Vivienda Reino Unido

“El programa insignia de vivienda del Reino Unido, ‘Help to Buy’, representaba una excelente relación calidad-precio”, según un informe oficial del anterior Gobierno de Keir Starmer, que refuerza la presión al actual Ejecutivo de Andy Burnham para reactivarlo, que por ahora no lo confirma. El programa costó 3.600 millones de libras y generó un valor social neto actual de 25.100 millones de libras, principalmente por el aumento del valor del suelo. Más de 300.000 personas pudieron comprar su primera vivienda, y casi la mitad no habría podido hacerlo sin ello, según el estudio.

La flexibilización de las normas de crédito en Reino Unido, que se retomó el año pasado, ha vuelto a ofrecer en el mercado hipotecario británico préstamos con una relación préstamo-ingresos superior a 4,5 veces los ingresos de los compradores, enfocada sobre todo a compradores primerizos, que no tienen ahorros suficientes. El número de compradores de primera vivienda que solicitaron este tipo de préstamos ha aumentado en dos tercios frente a 2025. Los expertos afirman que endeudarse hasta esos términos es una opción poco atractiva, pero los compradores lo harán si eso les permite acceder al mercado inmobiliario.

Los compradores de vivienda en Londres necesitan aportar una media de 35.500 libras (40.865 euros) adicionales para poder hacer frente a la entrada necesaria para conseguir una hipoteca, según Zoopla. El impacto de la subida de los tipos hipotecarios afecta de lleno a su capacidad de ahorro. Un comprador que antes podía permitirse una hipoteca de 200.000 libras (233.510 euros) ahora podría obtener un préstamo de alrededor de 182.000 libras (212.500 euros) para la misma cuota mensual, lo que supone una reducción del 9% en su poder adquisitivo.

El primer ministro británico Andy Burnham ha optado por mantener el programa de vivienda pública iniciado bajo el mandato de su antecesor Keir Starmer, llamado a ser el mayor programa de construcción de viviendas sociales desde la posguerra. Inicialmente, ha destinado 10.000 millones de libras (11.680 millones de euros) con el objetivo de levantar 70.000 unidades, el 60% de ellas serán gestionadas por los ayuntamientos. Mientras, ha reforzado la protección de los pubs ingleses para evitar su conversión, ante la preocupación por el declive de las calles comerciales y favorecerá la edificación de casas cerca de estaciones de tren y de metro.

Los cambios legislativos del introducidos por el partido Laborista en los derechos de los inquilinos en Inglaterra están perturbando el mercado de la vivienda para los estudiantes, sobre todo extranjeros que no cuentan con un avalista británico, y complicando algunos procesos de arrendamiento, mientras propietarios, agentes e inquilinos intentan adaptarse. El obligado preaviso de dos meses para dejar el piso de alquiler está dando lugar a que algunos inquilinos estén pagado un alquiler doble entre que dejan un piso y entran en otro.

Los nuevos proyectos de viviendas en Londres parecen estar recuperando niveles estables de construcción. En el primer trimestre del año se ha comenzado la edificación de unas 4.570 unidades en la capital, unas cifras que se acercan al promedio trimestral de casas registrado entre 2012 y 2022, según el Ministerio de Vivienda británico, tras cambios en la empresa pública de regulación de la construcción. Aun así, los desafíos para el sector son grandes, con la promesa del nuevo Gobierno de Andy Burham de mantener la construcción de 1,5 millones de viviendas nuevas antes de 2029.

Andy Burnham, que según todas las previsiones asumirá el cargo de primer ministro el próximo 20 de julio, ha lanzado su propuesta más ambiciosa, "el mayor programa de construcción de vivienda pública desde la posguerra", ha destacado. Para ello, quiere redirigir todo el presupuesto existente de Vivienda hacia los ayuntamientos: 39.000 millones de libras, unos 46.000 millones de euros, para construir unas 300.000 unidades en 10 años, quitando el control de la promoción a las asociaciones y otros organismos semipúblicos que han dominado el sector durante décadas. Una política contundente, pero que plantea interrogantes de fondo sobre su viabilidad, coste y escala real.

La consultora inmobiliaria Savills prevé que la construcción de viviendas se quedará muy lejos del objetivo de 1,5 millones fijado por el Gobierno británico del primer ministro saliente Keir Starmer. El informe sitúa las entregas en algo más de 150.000 unidades anuales hasta marzo de 2028, por debajo de las aproximadamente 189.000 viviendas construidas anuales hasta marzo de 2026, y lejos de las 300.000 unidades anuales necesarias para cumplir el compromiso electoral de 2024. El futuro de esta importante política de vivienda quedará en manos del sustituto de Starmer.

