Jaume Collboni

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado quintuplicar el presupuesto de las ayudas a las comunidades de propietarios que prohíban los pisos turísticos tras el "éxito" inicial de la medida, ya que las solicitudes superaron en un 30% las previsiones que manejaba el consistorio. La partida destinada a este fin pasa de 56.000 a 256.000 euros, con un máximo de 2.500 euros por comunidad, mientras que el plazo para pedir las subvenciones se extiende hasta el próximo 31 de diciembre.

El tope de los precios de los alquileres ya llevan dos años en vigor en Barcelona y otras grandes ciudades de Cataluña. Una medida que, según los expertos, no solo no soluciona los problemas actuales de acceso a la vivienda, sino que está provocando que el proceso de selección de inquilinos sea cada vez más severo y excluyente, lo que está perjudicando a los colectivos que más necesitan ayuda, como jóvenes o familias con rentas medias-bajas. Además, alertan de que el fin de los pisos turísticos en la capital catalana no aumentará la oferta de viviendas de arrendamiento, ya que la mayoría saldrán a la venta.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha reclamado este martes a la Unión Europea que sitúe la vivienda al mismo nivel que otras prioridades estratégicas como la defensa y ha insistido en la necesidad de que el próximo presupuesto comunitario incluya financiación directa para que las ciudades pue

El Ayuntamiento de Collboni mantiene el grifo abierto a la constelación de entidades afines a Colau y los Comuns con subvenciones que llegaron a medio millón de euros en 2025 según un documento al que ha podido tener acceso idealista/news.

En plena semana del Mobile World Congress (MWC), cuando Barcelona intenta proyectarse al mundo como capital tecnológica global, la patronal de los apartamentos turísticos, Apartur, ha decidido lanzar una ofensiva mediática contra la eliminación de las licencias de pisos turísticos en la ciudad. Su mensaje, publicado como anuncio en varios de los principales diarios de tirada nacional en Barcelona, es tan directo como provocador: “¿Vienes a Barcelona para un congreso? Prepárate para dormir en un stand”.

El Ayuntamiento de Barcelona ha puesto en marcha este viernes una polémica convocatoria de ayudas dirigidas a las comunidades de propietarios que incorporen en sus estatutos la prohibición del uso turístico de vivienda, una medida que refuerza la estrategia del Gobierno municipal para reducir la presencia de pisos turísticos en la ciudad a la vez que genera críticas desde el sector turístico y parte del mercado inmobiliario.

El Ayuntamiento de la capital catalana ha anunciado la puesta en marcha de una nueva ayuda para pagar el alquiler dirigida a mayores de 55 años que vivan solos y familias monoparentales. Se trata de una prestación de hasta 400 euros mensuales que se concederá durante un año si se cumplen varios requisitos, como que los potenciales beneficiarios estén en situación de vulnerabilidad y residan en un piso de alquiler en Barcelona cuya renta no supere los 1.100 euros. La convocatoria se abrirá previsiblemente este viernes, 20 de febrero.

La reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones vuelve a agitar la política municipal en Barcelona en un momento especialmente sensible: la recta final del mandato y el horizonte electoral cada vez más cerca.

En Barcelona, las grúas parecen moverse más despacio, o directamente quedarse quietas, justo cuando la ciudad más necesita lo contrario. En plena crisis de vivienda, la capital catalana cerró 2025 con solo 1.195 viviendas visadas, un 39% menos que el año anterior y el peor dato en una década. Y en el sector hay un culpable recurrente en el punto de mira: el 30% de reserva para vivienda protegida que se impulsó durante el mandato de Ada Colau, una norma que, según denuncian, ha enfriado la promoción y ha empujado inversión hacia fuera de la ciudad.

El debate sobre cómo frenar la escalada del alquiler ha llegado al Senado con un choque político que refleja dos formas opuestas de abordar la crisis de la vivienda. El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido el control de precios como una medida necesaria para aliviar la presión sobre los inquilinos en los mercados más tensionados, mientras que una mayoría de fuerzas, PP, Vox, Junts y PNV, ha coincidido en criticar este modelo y en advertir de sus posibles efectos sobre la oferta de vivienda y la seguridad jurídica.

