ámbitos territoriales, las comunidades autónomas podrán definir de manera específica y adaptada a su territorio, su propio índice de referencia, para el ejercicio de sus competencias y a los efectos de diseñar sus propias políticas y programas públicos de vivienda”. A esto se agarra la Generalitat para exigir, al menos, que se puedan combinar ambos índices.

Un choque de intereses y diferencia de criterios desde la aprobación de la Ley de Vivienda

En cuanto se presente el requerimiento, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana tendrá un mes para responder a la petición de la Conselleria de Territori. Si la respuesta no es satisfactoria para la Generalitat tienen dos meses para presentar un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional. Aunque hay que tener en cuenta que todo esto ocurre tras el anuncio de la nueva convocatoria de elecciones autonómicas en Cataluña para el próximo 12 de mayo.

Esta disputa y diferencia de criterios lleva presente entre el MIVAU y la Conselleria de Territori prácticamente desde que se aprobó la Ley de Vivienda en mayo de 2023. Primero durante la presentación y negociación de los criterios para que los 140 municipios catalanes pudieran ser considerados como áreas de mercado residencial tensionado. La Conselleria ya exigía que se pudieran poner en marcha desde otoño del año pasado, pero el Ministerio de Vivienda, que no se puso en marcha hasta noviembre pasado, tras la formación de Gobierno después de las elecciones generales, afirmó que primero tenía que estar publicado el índice estatal de referencia, que no llegó hasta finales de febrero.

La Conselleria de Territori presentó alegaciones a este índice del alquiler del Ministerio de Vivienda durante el periodo de información pública del índice estatal, después de no prosperar las negociaciones entre ambas administraciones par aplicar ambos índices a la vez.

El Sistema estatal de referencia de precios de alquiler está basado en más de dos millones de declaraciones de la Renta de arrendadores, y se e utilizará como referencia para los nuevos contratos en las zonas que se declaren tensionadas para grandes tenedores y en pisos que no hayan estado antes de alquiler. El índice estatal está basado en una horquilla de precios, entre una renta máxima y mínima, mientras el índice catalán ofrece un precio de referencia más exacto.

Cataluña propone que se aplique como referencia inicial al tope de alquileres al índice catalán, cuando su valor se encuentre dentro de los límites del índice nacional. Cuando el índice catalán esté fuera de esa horquilla, Capella aclara que se aplique el extremo superior del índice estatal.

Según sus estimaciones, combinar ambos sistemas lograría una reducción más rápida de las rentas. Un estudio realizado por la Conselleria señala que el índice estatal reduciría los alquileres en el 36% de los casos, mientras que el índice catalán lo haría en un 54%, mientras que la aplicaci6n combinada de ambos, alcanzaría el 57%.