Andy Burnham, que acaba de ser elegido diputado, es el principal candidato para convertirse en el próximo primer ministro del Reino Unido tras la renuncia de Keir Starmer. El que fuera alcalde Manchester ha situado la vivienda como uno de sus pilares de su programa político con una serie de propuestas que supondrían un giro respecto a la política actual del Gobierno laborista. Propone redirigir el actual presupuesto de vivienda asequible de 39.000 millones de libras (45.000 millones de euros) hacia el alquiler social, además de reformas en el sistema tributario sobre las propiedades y el suelo.

El debate sobre la intervención pública en el mercado libre del alquiler de viviendas ha vuelto a la actualidad en Reino Unido tras las declaraciones de la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, y varios informes que analizan la situación y proponen limitar los incrementos de las rentas. El analista inmobiliario, Neal Hudson, afirma que aplicar controles de precios sería perjudicial para el futuro de los inquilinos y para un mercado que lo que más necesita son más propietarios.

El gobierno laborista británico se plantea crear una tasa adicional al llamado ‘impuesto de las mansiones’, gravamen que se aplicará a partir de abril de 2028 a aquellas viviendas valoradas en más de 2 millones de libras (2,3 millones de euros). Esta nueva tributación se aplicaría a estas propiedades de alto ‘standing’ cuyos propietarios no sean residentes habituales en Reino Unido. El plan pretende recaudar unos 430 millones de libras anuales a partir de 2028, cerca de 498 millones de euros al cambio actual, y se ampliaría con este recargo adicional pensando en los foráneos adinerados que cuentan con casa en Londres.

La inteligencia artificial entra de lleno en la toma de decisiones de los desarrollos urbanísticos que deben aprobar los ayuntamientos de Reino Unido. Google ha ganado un contrato de 8,3 millones de libras del Ministerio de Hacienda británico (9,6 millones de euros) para desarrollar un programa piloto con IA en Inglaterra, que permita agilizar la tramitación de los proyectos y recortar la enorme burocracia con recomendaciones y análisis de situación. El objetivo del Gobierno de Starmer, en horas bajas, es mejorar en el objetivo de construir 1,5 millones de viviendas durante su legislatura. Ya está en marcha en consistorios de Inglaterra, aunque no está exento de polémica.

El pasado 1 de mayo entró en vigor la reforma más importante en 37 años del mercado del alquiler privado en Reino Unido, la Renter’s Rights Act 2025. La nueva legislación es beneficiosa para los inquilinos que no tienen caducidad de su alquiler y pueden dejar la vivienda con un mes de preaviso. A cambio, no existe la figura del gran tenedor, tampoco la de zonas tensionadas ni topes de precio, la renta se actualizará a precios de mercado y el propietario podrá ejecutar la recuperación de la vivienda con 3 meses de impago de manera inmediata.

El Gobierno de Reino Unido ha creado el National Housing Bank (Banco Nacional de Vivienda), una nueva institución pública dotada con 16.000 millones de libras (18.350 millones de euros al cambio actual) y respaldada por la agencia de vivienda del país, conocida como Homes England, con el objetivo de ayudar a promotores y constructores a aumentar el número de viviendas en el mercado británico. Las ayudas contemplan avales y financiación para poder movilizar 500.000 inmuebles y 53.000 millones de libras (60.000 millones de euros) de inversión privada en los próximos 10 años.

El precio medio de los pisos en Reino Unido (-0,5%) cerró 2025 con caídas, hasta unas 192.826 libras (220.608 euros), liderado por la fuerte contracción anotada en Londres (-3,6%), según los datos del Registro de la Propiedad británico. El precio medio de la vivienda aumentó un 2,4%, para alcanzar las 270.000 libras de media (308.900 euros). Los costes asociados a estos inmuebles, como el famoso alquiler del suelo o los gastos de comunidad, han sido la principal causa del freno en las viviendas tipo piso, según los expertos.

Los inversores internacionales poseen 202.568 propiedades en Inglaterra y Gales en 2025, según los datos del Registro de la Propiedad analizados por Enness Global. Esta cifra representa un ligero aumento del 0,02% con respecto a 2024, unos niveles estables en la propiedad extranjera a pesar de los recientes cambios en las normas fiscales para los compradores foráneos no residentes y el aumento de los impuestos sobre la propiedad. Los ciudadanos de Hong Kong (13,8%), Singapur (7,9%) y EEUU (6,8%) representan las nacionalidades más destacadas, por delante de Emiratos Árabes Unidos (5,9%) y China (5,8%).

