Alquiler ilegal

En Barcelona, así como en otras ciudades de España, existe un fenómeno que crece en la sombra: inquilinos que alquilan pisos bajo contrato residencial para luego subarrendarlos por días a turistas a través de plataformas de alquiler turístico, sin ningún tipo de licencia. El negocio es redondo para ellos -pueden multiplicar por cinco o seis el precio del alquiler- pero devastador para los propietarios, que se encuentran con expedientes sancionadores, multas que pueden superar los 60.000 euros y procesos judiciales interminables.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (MIVAU) ha notificado a las plataformas digitales la solicitud de retirada de 53.876 pisos turísticos ilegales que solicitaron el número de registro (obligatorio desde el pasado 1 de julio), pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales. El objetivo del Gobierno, tal y como afirmó el presidente Pedro Sánchez, es que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial. Por municipios, Sevilla (2.289) lidera la tabla de solicitudes revocadas, seguido de Marbella (1.802); Barcelona (1.564); Málaga (1.471) y Madrid (1.257).

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) se ha pronunciado sobre el recurso presentado por Airbnb contra las resoluciones del Ministerio de Consumo que imponen a la plataforma de pisos turísticos el bloqueo de casi 66.000 anuncios que no cumplen con las normativas autonómicas en esta materia. El tribunal avala las actuaciones de Consumo e insta a Airbnb a retirar 5.800 anuncios de pisos turísticos de manera inmediata que se encuentran repartidos por Andalucía, Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares o País Vasco.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación a las grandes gestoras de pisos turísticos por posibles prácticas engañosas. La Dirección General de Consumo examinará a las empresas que administran cientos de viviendas turísticas en distintas CCAA y que podrían estar incurriendo en prácticas engañosas y en otras potenciales infracciones de la Ley General para la Defensa de Consumidores y Usuarios, explica el Ministerio.

Elche ha sido el escenario de una operación policial ligada a la okupación y el alquiler ilegal de viviendas. Según confirma la Policía Nacional, varios agentes han detenido en la localidad alicantina a un hombre de 39 años que presuntamente localizaba viviendas vacías que previamente habían sido deshabitadas con orden de desahucio para alquilarlas ilegalmente a terceras personas. Está acusado de usurpación de bienes inmuebles y delito de daños.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, duplica el equipo que fiscaliza la oferta de pisos vacacionales que no cumplen la normativa, con lo que pasan de 20 a 40. Desde el Ayuntamiento los denominan "visualizadores para detectar la oferta sumergida".

La Agencia Tributaria ha resumido cuáles han sido sus grandes actuaciones en 2016, ejercicio en el que ha destapado más de 14.800 millones de fraude fiscal. Uno de sus ejes de actuación prioritarios ha sido aflorar los alquileres opacos de aquellos caseros que arrendan sus inmuebles sin declararlo. El fisco asegura que ya ha enviado 21.500 notificaciones y que ha realizado más de 8.100 inspecciones presenciales, un 49% más que en 2015.

El Ayuntamiento de Madrid va a elaborar un informe sobre el aumento de pisos turísticos ilegales en el centro de la ciudad y servirá de base para diseñar las líneas políticas con ayuda del sector hotelero y agentes sociales.

El Ayuntamiento de Barcelona ha elaborado un informe en el que detalla el impacto del alquiler turístico en el mercado de la vivienda. Este arrendamiento vacacional supone el 7,7% del total del parque de pisos en alquiler, cerca de los 16.000 apartamentos.