Ley de Vivienda

EH-Bildu, Más País-Equo y Compromís han avanzado este martes en el Congreso que sumarán sus votos a los del Gobierno para rechazar este jueves las enmiendas de devolución con las que el PP, Ciudadanos, el PNV, el PDeCAT y Junts buscan tumbar el proyecto de ley de Derecho a la Vivienda. El Gobierno sigue dependiendo de Esquerra Republicana (13), que no ha aclarado su voto en las enmiendas de devolución pero ha presentado una propuesta alternativa.

El Gobierno de coalición afronta esta semana otra votación ajustada en el Congreso de los Diputados, esta vez con una de sus iniciativas 'estrella': el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda. Una normativa muy criticada por el sector inmobiliario y que incluye medidas como la regulación del precio del alquiler. La primera votación se realizará el jueves, con el rechazo de PP, Ciudadanos, PNV, PDeCAT o Junts. Los votos en contra se encuentran muy cerca de la mayoría absoluta, por lo que es posible que el Pleno tumbe la normativa.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado la transferencia a las CCAA de 500 millones de euros para la construcción de viviendas sociales, como parte de las medidas para facilitar el acceso a un hogar a las poblaciones más vulnerables. Es la mitad de la partida de 1.000 millones que el Plan de Recuperación tiene destinado para este objetivo. Además, ha vuelto a defender la Ley de Vivienda que se tramita en la Cámara Baja porque "ni ataca la propiedad privada ni invade competencias de las autonomías".

El PP, Ciudadanos, el PNV, Junts y el PDeCAT han registrado en el Congreso enmiendas de devolución al proyecto de ley de Vivienda con la intención de tumbar la iniciativa en su primera votación, prevista para marzo, mientras que Esquerra Republicana ha optado por plantear un texto alternativo a la propuesta del Gobierno de coalición. Vox podría sumarse a este bloque, que sumaría 163 votos. Las formaciones rechazan el texto por la invasión de competencias autonómicas y el ataque que supone para la propiedad privada, y afirman que el Gobierno está a tiempo de plantear y aprobar una nueva ley antes del 30 de septiembre, como prometió a Bruselas.

El secretario general de Agenda Urbana y Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), David Lucas, ha reconocido que el proyecto de Ley estatal por el Derecho a la Vivienda ha sido "controvertido" pero "necesario para afrontar este derecho". Ha defendido la necesidad de esta normativa para terminar con la especulación de los alquileres, blindar los parques públicos, evitar los desahucios de las personas vulnerables y garantizar el derecho a la vivienda, el quinto pilar del Estado del Bienestar.

El CEO de Colliers participó en Efimad, un evento inmobiliario organizado por Asprima y Caixabank, y se mostró muy crítico con la nueva ley de vivienda del Gobierno. “La ley de vivienda es el metaverso del populismo”, afirmó durante el encuentro.

El PDeCAT ha avanzado que va a pedir la devolución al Gobierno del proyecto de Ley de Vivienda, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 1 de febrero, por rechazar el grueso de su contenido y considerar que supone una "invasión competencial" a las comunidades autónomas.

El CEO de la consultora Colliers ha participado junto a Sandra Daza, directora de Gesvalt, en un evento organizado por el IE en la recientemente estrenada IE Tower. Durante el encuentro Echavarren se ha mostrado crítico con la nueva Ley de Vivienda, aunque ha advertido que el mercado "ya trabaja descontando que no se va a aplicar". Por su parte, Daza ha explicado que si finalmente se aplica la mayor consecuencia será una disminución de la oferta de viviendas en el mercado de alquiler.

El Proyecto de la Ley de Vivienda inicia su tramitación parlamentaria con el objetivo de que entre en vigor como muy tarde en el tercer trimestre del año. El texto incluye varias deducciones fiscales destinadas a los arrendadores particulares, aunque su puesta en marcha no será efectiva hasta 2024, cuando se presente la declaración de la Renta del ejercicio fiscal de 2023. Para entones estarán en vigor la bajada de la reducción general del 60% al 50% en los nuevos contratos y la del 60% si el inmueble ha sido rehabilitado. Las demás bonificaciones están supeditadas a que las CCAA declaren zonas de precios tensionadas.

El Consejo de Ministros ha aprobado el 1 de febrero el proyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda tras sufrir varios retrasos durante su proceso de elaboración. Por ello, ha pedido que se tramite por el procedimiento de urgencia en las Cortes para poder cumplir con los plazos que se había propuesto el Gobierno de coalición y poner en marcha la normativa antes del cuarto trimestre del año. A pesar de que afirma que es un texto garantista, el Ejecutivo no descarta la judicialización de su contenido.

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha insistido este jueves en que la futura Ley de Vivienda "no invade las competencias autonómicas" tras conocerse que la nueva propuesta del informe preceptivo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) recuerda al Gobierno que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica".

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por mayoría el nuevo informe preceptivo que han elaborado dos vocales sobre el anteproyecto de la Ley de Vivienda. El documento habla de un complejo encaje constitucional por invadir competencias autonómicas, de una redacción recargada y de unas medidas que no están justificadas y que podrían provocar un aluvión de procedimientos judiciales. El Ejecutivo estudiará las recomendaciones judiciales y prevé sacar adelante la normativa.