Cuando muchos agentes del sector inmobiliario todavía intentan digerir la estricta normativa sobre reserva de vivienda social y las tensiones continuas en el mercado local, el Ayuntamiento de Barcelona ha dado un paso más que vuelve a poner el foco en la intervención pública directa sobre el parque residencial. El pleno municipal ha aprobado una nueva ordenanza de tanteo y retracto que no solo fortalece el derecho preferente del consistorio para comprar edificios enteros, sino que además permite ceder ese derecho a terceros, como cooperativas, entidades sin ánimo de lucro o incluso a los propios vecinos, para destinarlos a políticas sociales.

El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Ayuntamiento de Barcelona han sellado un acuerdo histórico para dar respuesta a la crisis de la vivienda en la ciudad condal. Con una financiación de 113 millones de euros, se construirán 640 viviendas sociales de alquiler entre 2026 y 2030 que beneficiarán a más de 2.000 personas en situación de vulnerabilidad. El proyecto, que sitúa la innovación y la sostenibilidad en el centro, forma parte de un plan europeo más amplio que destinará 4.000 millones de euros a vivienda asequible en 2025.

La Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona ha denunciado en la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda del Parlamento Europeo el fin de las viviendas de uso turístico dentro de tres años. Según su directora general, Marian Muro, la supresión de las licencias no implicará de forma automática un aumento de la oferta de viviendas, mientras que provocará pérdidas de 1.900 millones de euros a la capital catalana y pondrá en riesgo 40.000 empleos. Y ha pedido a la UE velar por la aplicación de medidas proporcionales, coherentes y basadas en el diálogo y el análisis.

Siete años después de su aprobación, la norma que obliga a reservar el 30% de vivienda social en las nuevas promociones de Barcelona está en el punto de mira. El presidente del grupo popular en el Ayuntamiento, Daniel Sirera, ha dado un paso al frente dirigiéndose por carta al alcalde Jaume Collboni (PSC) y al líder de Junts per Barcelona, Jordi Martí, para proponer un pacto tripartito que elimine esta obligatoriedad y desbloquee la construcción residencial en la ciudad.

El Ayuntamiento de Barcelona ha decidido sacar pecho con la compra de un edificio tapiado en el barrio del Camp d’en Grassot, en Gracia, por un importe de 2,16 millones de euros, incluyendo rehabilitación. El inmueble, situado en el pasaje de Alió número 21, cuenta con once pisos vacíos distribuidos entre planta baja y cuatro alturas. Durante años ha permanecido en estado de abandono, hasta el punto de tener que ser desalojado por motivos de salubridad y seguridad. Ahora se convierte en “pieza clave” para engrosar el parque de vivienda pública de la ciudad.

Junts ha roto las negociaciones con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, para reformular la polémica normativa que obliga a destinar el 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda protegida. La formación independentista considera que “el PSC no tiene una propuesta clara” y ha retirado su apoyo a cualquier cambio en la norma vigente. El grupo municipal se desmarca así del pacto que el gobierno de Collboni buscaba tejer para modificar una medida que el propio alcalde ha considerado “ineficiente” en varias ocasiones, y que apenas ha generado vivienda social desde su entrada en vigor en 2018.

El Ayuntamiento de Barcelona, liderado por el alcalde Jaume Collboni, está trabajando en una propuesta para flexibilizar la polémica medida que obliga a destinar el 30% de las nuevas promociones y grandes rehabilitaciones a vivienda protegida. El objetivo, según el consistorio, es agilizar la construcción de pisos asequibles, una asignatura pendiente en la ciudad.

