Sentencia Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo, en STS 2923/2025, ha dado la razón a dos vecinas de Madrid en una larga disputa con su comunidad de propietarios por la posesión de dos trasteros. Tras más de 30 años de uso exclusivo, el Alto Tribunal ha reconocido como legítimas propietarias de estos espacios a estas mujeres, frente a la pretensión de la comunidad de recuperar los trasteros como elementos comunes. Considera que las demandadas habían adquirido la propiedad por prescripción adquisitiva, es decir, por haberlos disfrutado de manera pública, pacífica y continua durante más de tres décadas.

Un reciente fallo de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo introduce una excepción al criterio tradicional: los recursos de casación laboral podrán admitirse incluso cuando la cuantía del litigio no llegue al umbral de 150.000 euros, como establece la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), pero solo cuando se denuncia una infracción procesal que provoque indefensión y ponga en riesgo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, recogido en el artículo 24 de la Constitución Española. La sentencia supone un giro estratégico en la forma de afrontar litigios en materia laboral y de Seguridad Social, por lo que tiene efectos prácticos para empresas y trabajadores.

La ocupación ilegal de viviendas sigue siendo uno de los grandes problemas en España, especialmente en verano, cuando muchas casas permanecen vacías. El magistrado del Tribunal Supremo Vicente Magro ha señalado que la instalación de alarmas conectadas las 24 horas es el método más eficaz para frenar a los okupas, ya que permite a la policía actuar con pruebas inmediatas y contundentes del delito.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha reavivado el debate sobre qué ocurre con los bienes adquiridos dentro del matrimonio cuando la convivencia se rompe, pero sin que medie una separación o divorcio formalizado. ¿Qué pasa con esa vivienda comprada décadas después de haberse separado de hecho? ¿Se considera ganancial o privativa? La respuesta, esta vez, es clara: si hay desvinculación personal y patrimonial prolongada, el bien no entra en la sociedad de gananciales. El fallo, que resuelve un conflicto hereditario entre hermanas, refuerza una línea jurisprudencial consolidada que afecta a miles de parejas que no regularizaron su ruptura.

¿Puede uno de los cónyuges reclamar dinero si su expareja ha vivido durante años en la vivienda familiar tras la separación? El Tribunal Supremo ha respondido con contundencia: no, salvo que exista un pacto previo o una previsión judicial expresa. En una reciente sentencia, la Sala de lo Civil recuerda que el uso atribuido judicialmente tiene una función asistencial y no genera, por sí solo, un derecho de crédito frente al otro progenitor.

Una sentencia del Tribunal Supremo dictada en 2022 estableció con claridad que una comunidad de propietarios puede ser responsable solidaria de las deudas salariales generadas por una empresa subcontratada para prestar servicios esenciales, como los de conserjería. Tres años después, la Sala de lo Social ha vuelto a pronunciarse en la misma línea en su resolución del 9 de julio de 2025, lo que ha devuelto a la actualidad este criterio y reavivado el debate entre administradores de fincas, comunidades de vecinos y profesionales jurídicos sobre la correcta gestión y contratación de servicios en el ámbito comunitario.

En una sentencia dictada en junio de 2025, el alto tribunal ha sentado doctrina sobre un asunto especialmente sensible: el alcance económico de las legítimas y los límites de responsabilidad del heredero cuando hay conflicto entre familiares. La conclusión es inequívoca: la legítima debe satisfacerse con cargo al caudal relicto. En Cataluña, el heredero responde personalmente de su pago, conforme al artículo 451-15 del Código Civil de Cataluña, salvo que haya aceptado la herencia a beneficio de inventario, en cuyo caso su responsabilidad queda limitada al valor de los bienes hereditarios.

El Tribunal Supremo ha rechazado un recurso presentado por Sacyr contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de 2020 que le condenaba a pagar 3,5 millones de euros (más intereses) a su expresidente Luis del Rivero, como indemnización por su cese en 2011. De esta forma, el Alto Tribunal confirma el pago de esa indemnización por parte de la compañía, aunque también ha rechazado el recurso que presentó Del Rivero a esa misma sentencia de la Audiencia de Madrid, ya que pedía que el importe subiese a casi 9 millones de euros.

