Andy Burnham, que acaba de ser elegido diputado, es el principal candidato para convertirse en el próximo primer ministro del Reino Unido tras la renuncia de Keir Starmer. El que fuera alcalde Manchester ha situado la vivienda como uno de sus pilares de su programa político con una serie de propuestas que supondrían un giro respecto a la política actual del Gobierno laborista. Propone redirigir el actual presupuesto de vivienda asequible de 39.000 millones de libras (45.000 millones de euros) hacia el alquiler social, además de reformas en el sistema tributario sobre las propiedades y el suelo.
El Ejecutivo laborista de Keir Starmer ha decidido establecer un límite de 250 libras (288 euros) de renta anual que cobrarán los dueños de los suelos donde se encuentran construidos pisos bajo el régimen de ‘leasehold’, a medio camino entre la propiedad y el alquiler. Lo que se compra es el derecho de uso a vivir en el piso por un tiempo determinado (de 99 a 999 años), pero no se cuenta con la plena propiedad del inmueble. Alrededor de 4 millones de hogares en Inglaterra y Gales pagan una cuota anual a los dueños de los terrenos donde se levantan. La medida se espera que esté vigente a partir de 2028.
La ministra de Finanzas británica, Rachel Reeves, planea incluir en los Presupuestos Generales del Estado un aumento de los impuestos a los propietarios de viviendas de lujo. Reeves considera así que la mejor manera de recaudar miles de millones de libras para las arcas públicas, que atraviesan una grave crisis financiera, es mediante nuevos tramos impositivos a las rentas más altas. Este nuevo impuesto afectaría a las mansiones y otras viviendas de alto valor sobre todo en Londres, mientras se ultima el presupuesto que se presentará a finales de este mes.
El mercado de alquiler en el Reino Unido vive su mayor reforma de los últimos tiempos con la inminente aprobación de la Ley de Derechos de los Inquilinos, que cambiará la situación para 11 millones de inquilinos. La nueva normativa, que pasará por el Parlamento británico este 2025 y que será totalmente obligatoria a partir de 2027, eliminará los contratos a plazo fijo, para pasar a ser indefinidos o por meses, y prohibirá la rescisión de contratos sin motivo. Además, se prevé un aumento de la inversión en la mejora de las viviendas, al incluir una etiqueta energética letra C como la mínima para poder arrendar una casa a partir de 2030.
La institución financiera Nationwide situó el precio medio de la vivienda en Reino Unido en febrero en 270.493 libras (327.600 euros), lo que refleja un aumento mensual de 0,4% y del 3,9% interanual, pese al 0,2% y 3,4% esperado por el consenso de analistas de Reuters. Los expertos achacan este mayor incremento de precios a la reforma en la exención del pago del impuesto del timbre (similar al ITP en España), que actualmente libera de pagarlo a los compradores que adquieran su primera casa, siempre y cuando no supere las 425.000 libras (507.000 euros). A partir de abril, este límite se reducirá a las 300.000 libras (358.000 euros).
La ministra británica de Economía, Rachel Reeves, ha presentado su proyecto presupuestario, el primero desde que los laboristas alcanzaron el Gobierno en julio, en el que se incluye una subida de impuestos estimada en unos 40.000 millones de libras (48.000 millones de euros), la mayor en porcentaje de PIB desde 1993, con la promesa de sanear las finanzas del país y reconstruir los servicios públicos, como el sistema sanitario o la educación, tras décadas de ajustes. El Presupuesto impulsará la inversión pública en más de 100.000 millones de libras (120.133 millones de euros) durante los próximos cinco años.
La ministra de Economía del Reino Unido, Rachel Reeves, ha confirmado que el Gobierno modificará las reglas fiscales empleadas para calcular la deuda pública con el fin de liberar miles de millones de libras para realizar inversiones. El anuncio se producirá durante la presentación de los primeros presupuestos generales del Ejecutivo de Keir Starmer. Medios británicos apuntan a un cambio en las cuentas de los activos y pasivos financieros del Estado, que darían margen para aumentar el endeudamiento para la inversión en infraestructura a largo plazo.
El partido Laborista británico ha barrido en las elecciones en Reino Unido. Su líder Keir Starmer aterrizará en el número 10 de Downing Street con mucho trabajo por delante. En materia de Vivienda, los laboristas han prometido levantar 1,5 millones de viviendas nuevas, con reformas en las leyes de planificación urbana, acabar con los desahucios de alquiler de personas vulnerables, nuevas ayudas a los compradores de primera vivienda, o reducir la factura energética de los hogares, además de imponer más impuestos a la compra de inmuebles por parte de no residentes.
“Para cada problema complejo hay una respuesta clara, plausible e incorrecta”, bromeó el escritor y crítico estadounidense H.L. Mencken.
Se llama ‘Bedroom Tax’ (impuesto sobre habitaciones). Se creó en abril de 2013. Las familias que vivan en casas con una o más habitaciones desocupadas dejan de recibir algunas ayudas del estado.
“si el gobierno aprueba el impuesto para mansiones se va a crear un enorme mercado de tasadores tratando de demostrar que las casas valen menos de 2 millones de libras (unos 2,5 millones de euros)”.
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