Otro año acaba sin atisbos de una mejora de la situación de la vivienda, que ya es la principal preocupación de los españoles, según el CIS. Lejos de reducirse la intervención del Gobierno en el mercado residencial, se ha vuelto a dar una vuelta de tuerca en este 2025 con la entrada en vigor del Registro Único de alquileres turísticos, de temporada y por habitaciones, el fin de la ‘golden visa’, la entrada de más municipios entre las zonas tensionadas, mientras sigue aparcado en el Congreso la regulación los alquileres de corta duración, que ya ha aprobado Cataluña. Se ha puesto marcha la Empresa Estatal de Vivienda y un exigente seguro público de impago de alquiler para los propietarios, mientras Europa ha presentado su propio Plan de Vivienda asequible.
El último Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) del año vuelve a situar a la vivienda como el primer problema de los españoles. Las dificultades para tener un lugar donde vivir preocupa a un 39,9% de la población, tan sólo una décima menos que el mes anterior, cuando marcó récord, con un 40%. La vivienda estrenó esta primera posición en la tabla de preocupaciones nacionales en el barómetro de diciembre de 2024 (22,3%) y no ha abandonado ese puesto desde entonces.
La situación del mercado de la vivienda en venta y en alquiler preocupa a los ciudadanos, a los actores del sector y a las Administraciones Públicas. En el caso del Gobierno central, esa inquietud se ha convertido en ofuscamiento durante siete años, tratando de controlar los alquileres (cambios en la LAU, límites a la subida de rentas, Ley de Vivienda), pero que lo único que ha conseguido es ser un actor destacado en el problema del acceso a la vivienda en nuestro país.
El año comenzó fuerte para el Gobierno con el anuncio de Pedro Sánchez de un nuevo paquete de medidas en materia de Vivienda, de los muy pocos son una realidad actualmente, poco más que el seguro público ante impagos del alquiler, el PERTE a la construcción industrializada de vivienda o la puesta en marcha de la Empresa pública de Vivienda (Casa47).
En el tintero se ha quedado la exención del 100% sobre el impuesto de la renta sobre las personas físicas (IRPF) a los propietarios de viviendas que las pongan en alquiler según el índice de referencia estatal, y sin la necesidad de que se encuentren en una zona declarada como mercado residencial tensionado; la puesta en marcha de un nuevo programa de rehabilitación de viviendas vacías que se destinen al alquiler asequible; un incremento de impuestos a los compradores extracomunitarios no residentes en España; el cambio del régimen de ventajas fiscales de las socimis, para que solo apliquen a la promoción de vivienda en alquiler asequible, o la reforma fiscal en el Congreso para que los pisos turísticos tributen como una actividad económica.
El anuncio hecho en enero del seguro de alquiler se ha cumplido 'in extremis' con la aprobación en Consejo de Ministros el pasado 9 de diciembre. Será una cobertura por los impagos del arrendamiento, daños causados a la vivienda o suministros debidos que gestionarán las CCAA, aunque aún se desconoce su presupuesto, y en el que hay que cumplir unos estrictos requisitos si el propietario quiere beneficiarse, como sea para jóvenes y personas vulnerables o que se apliquen rentas que superen el índice estatal de referencia o para contratos en vigor a 30 de enero de 2025.
Mientras, la Ley de Vivienda cumple dos años y medio, mientras se amplían las ciudades que se han declarado zonas de mercado residencial tensionado, destacando las tres capitales vascas, Pamplona y A Coruña. España cierra 2025 con más de 300 municipios declarados como zona tensionada en vivienda.
Una declaración que se ha convertido en uno de los grandes caballos de batalla con las comunidades autónomas gobernadas por el PP, que echan la culpa a esta ley de la reducción de la oferta de viviendas en alquiler y la escalada de precios en todas las capitales españolas, además de impedir la creación de más suelo para levantar viviendas con una Ley del Suelo que se ha quedado obsoleta, y que tras su reforma pendiente en mayo de 2024 no ha vuelto a ponerse sobre la mesa de debate entre Gobierno y CCAA.
Los partidos de la oposición e incluso los que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez han criticado la Ley de Vivienda por intervencionista y generar mayor inseguridad jurídica entre los propietarios, ahuyentando la oferta de casas disponibles, lo que hace que crezcan los precios, o por quedarse insuficiente en sus medidas. Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular se han negado a aplicar las zonas tensionadas y la regulación de precios, y además han criticado la invasión de competencias.
Que la Ley de Vivienda no ha logrado sus objetivos ni ha solucionado el reto de la escasez de vivienda asequible, sobre todo en las grandes ciudades, se demuestra con las nuevas medidas de intervención del Gobierno en el mercado del alquiler, como la creación del Registro Único de Alquiler Turístico y de Temporada, por el que tanto los pisos turísticos como los alquileres de temporada que se comercialicen en plataformas que permitan celebrar el contrato a distancia deberán contar con un número de registro obligatorio, como ya ocurre con muchas propiedades vacacionales en las CCAA que ya cuentan con ello.
Se alega un traspaso de pisos de alquiler tradicional a otros tipos de arrendamientos, como los alquileres de temporada, por habitaciones o alquileres turísticos pero no representan ni la mitad del stock residencial que ha desaparecido del mercado desde 2020. Según los últimos datos de idealista, el alquiler de temporada supone el 15% de todos los pisos anunciados en arrendamiento, no ha parado de crecer desde la pandemia.
