Vivienda okupada

Las segundas residencias, generalmente, están deshabitadas durante largos periodos de tiempo.

En España, la ocupación ilegal de viviendas se ha convertido en un problema creciente que afecta tanto a propietarios de segundas residencias, como de vivienda habitual.Ante esta situación, contar con la ayuda de un seguro antiokupas es una herramienta indispensable para proteger tu propiedad, tus d

Si has descubierto que tu vivienda ha sido ocupada, es fundamental actuar con rapidez y conocimiento.

En España, la ocupación ilegal se está convirtiendo en una preocupación latente entre los propietarios.

El edificio de Vivenio en Carabanchel ha sido liberado de okupas tras dos meses de tensiones y enfrentamientos. Bajo la supervisión de Servi-Okupa, las familias que ocupaban ilegalmente las viviendas han accedido a marcharse a cambio de compensaciones económicas. El cabecilla de la red, conocido como "el Gordo" o "el Paraguayo," ha sido detenido junto a otros organizadores, poniendo fin a un periodo de inseguridad para las 60 familias residentes legales.

La ocupación ilegal de viviendas es una preocupación creciente en España, especialmente para propietarios de segundas residencias o viviendas vacías. Uno de los aspectos más angustiosos de esta situación es el tiempo que puede llevar recuperar la propiedad, así como los costes asociados al proc

Con la aprobación del Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia el 19 de diciembre de 2024, se van a reducir los plazos considerablemente para los casos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda, pero no en los casos de inquiokupación. En concreto, estos dos delitos se tramitarán bajo el procedimiento de juicios rápidos, pudiendo estos celebrarse en un plazo estimado de 15 días.

La okupación de viviendas en España ha dejado de ser un fenómeno marginal para convertirse en un tema candente en el debate público. Tanto es así que el Congreso de los Diputados ha aprobado los juicios exprés contra algunas okupaciones a través de la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia. En concreto, esta nueva norma permite que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo juicios rápidos de 15 días. Sin embargo, se quedan fuera las inquiokupaciones, que no están reflejadas en las cifras oficiales, tal y como alertan los expertos. Este artículo examina los plazos de desalojo, las cifras relacionadas, el contexto jurídico y las propuestas de solución en torno a la okupación en España.

Enfrentarse a la ocupación ilegal de una propiedad es, sin duda, una de las mayores preocupaciones de los propietarios. Además de no saber cómo hay que proceder, la ocupación de un inmueble acarrea complicaciones legales, daños en la propiedad y posibles pérdidas económicas.

El Congreso de los Diputados aprobó el pasado jueves 14 de noviembre la agilización de los juicios para casos de ocupación ilegal de viviendas mediante la Ley de eficiencia judicial. La normativa contempla que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de vivienda se tramiten bajo el procedimiento de juicios rápidos, permitiendo que estos se celebren en un plazo estimado de 15 días. Esta aprobación supone un cambio significativo, impulsado por una enmienda del PNV y respaldada por formaciones como PP, Junts, ERC, UPN y Coalición Canaria, aunque con el voto accidental de Bildu. Ahora debe aprobarse en el Senado donde el PP tiene mayoría.

La ocupación ilegal es una preocupación constante para los propietarios de viviendas vacías en España. La pérdida de control sobre la propiedad, los largos procesos legales, el alto coste de los desalojos y los daños causados por los ocupantes ilegales generan un gran impacto económico y emocional.

La escasa oferta de pisos en alquiler, especialmente en Cataluña, tiene muchas aristas y una de sus causas podría ser el hecho de que muchos propietarios prefieren no poner sus viviendas en alquiler por miedo a la inquiocupación, entre otros. cada vez son más las personas que no saben qué hacer con sus propiedades y algunos las venden antes que alquilar. Francesc Quintana, CEO de Vivendex, cree que, en general, en España la mayoría de propietarios son pequeños ahorradores, “no es un mercado donde gran parte del stock de alquiler está en manos de fondos de inversión, etc. como pasa en otros países como Alemania, donde gran parte del producto está en manos de fondos".

Las restricciones a la actividad de los pisos turísticos y el miedo a la ocupación de estas viviendas o el impago de alquiles podría sacar a la venta cientos o miles de pisos turísticos, según la inmobiliaria K&N Elite. Las nuevas regulaciones buscan limitar la expansión de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) y mitigar sus efectos negativos, sin embargo, su implementación no es efectiva y no existe la certeza de que las viviendas liberadas del mercado turístico sean realmente destinadas al alquiler residencial.

Los okupas son uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector inmobiliario español, ya que se tarda en echarlos hasta 23 meses, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Pero existen otros problemas asociados a la ocupación ilegal, por ejemplo, cuando hay averías en una casa okupada que afectan a los inmuebles colindantes. Lo primero que habría que hacer es contactar con el propietario del inmueble. En caso de no localizarle, el Código Civil establece que la responsabilidad de los daños recaería sobre quien habita en la vivienda, es decir, el okupa.

La vida de Joni D, conocido como el primer okupa de España, es una muestra de cómo el destino puede cambiar drásticamente de un momento a otro. Jesús Sahún, su verdadero nombre, se hizo famoso en los ochenta al liderar la primera okupación urbana en el país, que fue en Barcelona, convirtiéndose en un referente del movimiento contracultural. Hoy, con un piso en propiedad, habiendo pasado por una hipoteca, y una carrera profesional consolidada que le ha llevado a ser empresario, su vida está muy alejada de la marginalidad y el activismo radical que alguna vez lo definieron.

