Pongamos que en tu escalera, una vecina mayor muere. No tiene pareja, tampoco se le conocen hijos y, mucho menos, nietos. Tras su defunción, deja una casa y una cuenta con ahorros sin dueño. ¿Qué pasa con ese patrimonio? Si ningún familiar hasta cuatro grados de consanguinidad lo reclama y no ha dejado su voluntad en un testamento, el heredero legítimo de esos bienes pasa a ser la Administración Pública, y la ley le obliga a subastarlos. Pasa lo mismo con herencias rechazadas, el Estado heredará todas esas viviendas si dichos parientes han renunciado.