Cuando muchos agentes del sector inmobiliario todavía intentan digerir la estricta normativa sobre reserva de vivienda social y las tensiones continuas en el mercado local, el Ayuntamiento de Barcelona ha dado un paso más que vuelve a poner el foco en la intervención pública directa sobre el parque residencial. El pleno municipal ha aprobado una nueva ordenanza de tanteo y retracto que no solo fortalece el derecho preferente del consistorio para comprar edificios enteros, sino que además permite ceder ese derecho a terceros, como cooperativas, entidades sin ánimo de lucro o incluso a los propios vecinos, para destinarlos a políticas sociales.
La norma, que se encuadra en la estrategia de expansión del parque público de vivienda asequible en una ciudad con precios desbocados y una oferta muy restringida, prioriza la adquisición de fincas con más de diez viviendas, inmuebles vacíos o edificios con colectivos vulnerables, como personas con discapacidad, y en barrios con riesgo de gentrificación. Además, establece que el precio máximo de compra no puede superar el valor medio de venta del barrio, descontando los costes de rehabilitación necesarios.
Con este cambio, el Ayuntamiento podrá incluso renunciar a comprar un inmueble directamente y traspasar su derecho de tanteo y retracto, la facultad de comprar antes que un particular, a entidades promotoras de vivienda pública o privada sin ánimo de lucro, o a las propias personas ocupantes legales de los inmuebles. La idea es que estos actores puedan movilizar viviendas hacia usos sociales sin que una gran parte de edificación quede secuestrada por la especulación o el mercado libre.
Los defensores de la medida la presentan como una herramienta para impulsar la creación de vivienda asequible y consolidar un parque público más amplio en un contexto donde construir nuevos bloques es cada vez más difícil por falta de suelo y costes crecientes. Sin embargo, sectores vinculados al mercado inmobiliario advierten de que esta apuesta por la intervención pública puede intensificar la inseguridad jurídica y retraer la inversión privada en la ciudad, que ya arrastra una normativa urbanística y de vivienda especialmente exigente.
La ordenanza se suma a otras políticas locales y autonómicas que han incrementado el peso del control público sobre las transmisiones de vivienda en Barcelona y Cataluña en los últimos años, como las ampliaciones recientes del derecho de tanteo y retracto contempladas por la ley catalana del derecho a la vivienda y los ajustes normativos de 2025.
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