zonas tensionadas de alquiler

Cataluña contará a partir del 9 de octubre con un total de 271 municipios en los que se limitará el precio de los alquileres. Otras 131 localidades se suman a las 140 poblaciones que ya se declararon como zona tensionada en Cataluña desde el pasado mes de marzo, con la publicación del listado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Más del 90% de la población en Cataluña se encontrará en zonas de mercado residencial tensionado, una medida de control de precios que permite la Ley de Vivienda a las CCAA.

El Govern ha asegurado que el precio de los alquileres en las zonas con un mercado residencial tensionado "se contiene" tras la entrada en vigor de la regulación de los arrendamientos, ha informado en un comunicado tras el Consell Executiu. Los datos del primer trimestre entero de vigencia del decreto han sido aportados por la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica y muestran que "se ha frenado la evolución de los precios del alquiler en los 140 municipios donde está vigente".

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha indicado que es "un poco pronto" para tener "datos duros" o "evidencia suficiente" para ver el efecto del tope a los precios del alquiler en zonas tensionadas, que ya se está aplicando en algunas poblaciones de Cataluña. País Vasco ha sido la siguiente autonomía en empezar a declarar mercados residenciales tensionados. El ministro se adhiere a las declaraciones del gobernador del Banco de España, que afirmó que no le constaba que topar el alquiler impactara positivamente en el precio de las rentas, y cuestiona las afirmaciones de la consejera de Vivienda Cataluña, Sílvia Paneque, que avanzó que los precios en dichas zonas ya había bajado entre un 3% y un 5%.

El consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha adelantado que su Ejecutivo prevé declarar "zona tensionada" en materia de vivienda a lo largo de estos meses a las tres capitales de provincia del País Vasco, San Sebastián, Bilbao y Vitoria, así como Galdácano (Vizcaya) e Irún, Zumaya y Lasarte-Oria (Guipúzcoa). Vitoria y Bilbao ya han trasladado su intención y están trabajando en los expedientes, según el consejero vasco de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, mientras se espera que San Sebastián e Irún acuerden en breve solicitar la declaración de zona tensionada que permite la Ley de Vivienda.

El gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, ha afirmado en declaraciones a Onda Cero que "no le consta que exista una prueba empírica que demuestre que topar los precios del alquiler en zonas tensionadas tenga un impacto positivo sobre los precios del alquiler". Escrivá ha afirmado que, al ser un tema que preocupa económica y socialmente, el Banco de España tiene varios proyectos de investigación en marcha sobre este asunto. "De lo que sí hay evidencia es que faltan viviendas. Hay una insuficiencia de viviendas para el número de hogares que se están creando, hay un desajuste entre oferta y demanda", ha subrayado el gobernador.

La localidad guipuzcoana de Rentería se ha convertido en el primer municipio del País Vasco en ser declarado "zona de mercado tensionado" que permite la Ley de Vivienda. Pero lo más paradójico es que actualmente hay cero viviendas en alquiler en este municipio. Se va a aplicar un control de precios a un mercado inexistente. Un estudio del Observatorio Vasco de la Vivienda afirmaba que 41 localidades de la región cumplían con los requisitos para aplicar medidas como topar los precios de los nuevos contratos, prorrogar los actuales alquileres o establecer mayores controles a los grandes tenedores. Sin embargo, actualmente no hay en Rentería viviendas en alquiler anunciadas en idealista. El Ejecutivo vasco afirma que ha iniciado los procesos para declarar zonas tensionadas también a Zumaia, Galdakao y Lasarte-Oria.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular (PP), Paloma Martín, ha calificado las declaraciones de la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, sobre retirar fondos estatales a las comunidades que no apliquen la Ley de Vivienda de "irresponsables y populistas y ha pedido a la titular de Vivienda una rectificación inmediata". Para Martín, las CCAA (salvo Cataluña) no han aplicado el Índice de Precios de los Alquileres ni han declarado las zonas de mercado residencial tensionado porque "conocen la realidad y saben que intervenir el mercado agravaría la situación de la vivienda en España".

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Paloma Martín, ha cerrado la ronda de reuniones con interlocutores del sector inmobiliario, las comunidades y los municipios para concretar la alternativa del PP a la actual de Ley de Vivienda. El partido, con mayoría absoluta en el Senado, presentará el próximo mes de septiembre en la Cámara Alta su Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda, con medidas destinadas a incrementar la oferta, a incentivar la construcción y rehabilitación de viviendas, acabar con las zonas de mercado tensionado, con el índice de precios de los alquileres y terminar con la inquiokupación".