A finales de esta semana, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debe debatir sobre la nueva propuesta de informe sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, después de que fuera rechazado el primer texto a mediados de mes. El nuevo documento insiste en que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica", y recalca que la Constitución "no contiene un derecho subjetivo exigible ante los tribunales, sino una directriz constitucional que obliga a todos los poderes públicos a procurar la efectividad" del derecho a una vivienda digna.

El Consejo de Ministros ha aprobado el bono joven del alquiler, una ayuda para inquilinos de entre 18 y 35 años que recibirán hasta 250 euros durante dos años, siempre que cumplan unas condiciones, como unos ingresos de hasta 24.320 euros (tres veces el IPREM). Este cheque al alquiler va a tener efectos retroactivos desde el pasado 1 de enero, y será compatible con otras ayudas estatales y autonómicas. Podrá solicitarse previsiblemente en dos meses y beneficiará a más de 60.000 jóvenes, según el Ejecutivo.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su "absoluto respeto" a la posición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la Ley de Vivienda, aunque ha remarcado el compromiso del Ejecutivo con su aprobación con el objetivo de "construir el quinto pilar del estado de bienestar".

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, lamenta el nuevo retraso en la aprobación de la Ley de Vivienda, tras el rechazo del informe de la norma por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). A pesar de que insiste en que no hay conflicto competencial con las autonomías, recalca que el Gobierno tendrá en cuenta el contenido del informe que apruebe la justicia y que adaptará la ley si es necesario.

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha rechazado en la sesión extraordinaria celebrada el pasado 14 de enero el informe al anteproyecto de la Ley de Vivienda elaborado por un vocal del organismo judicial, que avalaba la normativa, pese a detectar algunas imprecisiones y carecer de una justificación suficiente para limitar el alquiler. El acuerdo del Pleno no es vinculante, aunque ha encargado la elaboración de un nuevo informe que será votado el próximo 27 de enero. Así, el Consejo de Ministros no podrá aprobar el anteproyecto al menos hasta principios de febrero.

El Consejo General del Poder Judicial debe debatir el próximo viernes el informe sobre el contenido del anteproyecto de la Ley de Vivienda, paso previo a su aprobación en el Consejo de Ministros y el inicio de su tramitación parlamentaria. La justicia cree que el texto es adecuado para reforzar el derecho a la vivienda, aunque también destaca unos 'peros'. Cree que no está suficientemente justificada la necesidad de controlar los precios del alquiler y que no están claros conceptos como la vivienda digna.

Los propietarios han comenzado a sopesar pasarse al alquiler de temporada porque es un segmento que si nada cambia quedaría fuera de las medidas que plantea la futura ley. De todos modos, los que decidan optar por esta modalidad deberán de tener mucho cuidado con el inquilino elegido porque la tipología del contrato tiene una serie de exigencias que deben de cumplir las dos partes implicadas.

El Ejecutivo ultima los detalles para aprobar próximamente la ayuda de 250 euros mensuales para jóvenes de entre 18 y 35 años que tengan un contrato de trabajo y no ganen más de 23.725 euros anuales. Este bono del alquiler cuenta con una partida de 200 millones de euros en los Presupuestos de 2022 y tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero. El Gobierno también quiere llevar al Consejo de Ministros el anteproyecto de la Ley de Vivienda para que inicie su tramitación parlamentaria tras el periodo de alegaciones.

El Anteproyecto de Ley de Vivienda está a la espera de su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros para iniciar un trámite parlamentario que se antoja largo hasta el segundo semestre de 2022. Con medidas como los incentivos fiscales a pequeños propietarios en el IRPF, límites a las rentas de grandes tenedores (que llegaría en 2024), un recargo en el IBI a las viviendas vacías por un tiempo prolongado o que el 30% de las promociones de obra nueva se destine a VPO, la ciudadanía se mantiene a la expectativa mientras el sector lo ha criticado por su carácter intervencionista que puede distorsionar la recuperación del mercado.

El anteproyecto de la Ley de Vivienda volverá al Consejo de Ministros en 2022 y no este 28 de diciembre, el último Consejo del año, como preveía la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

CaixaBank ha publicado un informe anual con los resultados del mercado inmobiliario durante el último año y sus previsiones para 2022: estima que el precio de la vivienda va a subir en un 4% debido al encarecimiento de las materias primas y el bloqueo en el comercio internacional.

El último barómetro del agente inmobiliario elaborado por Advancing, financiera especializada en pisos de alquiler, apunta a tres de cada cuatro agencias ya están por encima de los niveles de facturación prepandemia, que se ha acelerado la digitalización y la contratación de seguros de impago de las rentas y la búsqueda de inmuebles con espacio exterior. De cara al nuevo año, la mayoría de los agentes prevé mejoras en su negocio, aunque temen efecto adverso que puede tener en el mercado la Ley de Vivienda.

La Agencia Negociadora del Alquiler estima que los precios del alquiler subirán un 5% en 2022, como consecuencia de la Ley de Vivienda, cuya entrada en vigor está prevista para el segundo semestre del próximo año, y de la revisión anual de los contratos de acuerdo al IPC. La compañía cree que la nueva regulación provocará un estrangulamiento de la oferta, y recuerda que la inflación está impulsando las rentas.