El Ejecutivo laborista de Keir Starmer ha decidido establecer un límite de 250 libras (288 euros) de renta anual que cobrarán los dueños de los suelos donde se encuentran construidos pisos bajo el régimen de ‘leasehold’, a medio camino entre la propiedad y el alquiler. Lo que se compra es el derecho de uso a vivir en el piso por un tiempo determinado (de 99 a 999 años), pero no se cuenta con la plena propiedad del inmueble. Alrededor de 4 millones de hogares en Inglaterra y Gales pagan una cuota anual a los dueños de los terrenos donde se levantan. La medida se espera que esté vigente a partir de 2028.

Los jóvenes ahorradores en Reino Unido que están buscando comprar su primera casa para vivir lo van a tener más asequible a partir de ahora. La relación entre los precios de la vivienda con los ingresos de estos compradores primerizos se redujo a su proporción más baja a cierre de 2025 (4,7), el mejor dato en más de una década, según datos de Nationwide. La tasa de esfuerzo se coloca de media en el 32% del salario neto, aunque sigue siendo más difícil poder comprar en Londres que en otras zonas, como en Escocia y el norte de Inglaterra.

El precio medio de la vivienda que sale a la venta en el mercado británico registró una subida del 2,8% intermensual en las primeras semanas de enero, tras dos meses consecutivos de caídas cercanas al 2% de bajada, según el portal Rightmove. Las casas tienen un coste medio de 368.031 libras, casi 425.000 euros al cambio actual. Los expertos afirman que ha mejorado la confianza de los compradores tras varios meses especulando con las subidas de impuestos que iba a aprobar el Gobierno laborista en los presupuestos generales.

Se estima que unas 382.618 personas no tienen un lugar permanente donde vivir en toda Inglaterra, lo que supone un aumento anual del 8%, según un informe de la organización benéfica Shelter partir de datos gubernamentales. El estudio se ha publicado después de que el Gobierno británico anunciará un paquete de 3.500 millones de libras (3.985 millones de euros) para luchar contra el sinhogarismo, y que incluye medidas para evitar que las personas pierdan sus hogares.

El Gobierno de Reino Unido ha abierto un proceso de consultas para modernizar en profundidad el sistema de compraventa de viviendas, una iniciativa catalogada por el secretario de Vivienda, Steve Reed, como la “mayor transformación” del mercado inmobiliario en la historia reciente del país. Las propuestas, actualmente en revisión, buscan agilizar los trámites, reducir los costes para compradores y vendedores, ofrecer mayor transparencia y disminuir la elevada tasa de operaciones fallidas, un ‘problema’ que supone una pérdida de más de 1.500 millones de libras anuales (más de 1.700 millones de euros al cambio actual).

La ministra británica de Hacienda, Rachel Reeves, ha anunciado los nuevos presupuestos para Reino Unido en los que ha anunciado un incremento de los impuestos en 26.000 millones de libras, unos 29.500 millones de euros, para el periodo 2026-2029 con nuevos impuestos al juego y las apuestas, a los dividendos y los intereses, los ingresos inmobiliarios y los ahorros. El nuevo ‘impuesto a las mansiones’, para aquellas propiedades con un valor superior a 2 millones de libras (2,28 millones de euros) recaudará 400 millones de libras (456,3 millones de euros) para 2029.

La Autoridad del Gran Londres (GLA) está considerando reducir el porcentaje de viviendas asequibles que se exigen en las promociones de obra nueva, actualmente fijado en el 35%, con el objetivo de reactivar la construcción de viviendas en la capital. Esta medida responde a las quejas del sector promotor e inmobiliario, que considera que el actual umbral dificulta la viabilidad de los proyectos. El sector ha propuesto rebajar el objetivo a entre un 10% y un 15%.

El Partido Laborista ha planteado una reforma en el mercado de la compraventa de viviendas entre particulares en Reino Unido para acabar con “las sorpresas desagradables que a menudo arruinan una transacción”. El secretario de Vivienda, Steve Reed, ha afirmado que los vendedores tendrán que ofrecer más información precisa y detallada sobre la propiedad, al igual que las agencias inmobiliarias. También se propone dar más datos sobre el registro de agentes, a los que se les exigirá cualificación, en medio de un mercado residencial británico que no termina de despegar.

La oferta de pisos en alquiler en el Reino Unido ha descendido a su ritmo más rápido desde el confinamiento por el covid-19 durante el pasado agosto, según la encuesta inmobiliaria realizada por los Rics. El indicador de propietarios de esta asociación de profesionales del ‘real estate’ apunta a que muchos propietarios estén abandonando el mercado, algo que los agentes atribuyen a los próximos cambios fiscales y legislativos, como la puesta en marcha de la ley de derechos de los inquilinos o cambios en las tasas de sucesiones, un aumento del impuesto sobre la propiedad y la posible imposición de pagos a Hacienda sobre los ingresos por alquiler.