Vivienda okupada

El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Pleno del Senado para aprobar la toma en consideración de una proposición de ley orgánica contra la 'okupación', que, entre otras cosas, establece mecanismos para el desalojo en 24 horas e impide el empadronamiento en la vivienda okupada. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha respondido que “el problema de España hoy no es ese, sino el problema de acceso a una vivienda"

La okupación es uno de los principales quebraderos de cabeza de los propietarios de viviendas, y de los vecinos de una comunidad. Que okupen un piso o una casa en tu urbanización o bloque puede suponer un grave problema, más en caso de que los delincuentes realicen actividades ilegales o molestas para el resto de propietarios. ¿Qué puede hacer una comunidad de propietarios frente a un okupa? Lo primero que hay que hacer es denunciarlo ante la policía y avisar al propietario de la casa. En caso de que la policía no consiga echarlos, habrá que interponer una demanda judicial.

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha avanzado que Unidas Podemos registrará una proposición de ley en el Congreso para reformar el Código Penal para perseguir a empresas de desokupación. La secretaria general de la formación morada ha citado directamente a la empresa Desokupa, “vamos a registrar una ley para perseguir penalmente a esa gentuza que se lucra persiguiendo a los vulnerables".

Matilde Cuena Casas, doctora en Derecho por la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) y vicepresidenta de la Fundación Hay Derecho, critica el impulso generalizado de la okupación de viviendas en España, el desamparo legal de los propietarios, sobre todo cuando son personas jurídicas, y que se utilice un remedio a corto plazo para proteger a los colectivos vulnerables. Y ve razonable modificar la libertad de forma del contrato de arrendamiento que contempla el artículo 37 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, con el fin de impedir que un documento falso sea suficiente como para que un juez paralice un desalojo.

Las okupaciones en España están a la orden del día. De hecho, en 2020 este fenómeno subió un 2,7% interanual, según datos de la Secretaría de Estado de Seguridad. En total, 14.675 personas denunciaron que su vivienda había sido ocupada de manera ilegal. Con estos datos, hay propietarios que prefieren vender sus inmuebles por un precio inferior al de mercado. Para el comprador puede ser una buena operación al adquirir con descuento, pero luego debe tener cuidado a la hora de pagar el ITP. Hacienda reconoce que el valor de los inmuebles se reduce si están okupados, pero le tocará al contribuyente acreditar tal okupación ilegal.

Sufrir una okupación de una vivienda no sólo afecta al ánimo, sino también al bolsillo. El propietario no tiene que computar en su IRPF la renta inmobiliaria que procedería si hay por medio una demanda judicial, pero sí que debe tributar por parte de la indemnización que decida el juez que deba pagarle el okupa, aunque no llegue a cobrarla, por considerarse un rendimiento del capital inmobiliario. No obstante, la normativa del IRPF prevé la posibilidad de que el propietario pueda deducirse esta indemnización.

Si algo teme el dueño de una vivienda es que se la okupen. Sí, con ‘k’. Ese miedo hace que se piensen muy mucho poner un piso en el mercado de alquiler o luchen para que nadie se entere –ni siquiera los vecinos– de que lo tienen temporalmente vacío.

El movimiento okupa sabe cómo invadir casas y ocuparlas sin que puedan echarles. Tienen un Manual que se transmiten a través de las redes sociales.

La historia de Inmaculada Efna es, como poco, rocambolesca. El pasado sábado salió a hacer la compra y al volver a su casa, situada en el barrio de Son Gotleu de Palma de Mallorca, vio que le habían cambiado el candado con el que aseguraba la puerta. Llamó a la puerta, pero nadie contestó.

Es probablemente la peor pesadilla de cualquier propietario. Los ‘okupas’ son algo así como el ‘coco’ del sector inmobiliario.

Una veintena de familias de badalona están a la espera de poder entrar en las viviendas que el ayuntamiento de la localidad les concedió en régimen de alquiler social.

El juzgado de instrucción número 6 de Murcia ha declarado culpable a una mujer de un delito de usurpación al haber habitado durante todo un año una casa vacía sin autorización.