La iniciativa de los partidos a la izquierda del PSOE en el Congreso para regular los alquileres de temporada y de habitaciones se ha estancado, tras el anuncio de Junts contra todas las iniciativas legislativas del Gobierno, por lo que se tendrá que esperar a 2026 para ver si finalmente se aprueba.
En este contexto, el Parlament de Cataluña ha aprobado regular el alquiler de temporada y de habitaciones en la Comunidad Autónoma, por el que estos arrendamientos quedarán sujetos a la Ley de Arrendamiento Urbanos (LAU) y pasarán a estar limitados por las zonas tensionadas de la Ley de Viivenda.
Otra de las peleas en este 2025 se ha centrado en la invasión de competencias por parte del Estado y puesta en marcha del Plan de Vivienda 2026-2030, que aún está pendiente de aprobación en el Consejo de Ministros, y ya tendrá que llegar en 2026.
El Gobierno promete impulsar la construcción de viviendas para los próximos cinco años, pero no ha encontrado el consenso esperado ni a un lado ni al otro del Parlamento.
La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, presentó un plan que prevé una inversión de 7.000 millones de euros, de los que el 60% será asumido por el Estado, mientras que el 40% restante corresponderá a las comunidades autónomas.
En este impulso por levantar más vivienda pública, el Ministerio ha transformado la Sociedad Estatal del Suelo (Sepes) en la Empresa Pública de Vivienda, bautizada como Casa47 que se encargará de gestionar y promover el parque público estatal. Para ello un lado, ha absorbido prácticamente todas las viviendas disponibles de Sareb para alquiler social, unas 40.000 unidades, y está acaparando los suelos de otros Ministerios, como Defensa o Interior, para empezar a levantar vivienda.
Las viviendas de alquiler que pondrá el Estado a disposición de la ciudadanía a través de esta infraestructura serán asequibles y que los contratos tendrán una vigencia máxima de 75 años, con prórrogas continuadas de 14 años.
Otras de las medidas aprobadas este año pero que ya quedan lejos entre tanto ruido y confrontación política es el fin el pasado mes de abril de las conocidas ‘golden visa’, los permisos de residencia para los extranjeros no residentes extracomunitarios que se concedían por inversión en vivienda, por un valor mínimo de 500.000 euros.
Entre 2013 y 2025, se concedieron casi 16.000 visados a ciudadanos extranjeros no comunitarios, apenas el 0,3% de las viviendas transaccionadas en todos esos años. El Gobierno justificó en ese momento dar por finalizado el programa de las ‘golden visa’ por el repunte de la compra de viviendas por parte de extranjeros no residentes desde 2022, sobre todo de británicos (tras el Brexit), rusos, chinos y latinoamericanos.
Este año también se ha puesto en marcha el nuevo índice de actualización anual de los contratos de alquiler de vivienda, por el que la subida anual de las rentas nunca será superior a la inflación. Los contratos en vigor firmados tras la Ley de Vivienda (26 de mayo de 2023) se rigen por el índice IRAV, mientras que los contratos firmados antes de esta ley, volverán a regirse por el pacto entre las partes, que generalmente es por la inflación (IPC).
En el último dato conocido de noviembre, el Índice IRAV ha cerrado en el 2,29%, máximo de la serie que arrancó hace un año, aunque siempre por debajo del IPC, que en el penúltimo mes alcanzó el 3%.
El último Consejo de Ministros del año ha aprobado dos reales decretos, en los que se incluye la prórroga de la suspensión de los desahucios por impago del alquiler a familias vulnerables, la prohibición de cortar los suministros básicos del hogar y las ayudas para la mejora energética de viviendas y edificios. Estas medidas se han ido prorrogando de forma sistemática desde la pandemia.
El Gobierno no es la única institución que plantea iniciativas en materia de vivienda. Bruselas ha presentado el primer Plan para la Vivienda Asequible de la UE. Una hoja de ruta comunitaria que busca facilitar el acceso al mercado residencial tanto a las clases trabajadoras como a los jóvenes y las personas sin hogar.
Según ha adelantado el Comisario de Energía y Vivienda, el danés Dan Jorgensen, la UE pondrá en marcha una plataforma paneuropea que aúne inversión público-privada, impulsará que salgan al mercado viviendas vacías, aprobará una nueva regulación de los alquileres de corta duración, simplificará la burocracia, fomentará la formación de mano de obra y buscará fórmulas para luchar contra la especulación en el mercado residencial. También se presentarán medidas específicas para los jóvenes y las personas en situación de sinhogarismo.
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2 Comentarios:
Hola, no me parece nada serio este articulo "El año en el que la vivienda se ha convertido en el principal problema de los españoles". Ayuso no ha tendo ningun problema en comprarse 2 aticos en el centro. A ver si hablamos con propiedad. Gracias
No acabo de comprender el fenómeno. Se ven muchas casas y pisos deshabitados., dicen que no hay gente, que los jóvenes se estan yendo, que hay baja natalidad, la tasa de crecimiento de la población está disminuyendo lo que explicaría que no hay mano de obra y que necesitan migrantes. La solución no es hacer mas y mas viviendas, creo yo; lo que se debería hacer es fomentar el trabajo en línea y hacer atractivo habitar en poblaciones chicas donde cabe rescatar calidad de vida. Tambien las industrias del agro y en general, deberían recibir incentivos para producir en esas poblaciones, y para allá se traslada la gente. En las grandes ciudades se está fomentando la inflación con políticas amañadas y muy convenientes para algunos pocos.
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