El sistema 'leasehold' británico es algo similar al derecho de superficie en España · A partir de 2028, los dueños de terrenos donde se levantan 4 millones de casas en Reino Unido recibirán 250 libras anuales por propiedad
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El Gobierno de Reino Unido limitará las rentas a los propietarios del suelo de viviendas construidas
El sistema 'leasehold' permite comprar el derecho de uso del inmueble a largo plazo (99-999 años) pero no la plena propiedad Getty images

El Ejecutivo laborista de Keir Starmer ha decidido establecer un límite de 250 libras (288 euros) de renta anual que cobrarán los dueños de los suelos donde se encuentran construidos pisos que se ofrecen bajo el régimen de ‘leasehold’, a medio camino entre la propiedad y el alquiler. Lo que se compra es el derecho de uso a vivir en el piso por un tiempo determinado (de 99 a 999 años), pero no se cuenta con la plena propiedad del inmueble. Alrededor de 4 millones de hogares en Inglaterra y Gales pagan una cuota anual por los terrenos donde se levantan. La medida se espera que esté vigente a partir de 2028.

En un primer momento, la ministra de Hacienda, Rachel Reeves, había declarado que no iban a seguir adelante con esta medida planteada en la campaña electoral, pero el propio primer ministro ha presentado la medida en redes sociales esperando que aumente la asequibilidad en el mercado inmobiliario.

El llamado ‘ground rent’ es el alquiler anual obligatorio que se paga al ‘freeholder’, el propietario del suelo de la estructura del edificio que sirve para el mantenimiento, jardines y las zonas comunes. El Gobierno establece un límite de 250 libras por propiedad, y tras un periodo de 40 años se reducirá una renta simbólica, conocida como ‘peppercorn’.

Durante años, el sistema de ‘leasehold’ ha sido criticado por imponer mayores costes a estos 'inquilinos' del derecho de superficie. El Gobierno británico afirma que esperaba generar ahorros para hasta 900.000 ‘leaseholders’ durante esta legislatura. De ellos, hasta 590.000 se encuentran en Londres y el sur del país. La legislación podría entrar en vigor a finales de 2028.

Además del tope a las rentas, el Ejecutivo propone prohibir la venta de esta clase de pisos y eliminar la práctica del ‘forfeiture’, que permite al propietario del terreno recuperar el inmueble en determinadas circunstancias. En su lugar, el Gobierno plantea un nuevo modelo que otorgaría a los participaciones en la propiedad del edificio un mayor control sobre su gestión.

El Gobierno defiende que se estaban dando casos donde las rentas del suelo se duplicaban cada 10 años. En 2022, el ejecutivo conservador ya prohibió esta figura del ‘leasehold’ para las nuevas construcciones y en 2024, se amplió su derecho a extender los contratos a 990 años con rentas simbólicas.

La Asociación de Propiedad Residencial (RFA) representa a 10 de los mayores propietarios del suelo, que poseen aproximadamente un millón de propiedades en arrendamiento.  La RFA afirma que el límite de la renta "representa una interferencia totalmente injustificada con los derechos de propiedad existentes que, de promulgarse, dañaría gravemente la confianza de los inversores en el mercado inmobiliario del Reino Unido y enviaría una señal peligrosa y sin precedentes al sector de la inversión institucional en general".

Los fondos de pensiones han invertido más de 15.000 millones de libras en rentas del suelo residencial, que se consideran ingresos estables y predecibles a largo plazo. El valor total de la inversión en rentas del suelo en el Reino Unido supera los 30.000 millones de libras, y piden que el Gobierno debería compensar a los inversores por esa cantidad.

Ante la preocupación del sector, el Ejecutivo ha decidido esperar hasta 2028 para implementar la medida.

La gestora de activos M&G ha afirmado que está directamente expuesto a 722 millones de libras en activos de renta del suelo y que los cambios propuestos supondrían una reducción estimada de 230 millones de libras en el valor de las inversiones.

El Ministerio de Vivienda declaró que los fondos de pensiones poseían menos del 1 % de sus activos en propiedades residenciales.


 

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