Muchas viviendas han sustituido las mirillas tradicionales por dispositivos electrónicos capaces de detectar movimiento, grabar imágenes o activar alertas móviles. Pero, ¿es legal instalar una cámara de este tipo en la entrada de casa cuando se vive en una comunidad de vecinos? El Tribunal Supremo acaba de aclarar que vulnera la intimidad de los vecinos. De hecho, recuerda que el derecho a la intimidad protege frente a cualquier forma de vigilancia no consentida en espacios próximos o vinculados al domicilio.

El Tribunal Supremo ha ratificado que la propietaria de un bar en Madrid deberá devolver a la comunidad de vecinos el uso de un patio común que ocupó ilegalmente desde 2004, cuando lo techó sin permiso alegando problemas de humos y olores, pero en realidad para ampliar el local. La sentencia estima el recurso de la comunidad, que durante años reclamó sin éxito la demolición del cerramiento, al entender que la obra alteraba un elemento común y que su modificación requería la autorización unánime de todos los propietarios.

El pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha dictado sentencia en la que establece que la indemnización por despido improcedente prevista en el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET) no puede verse incrementada en "vía judicial con otras cuantías que atiendan a las circunstancias concretas de cada caso". El Supremo indica que no se puede incrementar vía judicial esta indemnización sin que ello suponga ni una vulneración del artículo 10 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ni del artículo 24 de la Carta Social Europea revisada, en los que solo se indica que la indemnización debe ser adecuada.

Los funcionarios públicos que trabajan en turnos nocturnos o festivos están un paso más cerca de ver reconocido un derecho que hasta ahora muchos consideraban difuso. El Tribunal Supremo ha establecido que cuando la prestación de servicios en turnos nocturnos o festivos forma parte estructural y habitual de la jornada ordinaria del funcionario, la retribución asociada a dichos turnos debe percibirse también durante los períodos de vacaciones, permisos retribuidos o incapacidad temporal, aun cuando no haya una prestación efectiva durante esos periodos.

El Tribunal Supremo ha sentenciado que Hacienda no puede calcular el valor de un piso sin haber accedido a su interior. El fallo considera que este método, basado únicamente en comparativas con otros inmuebles de la zona, vulnera los derechos del contribuyente si no tiene en cuenta elementos esenciales como el estado de conservación, las reformas o la distribución real de la vivienda.

El distanciamiento entre padres e hijos no siempre nace del rencor. A veces, simplemente ocurre. Pero ¿puede esa falta de contacto justificar que un progenitor excluya a sus descendientes del reparto de su herencia? El Tribunal Supremo se ha pronunciado con claridad, y una vez más, la ley no permite desheredar sin una causa bien justificada. En una sentencia de junio ha confirmado que, aunque el vínculo esté prácticamente roto y la relación sea casi inexistente, eso no basta para apartarlos de su legítima hereditaria. La clave está en el motivo y la prueba.

El Tribunal Supremo ha reiterado una doctrina establecida que incide directamente en los derechos económicos de los trabajadores: el recargo por mora salarial. Cuando una empresa se retrasa en pagar la nómina, el artículo 29.3 del Estatuto de los Trabajadores no deja lugar a dudas: debe abonar un recargo del 10% sobre lo que se adeuda. Y esta vez, lo ha recordado en el caso de más de una treintena de médicos.

El Tribunal Supremo ha rechazado los recursos presentados por las entidades financieras condenadas por falta de transparencia en la comercialización de préstamos hipotecarios que incluían cláusulas suelo en una acción colectiva de la asociación Adicae. Un caso que lleva más de una década en los tribunales y que implica a decenas de bancos y más de 800 consumidores. Tras desestimar los recursos interpuestos, el sector financiero se enfrenta a la devolución de más de 190 millones de euros, según calcula la asociación, y abre la puerta a reclamaciones masivas, siguiendo el criterio del Tribunal de Justicia de la UE.

En un contexto en el que el trabajo a distancia se ha consolidado como una fórmula habitual en muchas empresas, una pregunta ha empezado a resonar con fuerza: ¿dónde debe acudir un teletrabajador si quiere impugnar su despido? El Tribunal Supremo ha despejado esta incógnita con una sentencia que puede marcar un antes y un después en la manera de plantear los litigios laborales. El fallo establece que el juzgado competente será el del lugar donde realmente se prestan los servicios, aunque ese lugar sea el domicilio particular del trabajador y el contrato diga algo distinto.

