La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha lamentado este lunes el retraso en la aprobación de la Ley de Vivienda, tras el rechazo del informe de la norma por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), e insiste en que no hay conflicto competencial.
En una visita al Puerto de Barcelona ha defendido que la norma sobre vivienda debe ser una ley que se apruebe con las máximas garantías jurídicas y que no se produzca una invasión competencial, y ha dicho que en ella se establece cómo se debe producir esa limitación de los precios del alquiler.
"No supone ningún conflicto en ningún caso. Estamos seguros de que su contenido cumple estrictamente con la ley y también respeta escrupulosamente las competencias de las comunidades autónomas", ha defendido.
Sánchez ha confirmado que ahora habrá que esperar al informe que se emite el 27 de enero, cuando tendrá lugar el nuevo Pleno ordinario del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), para luego valorarlo: "Como no puede ser de otra manera, tomaremos en consideración el contenido del informe que sea definitivo para poder adaptar la ley si es preciso a las consideraciones que se realicen".
La ministra también ha recordado que "desde el Ministerio ya se remitió la ley a principios de diciembre con la voluntad y vocación de tenerlo lo antes posible, pero en cualquier caso es una ley muy importante, trascendental y que pretende garantizar el acceso a una vivienda digna y adecuada, y que por tanto debe contar con las máximas garantías y toda la seguridad jurídica. Esa es nuestra voluntad".
Los vocales del CGPJ, que se reunían el pasado 14 de enero en sesión extraordinaria para estudiar la propuesta de informe al anteproyecto de la Ley de Vivienda, acordaron rechazarlo y cambiar al ponente, el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, para volver a estudiar una nueva propuesta a finales de mes en el pleno ordinario del 27 de enero.
El documento que había elaborado Cuesta en líneas generales avalaba la normativa planteada por el Gobierno, pese a detectar algunas imprecisiones y falta de justificación para poner en marcha medidas como el control de los precios del alquiler. Sin embargo, el informe fue rechazado por 15 votos en contra (6 a favor), tras las alegaciones formuladas por el vocal Enrique Lucas.
Según el comunicado remitido por la justicia, Lucas "advierte de que la propuesta de informe rechazada parte de una idea errónea, cual es que el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible porque algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las Comunidades Autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas”. Y recalca que el punto de partida del informe debe ser el artículo 148.1.3º de la Constitución, “que no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas, sino que, también, es un límite de las estatales”.
El texto del Ejecutivo recoge la regulación del precio del alquiler en zonas de mercado tensionadas, bonificaciones para incentivar que pequeños propietarios bajen las rentas a los inquilinos y medidas para fomentar el parque público de vivienda. Se trata de una normativa que ha creado desconcierto en el mercado y descontento en los expertos del sector inmobiliario.
Una ley que tardará en entrar en vigor
El anteproyecto fue aprobado por el Gobierno a finales de octubre, en plenas negociaciones de los Presupuestos Generales del Estado de 2022, aunque entonces se abrió un periodo de alegaciones. Durante ese trámite se presentaron 90 alegaciones en tiempo y forma por diferentes instituciones, entidades y particulares, según informaron fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma).
Posteriormente el texto llegó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que pudiera elaborar un informe preceptivo (que no vinculante). Tras el rechazo al primer informe, el Consejo de Ministros no podrá aprobar esta semana la normativa, por lo que tendrá que esperar hasta finales de enero para conocer la decisión del organismo judicial al nuevo texto. Una vez que éste reciba luz verde, la Ley de Vivienda será aprobada de nuevo por el Gobierno para iniciar después su tramitación parlamentaria. Y, según prevé el Ejecutivo, que esté en vigor en la segunda mitad de este año
La justicia rechaza el informe sobre la Ley de Vivienda: el CGPJ votará un nuevo texto a final de mes
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