“Vivo con mi okupa”: compartir piso con un inquilino que dejó de pagar y no puedes echar

Cuando Estíbaliz Kortazar gira la llave de su casa en Basauri (Vizcaya), en lugar de sentir alivio o seguridad, la invade el pánico. “Tengo ganas de llorar cada vez que entro en mi propia casa. Es girar la llave y siento terror”, explica a idealista/news la afectada. El motivo: convive desde hace meses con un inquiokupa, un inquilino que entró legalmente en su vivienda alquilando una habitación, dejó de pagar y ahora se niega a marcharse. Y no puede echarlo.

El caso de Estíbaliz es especialmente delicado porque no se trata de una vivienda alquilada de forma íntegra, sino de una habitación dentro de la casa en la que ella misma reside. Esto significa que debe cruzarse con su okupa en el pasillo, en el salón o incluso escucharle en la habitación contigua a la suya. “Saber que por la noche está en la habitación de al lado, a unos metros de tu cama, sentir mucho miedo y no poderte dormir. ¿Y si un día me hace algo? ¿Acaso se va a responsabilizar el Estado por haber permitido algo así?”, denuncia.

La convivencia se ha vuelto insoportable. Según relata, el hombre ha llegado a insultarla llamándola “perra” y generando un clima de tensión constante. “Me da miedo y la ley le protege más que a mí”, lamenta.

Una recogida de firmas que ya ha movilizado a miles de personas

Desesperada, ha iniciado una recogida de firmas en Change.org para pedir que se agilicen los trámites de desalojo en casos como el suyo. Bajo el título “Vivir con tu okupa”, su petición supera ya las 45.000 firmas. El objetivo: presionar a las autoridades para que la ley deje de favorecer a quienes okupan o dejan de pagar, y que se prioricen los desalojos cuando el propietario (o arrendador) convive con el infractor.

No es un caso aislado. En el último año, más de una decena de ciudadanos han creado campañas similares en la plataforma para denunciar que viven situaciones de okupación o inquiokupación. Se han unido en el movimiento “Preokupados”, con el que buscan visibilizar las consecuencias de esta problemática, sumar apoyos y lograr cambios legislativos.

Entre las historias que han salido a la luz a raíz de este movimiento hay dramas de todo tipo. Tamara, de Murcia, con 2 hijos y ahora en situación de vulnerabilidad, denuncia que su okupa lleva casi un año sin pagar y que su familia ha llegado a pasar dificultades para alimentar a sus hijos. 

Alberto relata cómo la vivienda de su primo, con un 78% de discapacidad, lleva cinco años okupada sin percibir un euro de renta. Manuel cuenta que la okupación masiva en su edificio ha traído tráfico de drogas y destrozos en las zonas comunes. Y Frank, de 66 años y con espina bífida, explica que su casa de campo fue okupada desde el primer día que la compró.

Un problema legal que deja a muchos indefensos

El denominador común es la impotencia. En la mayoría de los casos, los ocupantes entraron de forma legal, con un contrato de arrendamiento, pero dejaron de pagar y, amparados en la ley, prolongan su estancia durante meses o incluso años. Si se les considera “vulnerables”, el proceso de desalojo se complica aún más.

Para Estíbaliz, la situación es insostenible: “Normalmente tu casa es tu refugio, ese sitio al que volver para sentirte bien. Para mí es lo contrario. Cada vez que llego tiemblo, porque no sé qué me voy a encontrar ahí”. Mientras tanto, su inquiokupa sigue ocupando la habitación, protegido por un marco legal que muchos consideran injusto.