Viviendas públicas

La Xunta de Galicia ha elevado hasta cuatro veces el IPREM el límite de ingresos para acceder a una vivienda pública, o hasta 4,5 veces en el caso de las familias numerosas. La medida amplía el umbral hasta más de 3.500 euros brutos mensuales y busca facilitar el acceso a más hogares. Galicia se suma así a otras comunidades como Madrid, que recientemente aumentó el tope hasta 5,5 veces el IPREM en vivienda básica y 7,5 en la de precio limitado. Además, el Gobierno gallego ha anunciado que reservará el 30% de las promociones protegidas a personas de entre 36 y 45 años con hijos .

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dado luz verde a una nueva línea presupuestaria destinada a ampliar la oferta de vivienda pública en los municipios de menos de 20.000 habitantes, con el objetivo de retener población joven y captar nuevos vecinos. La convocatoria contará inicialmente con 10 millones de euros y permite financiar la compra de suelo, la construcción y rehabilitación de inmuebles. Las subvenciones que recibirán los ayuntamientos dependerán de su volumen de población, con un límite de un millón de euros.

El Ayuntamiento de Madrid, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS), comenzará en 2026 las obras de 2.500 nuevas viviendas destinadas al alquiler asequible repartidas en 22 promociones en seis distritos de la capital: Barajas, Carabanchel, Fuencarral-El Pardo, Moncloa-Aravaca, Vicálvaro y Villa de Vallecas. De este total, 1.600 unidades corresponden a la primera fase del Plan Suma Vivienda, cuya licitación finalizó el año pasado. Además, en el primer semestre llevará a cabo con dos nuevos sorteos de viviendas y entregará cuatro promociones que suman cerca de 340 pisos.

Otro año acaba sin atisbos de una mejora de la situación de la vivienda en España. Lejos de reducirse la intervención del Gobierno en el mercado residencial, se ha vuelto a dar una vuelta de tuerca este 2025 con el Registro Único de alquileres turísticos, de temporada y por habitaciones, el fin de las ‘golden visa’, o la entrada de más municipios entre las zonas tensionadas, mientras sigue aparcada en el Congreso la regulación de los alquileres de corta duración, que ya ha aprobado Cataluña. En los últimos meses, se han puesto en marcha la Empresa Estatal de Vivienda y un exigente seguro público de impago de alquiler para los propietarios, mientras Europa ha presentado su propio Plan de Vivienda asequible.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha anunciado durante una comparecencia en una comisión en el Congreso de los Diputados que iniciará una actuación de oficio con las comunidades autónomas para conoce el número de viviendas públicas, el número de personas en lista de espera y las medidas para aumentar el parque de vivienda protegida. También iniciará otra actuación con el Ministerio de Vivienda, con el objetivo de conocer el estado de ejecución de los planes para construir vivienda pública.

El último Consejo de Ministros del año ha aprobado la aportación de inmuebles Patrimonio del Estado a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes), que será el germen de la nueva empresa pública de vivienda, para impulsar los alquileres asequibles. Los inmuebles de los que dispondrá Sepes proceden del Instituto de la Vivienda, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse), la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado (Muface) y Patrimonio Nacional, entre otros organismos. También ha aprobado la Ley de Contratos Públicos para impulsar la vivienda asequible en suelo público.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado que la empresa pública de vivienda anunciada por el presidente del Gobierno tendrá como germen la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), que será reconvertida y "fortalecida para abordar el problema de la vivienda de manera integral": desde el suelo, a la urbanización y la construcción de vivienda hasta su movilización y gestión. Rodríguez ha indicado que se dispone de mucho suelo propiedad de la Administración General del Estado (AGE), procedente de Sepes, el Ministerio de Defensa, Adif o incluso de Sareb. También ha asegurado que los Ministerios económicos llevan un año trabajando en la fórmula jurídica para dar respuesta a esta nueva empresa.

El socio de Gobierno del PSOE ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados en la que reclama paralizar la venta de la promotora de Sareb, Árqura Homes, que su parque de viviendas (16.000 unidades) pasen a titularidad pública y que sus suelos disponibles se destinen a levantar 15.000 pisos públicos. El partido también pide cambiar la razón social de la entidad para que se convierta en una inmobiliaria pública. Según Sumar, y la venta pone en riesgo la oportunidad histórica de gestionar un parque de vivienda eficaz y sus consecuencias serían "irreversibles".

La Comunidad de Madrid ha iniciado la modificación de la normativa que permitirá habilitar nuevos suelos municipales para "la construcción de más viviendas públicas en régimen de alquiler a precios asequibles y aumentar así su oferta en la región", ha afirmado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín. En su opinión, el objetivo es "aumentar el parque de inmuebles y que el precio del alquiler sea un 40% más barato que en el mercado libre".

