El alquiler en Reino Unido cambia de paradigma: las nuevas normas transformarán el mercado

El mercado del alquiler de viviendas en Reino Unido está cerca de vivir uno de mayores cambios de la historia reciente con la llegada al Parlamento británico del proyecto de Ley de Derechos de los Inquilinos, que pretende cambiar radicalmente la relación entre propietarios e inquilinos, y la visión de la vivienda como inversión.

Durante décadas, las propiedades en alquiler se consideraban una inversión fiable y lucrativa, en muchas ocasiones. Con la crisis de deuda por el estallido de las hipotecas ‘subprime’ de 2008, los tipos de interés cayeron por debajo del 1%, los precios de las viviendas aumentaron, los intereses hipotecarios sobre propiedades en alquiler eran deducibles en los impuestos y el impuesto de timbre (como el ITP español) era bajo.

Pero tras la crisis por la pandemia y la guerra en Ucrania, este panorama ha cambiado. El crecimiento de los precios de la vivienda es escaso, el alivio fiscal para los propietarios ha desaparecido y el impuesto del timbre en residencias no principales ha aumentado del 3% al 5% del precio de venta.

Para los inquilinos las cosas tampoco han mejorado. Los precios de los alquileres no paran de subir y las quejas por viviendas en malas condiciones, incluso insalubres, crecen en el mercado. 

Ahora, el partido Laborista prometió en campaña que se cambiarían las condiciones de los contratos de alquiler, algo que también prometió el partido conservador. Entre los puntos más destacados de la propuesta que se debatirá pronto en la Cámara de los Comunes está en poner fin a la cláusula 21 de La Ley de Vivienda, conocida como ‘desalojos sin culpa’ (no fault evictions), y que permitía hasta ahora a los propietarios rescindir el contrato a los inquilinos sin motivo alguno, simplemente con dar un aviso con dos meses de antelación, y seguir ciertos procedimientos.

Los propietarios podrán rescindir el contrato por razones específicas, como vender la propiedad, el uso de la vivienda por familiares cercanos, el impago del inquilino o por daños a la vivienda. El inquilino tendrá que recibir un preaviso de cuatro meses de antelación y ni podrán realizarse en el primer año del contrato de arrendamiento.

Las Asociaciones de Propietarios temen que los límites que se establezcan ante el impago de la renta o las demoras en los tribunales puedan alargar el desalojo de la vivienda. Y alertan de que se va a producir una selección de inquilinos, dejando fuera a los más vulnerables.

Se crea la figura de Defensor del Pueblo del alquiler, a la que tendrán que registrarse los propietarios. La figura investigará las quejas de los inquilinos, y se impondrán sanciones por reiteración de quejas con multas de hasta 40.000 libras (46.000 euros)

Otro de los puntos destacados es el final de los contratos de arrendamiento de plazo fijo, y donde seguirán vigentes los contratos indefinidos y por meses. 

Otras de las grandes novedades es la de exigir viviendas de más calidad y dar un mayor peso al Certificado de Eficiencia Energética (EPC). Introducidos en el mercado de la vivienda en 2007, esta calificación que mide el grado de aislamiento de la vivienda, teniendo en cuenta la calefacción o la iluminación ofrece a las propiedades un código de calidad, de la Letra a A a la Letra G.

A partir de 2030, se exigirá que para arrendar una vivienda se cuente con una Letra C de eficiente energética para poner la vivienda en el merado de alquiler, lo que supondrá un incremento de la inversión en rehabilitación y reformas del parque en arrendamiento.

Se establecerá un registro oficial para consultar la calificación energética de la vivienda, y no contar con certificado energético podrá acarrear sanciones. Todo un desafió para el parque de viviendas británico, uno de los más antiguos de Europa, una de cada seis viviendas en Inglaterra y una de cada cinco en Gales se construyeron antes de 1900.

También se endurecen las obligaciones para el mantenimiento de los hogares y los inquilinos podrán denunciar legalmente la demora en las reparaciones que afecten a su salud.

La nueva normativa fiscal y la subida del impuesto de timbre complican aún más la rentabilidad de la vivienda, según los expertos, lo que marcará el fin de una época para el alquiler en Reino Unido y planteando nuevos retos para quienes deseen invertir en el sector inmobiliario británico. Los expertos temen una caída de la oferta en arrendamiento que encarezca los precios ante la presión de la demanda.