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de Galicia, María Martínez Allegue (PP), ha manifestado que la Xunta declarará zona de mercado residencial tensionado "si algún ayuntamiento lo solicita y se cumplen los parámetros". La consejera de Vivienda ha destacado que "no estamos de acuerdo con la Ley de Vivienda estatal porque más que beneficiar, perjudica y genera inseguridad jurídica en el propietario, pero la normativa está para cumplirla y si algún Ayuntamiento lo solicita y se cumplen los parámetros tendremos que declararla zona tensionada".

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) ha publicado la declaración de zonas de mercado residencial tensionado en 131 municipios de la autonomía para que se aplique el control a los alquileres. La Generalitat ha enviado esta declaración al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) para su visto bueno y que pueda entrar en vigor cuanto antes. Una vez que se publique en el BOE, la contención de las rentas se aplicará en un total de 271 municipios de Cataluña, donde viven más de 7 millones de personas, el 90% de la población total en la región.

La vivienda ha sido uno de los puntos más destacados de la política nacional desde que Pedro Sánchez empezara a gobernar en 2018. En estos seis años se han aplicado cambios en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), ha llegado la primera Ley de Vivienda estatal o el bono de alquiler joven. Además, con la llegada de la pandemia y la guerra en Ucrania se suspendieron los desahucios o se topó la subida de las rentas, mientras ahora se pretende eliminar la ‘golden visa’ y avalar la compra de la primera vivienda a jóvenes y familias. Todo este intervencionismo ha disparado la inseguridad en el mercado residencial, con una ‘espantada’ de la oferta y precios cada vez más altos ante una demanda que sigue buscando casa.

La Comisión de Vivienda y Agenda Urbana del Congreso debatirá este martes una proposición no de ley de Sumar para que las entidades locales puedan declarar como tensionada una zona de mercado residencial cuando se cumplan los requisitos establecidos en la Ley de Vivienda y la comunidad autónoma no actúe. La formación de Yolanda Díaz quiere dotar a las entidades locales de estas competencias en materia de vivienda cuando lo soliciten y la autonomía no se haya pronunciado en un plazo de seis meses.

Barcelona reúne a parte de sus expertos en vivienda para analizar sus nuevas regulaciones. La semana pasada se constituyó el Grupo de Trabajo de Regulación del Alquiler de Barcelona, enmarcado en el Consejo de la Vivienda Social de Barcelona (CHSB) y formado por los principales agentes y entidades del sector, grupos políticos del Ayuntamiento de Barcelona, órganos municipales, la Diputación de Barcelona y la Generalitat de Catalunya. Uno de sus objetivos es valorar y realizar un seguimiento del despliegue de la zona de mercado tensionado.

Hoy hace un año que se aprobó la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda que debía producir importantes cambios en el mercado residencial, sobre todo para los arrendamientos, pero que finalmente lo que ha provocado es la práctica desaparición de la oferta por una enorme desconfianza de miles de propietarios con esta regulación, según los expertos consultados. Por otra parte, la tan cacareada normalización de los precios -que es uno de los principales argumentos de la ley- ha traído una desesperada realidad para miles de personas que buscan piso: las rentas están en muchas de las áreas analizadas por idealista [empresa editora de este boletín] en niveles máximos, y todo apunta a que seguirán subiendo.

La Generalitat de Cataluña ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional contra la resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) que establece el Índice estatal de referencia de precios de alquiler de vivienda y que sirve para regular el tope máximo que deben pagar los inquilinos en los nuevos contratos de arrendamiento en las zonas que se declaren como mercado residencial tensionado, tal y como establece la Ley de Vivienda. El Departamento de Territorio reclama la combinación del sistema estatal y el índice catalán en las 140 municipios de la región donde ya hay control de precios desde el pasado marzo.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gobernado por el PSOE, en coalición con Nueva Canarias y Podemos, ha solicitado al Gobierno Autonómico de Canarias que inicie los trámites para declarar a la capital como zona de mercado residencial tensionado para regular los precios de los alquileres, tal y como recoge la Ley de Vivienda. La capital grancanaria se une a otros ayuntamientos del País Vasco y Madrid que han solicitado esta declaración. El Gobierno autonómico les pide una memoria justificativa.