En una nueva sentencia clave sobre derecho de familia, el Tribunal Supremo ha vuelto a marcar el camino en materia de custodia compartida y atribución de la vivienda familiar tras el divorcio. En concreto, ha fijado un plazo de dos años como máximo para que uno de los progenitores mantenga el uso de la vivienda común. Con esta decisión, el Alto Tribunal insiste en que el uso del domicilio no puede prolongarse hasta la mayoría de edad de los hijos cuando existe custodia compartida, reforzando una doctrina que pone el foco en la proporcionalidad y en la titularidad de la vivienda.

El Tribunal Supremo ha avalado el proyecto urbanístico del futuro barrio de Valgrande de Alcobendas con el que se prevé la creación de 8.600 viviendas, pero retrasa su desarrollo urbanístico por un defecto técnico al apreciarse un error en la evaluación ambiental estratégica de un caballón o montaña artificial. La Junta de Compensación señala que va a estudiar el fallo para, a partir de esta resolución, adoptar las medidas que sean necesarias para impulsar este proyecto y lamenta que se retrase el proyecto, que acumula "25 años de trabajo, inversión y de ilusión para muchos propietarios”.

Iberia tendrá que reforzar sus protocolos de prevención de riesgos laborales tras confirmarse que el cierre de los maleteros en sus Airbus 350 supone un esfuerzo físico que puede comprometer la salud de los tripulantes de cabina de pasajeros (TCP).El 3 de abril de 2025, el Tribunal Supremo desestimó

Tras una separación, la atribución del domicilio familiar se convierte en una de las cuestiones más sensibles: ¿quién tiene derecho a quedarse cuando hay hijos y ambos progenitores comparten su custodia? El Tribunal Supremo ha zanjado la cuestión en su sentencia 1765/2025, dictada el 21 de abril, donde precisa que la atribución del uso de la vivienda no puede extenderse hasta que los hijos cumplan la mayoría de edad, aunque exista desigualdad de ingresos entre los progenitores. Una decisión que no solo resuelve un caso concreto, sino que refuerza una doctrina que busca equilibrio y proporcionalidad en contextos cada vez más habituales.

Una sentencia del Tribunal Supremo ha puesto fin a una de las controversias más relevantes en materia de fiscalidad del alquiler, concluyendo que los propietarios que alquilaron sus inmuebles antes de julio de 2021 pueden aplicar la reducción del 60% en su declaración de la renta también sobre los importes que resulten de una regularización de Hacienda. En la sentencia, el Alto Tribunal establece que la reducción debe aplicarse sobre el rendimiento neto total regularizado, incluso cuando éste se derive de una comprobación posterior: es decir, si el contribuyente declaró menos beneficio del que finalmente se determina, también podrá aplicar esta reducción sobre el nuevo importe.

El Tribunal Supremo resuelve la polémica sobre los gastos de comunidad en las viviendas de protección pública gestionadas por la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS). El Alto Tribunal determina que, si así se establece en el contrato, estos costes pueden recaer sobre los inquilinos, dejando claro que prima la normativa autonómica sobre la ley estatal en estos casos. Esta decisión afecta a 27 arrendatarios, que reclamaban la devolución de un total de 66.000 euros abonados en concepto de gastos de comunidad.

El Tribunal Supremo ha marcado un límite claro en el creciente universo del trabajo a distancia. En una reciente sentencia, ha tumbado varias cláusulas incluidas en un acuerdo individual de teletrabajo firmado en el sector energético, al considerar que vulneraban los derechos de los trabajadores. La resolución aclara qué puede y qué no puede incluirse en estos pactos, cada vez más frecuentes en el tejido empresarial español. El Supremo recuerda que el artículo 8.1 de la Ley de Trabajo a Distancia (LDT) exige que cualquier modificación del porcentaje de presencialidad en el acuerdo a distancia quede siempre objetivada por escrito y con el previo acuerdo de empresa y trabajador.

Una reciente sentencia del Tribunal Supremo ha sentado un criterio decisivo sobre cuándo los inquilinos pueden (o no) ejercer su derecho de adquisición preferente en caso de venta del inmueble en el que viven, aclarando la interpretación del artículo 25.7 de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). El caso resuelto por la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo en su sentencia 592/2025, de 21 de abril analiza la venta en bloque de varias promociones inmobiliarias por parte de una entidad pública. La clave, apunta el Alto Tribunal, no radica en si se vendió todo el edificio o si había más inmuebles en juego, sino en si el arrendador transmitió todas las unidades que poseía en ese inmueble. En este caso, así fue.