El Ayuntamiento de la capital sorteará el próximo 25 de octubre 400 viviendas públicas en régimen de alquiler asequible ubicadas en 16 de los 21 distritos de la ciudad. La mayoría son pisos de dos y tres dormitorios y son de nueva construcción, pertenecientes a tres proyectos de Villaverde, Vicálvaro y Puente de Vallecas. Muchos de los inmuebles "irán destinados a jóvenes y familias con hijos menores", y quienes resulten adjudicatarios "no pagarán de renta más del 30% de los ingresos de la unidad familiar", según el presidente de la EMVS, Álvaro González.

El presidente del Gobierno en funciones y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, se ha comprometido durante su discurso de investidura a incrementar el Bono de Alquiler Joven, una línea de avales para cubrir el 20% del préstamo hipotecario en la primera vivienda y va a acometer la habilitación de 183.000 de viviendas públicas para alquiler asequible. Por otro lado, creará un marco jurídico para fomentar la reforma y rehabilitación de viviendas y ofrecerá incentivos fiscales para que los pequeños propietarios saquen sus casas en alquiler, además de elevar el umbral de renta media para poder acogerse a a las medidas de alivio hipotecario en vigor.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la Agencia de Vivienda Social (AVS), está finalizando la construcción de 45 viviendas que servirán para alquileres a precios asequibles y ofrecer una alternativa habitacional a familias vulnerables en ocho pequeños municipios de la Sierra Norte de Madrid. Se ofrecerán rentas mensuales de entre 250 y 300 euros y la mayoría de las casas se entregarán entre finales de este año y principios de 2023.

El Gobierno central y la Comunitat Valenciana han firmado un acuerdo para la promoción en colaboración público-privada de 1.090 viviendas para alquiler social y asequible, en el que el Mitma financiaría la promoción con 50,2 millones de euros para ser edificios energéticamente eficientes. Con estos pisos, el Plan de alquiler asequible en la región superará las 3.600 casas.

El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha estrenado en el Pleno del Congreso con una crítica a la opacidad de la factura eléctrica regulada en los hogares, conocida como PVPC, y a la falta de vivienda pública, durante la presentación del informe anual de 2021.

La justicia ha avalado la legalidad de la venta de los pisos públicos que realizó en 2013 la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid al Blackstone. Durante años se ha puesto en duda tanto la transparencia del proceso como los motivos por los que el gigante de la inversión se quedó con la cartera de viviendas. Sin embargo, la oleada de testimonios de los implicados y las pruebas aportadas han llevado a los tribunales ha archivar el caso, tras constatar que el procedimiento fue abierto y la oferta de Fidere, la más conveniente para la empresa madrileña. Repasamos paso a paso cómo se cerró la operación.

El Ayuntamiento de la capital, a través de la empresa municipal de vivienda (EMVS), quiere desarrollar 25 nuevas promociones de viviendas de alquiler en los próximos meses, que suman 2.060 inmuebles y una inversión de 290 millones de euros. Más de la mitad de ellos empezarán a construirse antes de septiembre. Los nuevos pisos públicos estarán repartidos entre los distritos de Vallecas, Vicálvaro, Villaverde, Carabanchel, Latina, Tetuán, Fuencarral y Barajas. Repasamos qué hay proyectado y en qué ubicaciones.

El Ayuntamiento de la capital ha transferido a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) 24 millones de euros, una partida que irá destinada a financiar la construcción de 38 promociones residenciales públicas en régimen de alquiler, que incluyen 3.200 viviendas, y a dar una solución habitacional a colectivos desfavorecidos, como víctimas de violencia de género o personas sin hogar.

La Empresa Municipal de la Vivienda de Madrid entrega las últimas 88 viviendas destinadas al alquiler social, mientras sigue la construcción de unos 1.900 pisos que esperan entregarse a partir de 2020. Una cifra que se queda escasa para las más de 21.000 peticiones validadas de familias vulnerables. La EMVS se queja de la falta de apoyo a la vivienda pública por parte del Estado y la Comunidad de Madrid.

Los ayuntamientos y las comunidades autónomas deberían empezar a ver las sociedades de inversión inmobiliaria como una catapulta para desarrollar viviendas sociales. Según el consultor estratégico José Barta, gracias a estos vehículos se podrían acometer inversiones en apoyo de las políticas públicas de viviendas en alquiler, desbaratando las expectativas de los fondos buitre. Además, permitirían reducir la deuda de la Administración Local y Autonómica.

El ministerio de vivienda ha cerrado las cinco primeras compras de suelo privado, con una inversión de 126,5 millones de euros, para construir previsiblemente 5.600 viviendas públicas.

Alcorcón, localidad de Madrid, sumará 18.000 viviendas públicas más en su haber y un área empresarial de 3,5 millones de metros cuadrados.

El cabildo de tenerife está en pleno proceso de búsqueda de suelo para la construcción de las 10.000 viviendas públicas de 2009 a 2011.