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Barcelona pide a Airbnb retirar 2.577 pisos 'ilegales': cómo afecta a plataforma y propietario

Campaña del Ayuntamiento de Barcelona para concienciar sobre alquiler turístico en julio de 2017
Campaña del Ayuntamiento de Barcelona para concienciar sobre alquiler turístico en julio de 2017

Hace un año, la Generalitat traspasó al Ayuntamiento de Barcelona el poder de inspección y control contra la actividad ilegal de los alojamientos turísticos de la ciudad. Desde entonces, el Consistorio persigue toda la oferta ilegal que haya. Cuenta con la colaboración de todas las plataformas de alquiler vacacional, a excepción de Airbnb. Ahora, el Ayuntamiento exige a Airbnb que retire 2.577 pisos anunciados en su web que carecen de número de referencia, antes de sancionarlos. Los propietarios, por su parte, sí serán multados: hasta 60.000 euros, según la reincidencia y el beneficio de la oferta.

El Ayuntamiento de Barcelona fue el primero en reaccionar con multas y con una normativa municipal la regulación de los pisos turísticos, el Peuat. Bajó las armas desde que trabaja con todas las plataformas de alquiler vacacional que cooperan, aunque sin un acuerdo firme, en el cumplimiento del Peuat y la Ley de Turismo de la Generalitat.

Todas las empresas se comprometieron a no publicitar pisos que no cumplieran los requisitos legales. Eso es, no dar espacio a aquellos pisos no identificados en el registro habilitado por la Generalitat de Cataluña, según establece el Decreto 159/2012. Algunas, incluso, se han comprometido a incorporar el número de referencia como filtro imprescindible si quieren anunciarse un piso en la web. La relación con AirBnb, sin embargo, no cuajó de la misma forma, con varias sanciones entremedio.

Con todo, la compañía aseguró que habría voluntad de controlar los anuncios de viviendas sin número de registro. En el último año ha eliminado unos 1.500 pisos sin registro oficial. En caso de que no cumpliera la plataforma de retirar estos nuevos 2.577 pisos, el Ayuntamiento procedería a abrir un nuevo expediente sancionador, que se sumaría a los 600.000 por reincidencia en incumplir la legislación autonómica.

Por el momento, esas 2.577 viviendas han sido notificadas de que están operando sin licencia y pasarán a ser multados en función del tiempo que lleve el propietario beneficiándose de la actividad turística y de la posible reincidencia de la ilegalidad. 

Los pisos fueron detectados gracias al trabajo de los más de 100 inspectores que el Consistorio tiene "a pie de calle", según confirmó la teniente alcalde de Urbanismo, Janet Sanz. Se encargan de revisar los usos que tienen los pisos anunciados en dichas plataformas online, además de cruzar los datos con el registro oficial.

Una vez detectan que un piso infringe la ley, envían una misiva administrativa al propietario para advertirle que su piso está operando sin licencia turística. El dueño cuenta con un plazo de entre 15 y 30 días para presentar su oposición, en caso de sí disponer de licencia de actividad. Si no dispusiera de una licencia, se le suspenderá el piso con un tiempo máximo de dos años y una multa que puede alcanzar los 60.000 euros.