Hace poco más de una semana el edificio 'Living Cañaveral', situado en los desarrollos del sureste de la capital, sufría la okupación de 12 de sus viviendas. Pero gracias a la movilización vecinal y la intervención de una empresa de desokupación las casas han sido desalojadas en un tiempo récord. Ya no hay rastro de okupación en el inmueble, pero las medidas de seguridad se han incrementado para evitar que esta situación vuelva a ocurrir en un activo que cuenta con 110 apartamentos de protección pública con precio regulado, conocidos como VPPL.

El servicio de de asesoramiento jurídico gratuito para ciudadanos afectados por la ocupación ilegal de viviendas del Ayuntamiento de Zaragoza ha atendido 370 incidencias en los últimos tres años, de las que un 10,8% han sido calificadas como casos de vulnerabilidad. El casco histórico es la zona donde más propiedades han sido ocupadas. En los seis primeros meses 2024 ya se han iniciado 52 estudios, la misma cantidad que en todo 2023. La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha afirmado estar trabajando en la creación de un Protocolo Antiocupación.

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, se baja al barro para poner fin a un caso de ocupación en la ciudad. El máximo responsable del consistorio de la ciudad, liderado por el Partido Popular, acudió al barrio del Gorg donde un grupo de hombres había okupado un local. Tras hablar con ellos, los okupas procedieron a desalojar el espacio, llevándose sus bártulos. “Les he advertido a los okupas que no me iba a ir hasta que se fuesen, y no me he ido hasta que se han ido”, aseguró el polémico alcalde.

La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del Partido Popular, Paloma Martín, ha cerrado la ronda de reuniones con interlocutores del sector inmobiliario, las comunidades y los municipios para concretar la alternativa del PP a la actual de Ley de Vivienda. El partido, con mayoría absoluta en el Senado, presentará el próximo mes de septiembre en la Cámara Alta su Ley de Desarrollo Urbano y Vivienda, con medidas destinadas a incrementar la oferta, a incentivar la construcción y rehabilitación de viviendas, acabar con las zonas de mercado tensionado, con el índice de precios de los alquileres y terminar con la inquiokupación".

Virginia no es solo una administrativa, madre de dos hijos, que vive en Benalmádena Málaga. También es una mujer que se vio arrastrada a una situación extraordinaria. Imagina tener un apartamento alquilado y que tu inquilina deja de pagar. Tristemente, es una estampa que no le viene de nuevas a nadie ¿verdad?. Pero si además tienes que mudar de piel, ponerte un sombrero y una gabardina, e investigar a tu inquiokupa para demostrar que no es una persona vulnerable y que la justicia tiene que ayudarte a que abandone tu piso, la historia ya pasa a ser casi un thriller, un ‘true crime’ de los que ahora están tan de moda. Esta es la historia de una propietaria que, junto a su comunidad de vecinos, se tomó la justicia por su mano para escribir su final feliz.

La ocupación no solo afecta a los bolsillos de los propietarios, sino que también puede llegar a impactar en su salud. Hace un par de semana os hablamos del caso de Kathy Díaz, la propietaria de un piso ubicado en Moncofa (Castellón), habitado por una “inquiokupa”. El último episodio de su lucha por recuperar su piso le llevó a entrar en el Ayuntamiento de Moncofa, pero acabó ingresada en el hospital de Castellón, y es que la propietaria sufrió un ataque de ansiedad en una reunión con los servicios sociales del consistorio al no conseguir “ser escuchada”.

“Fue entregarle las llaves a la nueva inquilina, subirme al coche con mi hija, mirarla y decirle: hemos perdido el piso”. Kathy Díaz recuerda esta escena, y lo narra con la voz rota. Si has entrado en X (antes Twitter) en algún momento de estas últimas semanas, puede que te hayas encontrado con su perfil @kdrbcn (tengo una inkiokupa!) y hayas conocido un poco más su caso. Kathy es la propietaria de un piso ubicado en Moncofa, en Castellón, habitado por una “inquiokupa” desde 2020, cuando estalló la pandemia. A día de hoy, la "okupa" acumula una deuda de más de 16.000 euros y la propiedad solo señala a un culpable en esta situación: el Real Decreto 11/2020.

La tramitación de la ley que busca desokupar viviendas okupadas ilegalmente en 24 horas se encuentra paralizada en el Congreso de los Diputados. La Cámara Baja aceptó la proposición de ley orgánica contra la ocupación ilegal el 20 de febrero, después de ser aprobada por el Senado, donde el Partido Popular tiene mayoría. Sin embargo, la progresión de esta ley se ha visto obstaculizada por repetidas extensiones del plazo para presentar enmiendas.

Mikel Echavarren, CEO de Colliers en España y Portugal, habla para idealista/news del sector inmobiliario actual y, en especial del residencial. En su opinión, la Ley de Vivienda va a reducir la oferta de alquiler allí donde se aplique, ya que conseguirá el efecto contrario: que los propietarios retiren sus casas del mercado con el consiguiente efecto de más subidas de las rentas. Además, estima que en Cataluña la inversión inmobiliaria va a desaparecer con la aplicación del índice de referencia del alquiler.

Sareb asegura que en 3.600 de sus viviendas viven familias que no pueden ser consideradas vulnerables como para formalizar un alquiler social o bien, que no quieren colaborar y regularizar su situación. Según explica Javier Torres, presidente de Sareb, en un estudio publicado por el IEE, las viviendas okupadas "suelen sufrir una acusada degradación", provocan problemas en el entorno vecinal y tienen un valor teórico hasta un 70% inferior respecto al que tendrían en el mercado libre. En el documento, Torres también propone convertir la compañía en el gestor público de viviendas sociales en España, una vez que sea disuelta en 2027.