Barcelona tiene previsto invertir una cifra récord de 320 millones de euros hasta 2029 para reforzar su parque de vivienda pública y atajar la creciente crisis de precios que afecta al mercado inmobiliario. Este ambicioso plan, presentado por el gobierno municipal, busca no solo aumentar la oferta de vivienda asequible, sino también actuar como un dique de contención frente a la especulación y los elevados costes de alquiler y compra en la ciudad.

Barcelona pone fecha de caducidad a los pisos turísticos. El alcalde Jaume Collboni ha anunciado que el Ayuntamiento no renovará ninguna de las licencias de viviendas de uso turístico (HUT) una vez expiren en noviembre de 2028. La medida afectará a los más de 10.000 pisos con licencia legal en la ciudad y supone un giro radical en la política de alojamiento turístico. Collboni trasladará personalmente esta decisión al presidente de Airbnb, Brian Chesky, en una reunión prevista en las próximas semanas.

Un grupo de 15 ciudades europeas liderado por Barcelona ha instado este jueves a la Comisión Europea a poner en marcha un Fondo de Vivienda Asequible que permita movilizar un mínimo de 300.000 millones de euros anuales para financiar viviendas sociales y renovar el parque actual en todos los Estados miembro. Así lo recoge el Plan de Acción Europeo de Vivienda elaborado por la alianza 'Mayors for Housing' (Alcaldes por la vivienda), que también incluye a Ámsterdam, Atenas, Bolonia, Budapest, Florencia, Gante, Leipzig, Lisboa, Lyon, Milán, París, Roma, Varsovia y Zagreb.

Con la maleta cargada de propuestas y el firme propósito de situar la vivienda en el epicentro de la agenda europea, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, emprende esta semana un viaje clave a Bruselas. Durante los días 14 y 15 de mayo, Collboni participará en diversas reuniones y sesiones de trabajo en las instituciones europeas, reafirmando el liderazgo de Barcelona en la defensa del derecho a la vivienda a nivel continental.

El Ayuntamiento de Barcelona continúa con su estrategia para ampliar el parque público de vivienda con la adquisición de un nuevo edificio en el barrio de la Sagrada Familia. El inmueble, situado en la confluencia de las calles València y Sardenya, ha sido adquirido por 4,8 millones de euros mediante el ejercicio del derecho de tanteo y retracto, según ha informado el consistorio. Tras esta operación, serán diez las viviendas que se sumen al parque público de la ciudad.

Las cosas se le complican al alcalde de la capital catalana. Junts per Catalunya ha intensificado la presión sobre el primer mando de Barcelona, Jaume Collboni, al condicionar su apoyo a la reforma de la reserva del 30% de vivienda protegida en nuevas promociones inmobiliarias a la implementación de un paquete integral de medidas destinadas a abordar la crisis habitacional en la ciudad. El líder de Junts en el consistorio, Jordi Martí Galbis, ha declarado que "la pelota está en el tejado de Collboni", exigiendo que el gobierno municipal adopte una serie de iniciativas clave para garantizar su respaldo a la modificación de la normativa vigente.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y 11 alcaldes más de la red 'Mayors for Housing' presentarán durante esta primavera un plan de emergencia de vivienda en la Comisión Europea, anticipándose así al documento oficial previsto para 2026: "No podemos esperar más", ha dicho Collboni. Así lo ha anunciado en el Parlamento Europeo, donde el primer edil se ha reunido con sus homólogos de ciudades como París, Roma, Ámsterdam, Atenas, Leipzig, Gante, Varsovia, Lisboa, Bolonia, Budapest y Lyon, que han consensuado un documento de propuestas que se entregará al primer comisionado de Vivienda de la Comisión Europea, Dan Jorgensen.

El Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado inicialmente una nueva ordenanza para regular los precios de las residencias de estudiantes y los alojamientos dotacionales, con el objetivo de garantizar su función social y "evitar la especulación en este segmento del mercado inmobiliario". La medida, impulsada por la Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda, establece un sistema de precios máximos y detalla las condiciones de acceso y estancia en estos alojamientos, que están ubicados en suelos calificados como equipamiento.