La Generalitat cede al Ayuntamiento de Barcelona el control sobre los pisos turísticos

El Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Cataluña han firmado un convenio para formalizar la creación de una Comisión de alojamientos turísticos específica para la ciudad de Barcelona. Entre los acuerdos, la Generalitat traspasa el poder de inspección y control contra la actividad ilegal de los alojamientos turísticos de la ciudad al Consistorio. El objetivo de la comisión es censar y conocer la oferta disponible para poder regularizarla y perseguir la oferta ilegal. 

Desde 2012, ambas instituciones trabajan juntas para tratar la problemática de los alojamientos turísticos y su regulación en Barcelona. La Dirección General de Turismo, que compete a la Generalitat, tenía como función desde entonces aflorar los apartamentos turísticos de toda Cataluña para dar con aquellos que tuvieran un uso ilegal. A fecha de hoy, tiene registrado 57.497 viviendas de uso turístico y 235 establecimientos de apartamentos vacacionales. Todo ello suma 330.572 plazas de alojamiento turístico en todo el territorio catalán.

Esa cifra supone el 66,1% de la oferta potencial que hay, lo que se traduce en que aún quedaría un 33,9% por legalizar, según la Dirección General de Turismo.

En todos estos años, la Generalitat ha realizado 13.467 inspecciones, en las que ha abierto 841 expedientes sancionadores con los que han recaudado más de 2,6 millones de euros. En estos datos no se incluye la capital catalana, pues la Dirección General de Turismo traslada al Ayuntamiento las denuncias, que desde 2012 acumulan un millar.

Cabe recordar que la tasa turística que recoge la ley de acompañamiento de los Presupuestos para 2017 se hizo no solo con la intención de equiparar la ley a otras regiones europeas con una cultura por el piso vacacional más asentada, sino también para regular una actividad que permitiría recaudar alrededor de 180 millones de euros con el aumendo del impuesto. Pasa de 0,65 euros por noche a 2,25 euros.

Pero de todo ese dinero que puede recaudar provendría significativamente de Barcelona sobre el resto de Cataluña. En el resto de territorio catalán la tasa es menos agresiva: de 0,90 euros por noche.  Desde la Hacienda catalana lo hicieron con la intención de que todos los apartamentos turísticos abonaran este tributo pero el texto definitivo, modificado a petición de una enmienda de Sí que Es Pot ('socios' de BenComú, partido que gobierna en Barcelona) indica que solo podría percibirse si el apartamento está registrado legalmente. 

Inspección también para las plataformas digitales

Los portales donde se anuncian los alojamientos turísticos no se libran de la inspección de la Dirección General de Turismo. La modificación de la ley requería incluir la posibilidad de auditar las plataformas online para garantizar el cobro de la tasa. Para ello, se trataría de crear la figura del "asistente en la recaudación" para hacer de fiscalizador con las empresas u operadores de plataformas tecnológicas que sean intermediario entre el turista y el propietario del establecimiento. Solo en el periodo 2015-2016 se abrieron 146 expedientes por falta de publicidad del número de identificación del Registro de turismo de Cataluña (Nirtc), por ejemplo.

Desde Rentalia, el portal de alquiler vacacional del grupo idealista, no contempla "que esta cesión de competencias entre Generalitat y Ayuntamiento vaya a cambiar mucho el escenario actual. Desde Rentalia creemos que una manera de reducir el número de viviendas turísticas sin registrar en Barcelona sería aumentar el numero de licencias disponibles".

En total, 95 páginas webs de las que anuncian alojamientos turísticos han ajustado su contenido según el requerimiento de la inspección de Turismo y 7 expedientes acabaron con el cese de la publicidad de oferta vacacional ubicada en Cataluña sin el Nirtc en estas páginas. Las infracciones supondrían una multa en una horquilla de 300 a 2.000 euros.

Almudena Ucha, CEO de Rentalia, considera que para fomentar las buenas prácticas "también ayudaría que las administraciones catalanas realicen más campañas informativas entre los propietarios de viviendas y no sólo incitar a la persecución y demonización de estos".