Derecho a la vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que llegarán más medidas que garanticen el derecho a la vivienda tras las protestas en unas 40 ciudades españolas para reivindicar una vivienda digna. Rodríguez ha recordado que el Gobierno ya ha puesto en marcha una ventanilla única para registrar alquileres de corta duración o la reciente reforma de la Ley de Propiedad Horizontal por la que los vecinos tienen la última palabra a la hora de decidir si pueden establecerse alojamientos turísticos en su edificio, junto a las medidas que llevan en marcha desde 2023 con la entrada en vigor de la Ley de Vivienda.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha pedido en Bruselas que las instituciones europeas asuman un "papel de liderazgo" para poder garantizar el derecho efectivo a la vivienda, que también es una de las "máximas prioridades" del Gobierno. Considera que España tiene que "dar ejemplo" e "impulsar que las instituciones europeas asuman un papel de liderazgo para poder garantizar el acceso efectivo a ese derecho".

El derecho a la vivienda puede vulnerarse si un edificio no es accesible. Si algún propietario tiene alguna discapacidad, debería poder acceder a su vivienda sin que eso sea un grave problema. En las comunidades de propietarios surge la siguiente duda al respecto: ¿quién paga las instalaciones de accesibilidad de un edificio, por ejemplo, rampas o salvaescaleras? Si hay algún vecino que necesite alguna instalación para hacer más accesible el edificio, entonces la comunidad está obligada a realizar y pagar las obras. En cuanto al mantenimiento, también será asumido por todos los vecinos.

En este nuevo artículo de opinión, Marcos Sánchez Foncueva, responsable de la Junta de Compensación de Los Cerros (Madrid) señala que algunos siguen empeñados en el análisis del problema de la vivienda en España como una consecuencia directa del tardofranquismo, en lugar de echar la vista hacia adelante y, desde la serenidad y el profundo estudio, constatar cuáles deben ser las políticas urbanas y las políticas de vivienda que contribuyan a aliviar el problema y a la construcción de la ciudad del futuro. Pone como ejemplo la ciudad de Viena por haber desarrollado favorablemente el alquiler asequible.

El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, ha pedido a los tribunales que permita la suspensión de la obligación de la ciudad al derecho a la vivienda, justificando que su administración "no puede" albergar a todas las personas sin hogar. La llegada masiva de migrantes a la mayor ciudad de EEUU está colapsando la atención social, ante la falta de espacio en los refugios, personal y seguridad.

La Ley de Vivienda aprobada en el Senado va a provocar unos efectos contrarios a los deseados. Según Luis Corral, CEO de Foro Consultores Inmobiliarios, la normativa puede generar un conflicto entre dos preceptos constitucionales: el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad privada. Además, provocará una reducción de la oferta de vivienda en alquiler y mayor selección de los inquilinos. También critica la indefensión jurídica a la que se ven expuesta los propietarios, sobre todo los grandes tenedores de viviendas.

Varios expertos han analizado el Anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda, promovido por el Gobierno en un debate organizado por la Fundación Alternativas. El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Óscar Arce, ha advertido de que se deben regular y diseñar mejor que hasta ahora las ayudas alquiler y los incentivos a propietarios para que no se traduzca en una subida de los precios. Ignacio de la Torre, economista jefe en Arcano Partners, aboga por fomentar la oferta de viviendas, tanto en venta como en arrendamiento, para conseguir abaratar los precios.

Las voces inmobiliarias que alertan de las consecuencias que podría provocar el anteproyecto de la Ley de Vivienda aprobado por el Gobierno no cesan. Alberto Murcia, director general de la red de agencias Realtyplus, apoya el objetivo de que la vivienda esté al alcance de todos los ciudadanos, pero no comparte la forma de conseguirlo. Recuerda que el derecho no puede ser sostenido por el de la propiedad privada y que la intervención del mercado por parte del Estado es necesaria siempre que sea con sus recursos, no con los ajenos.

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos ha aprovechado la presentación del Boletín Especial de Vivienda Social, que analiza el estado de la vivienda protegida en España, para adelantar que desde el viernes 24 se inicia el trámite de consulta pública del proyecto de ley estatal del Derecho a la vivienda. Además, señaló importantes avances para desatascar la Operación Campamento, con 10.500 pisos en Madrid.

En la batalla por ganar pisos para la ciudad, Ada Colau creó la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER) a finales de 2015 como medida para atender las necesidades habitacionales de los barceloneses y, sobre todo, evitar pisos vacíos mientras haya familias en proceso de desahucio. En la presentación del balance de su primer año, dieron a conocer 268 pisos vacíos de entidades financieras que detectaron y advirtiendo: o bien los ceden al Consistorio, o bien los ponen en el mercado. Si no, serán multados.

Ha hecho falta pocos pasos para reconstruir lo derribado.

Aunque lo más habitual en nuestro país es la compra o el alquiler de una vivienda, lo cierto es que la cesión gratuita del uso de una vivienda ha aumentado con la dura crisis económica. A diciembre de 2015 del total del parque de viviendas, un 7,1% eran cesiones, el nivel más alto desde 1993.

El Ayuntamiento de Barcelona sitúa el derecho a la vivienda como la máxima prioridad dentro de sus políticas y actuaciones.

Después de conocerse las 26 medidas sobre vivienda incluidas en el programa electoral de Podemos para las Elecciones del próximo 26 de junio, es el turno de Ciudadanos.

Desde que ayer por la mañana Carolina Bescansa presentase el programa electoral de Podemos para las Elecciones Generales del 26J, mucho se ha discutido sobre lo ingenioso –o no– de presentar su propuesta como si se tratase del catálogo de IKEA.

Ahora que los equipos de negociación de PSOE y Ciudadanos continúan reunidos para intentar sacar adelante la próxima legislatura, toca recordar lo que ambos partidos prometieron en campaña en materia de vivienda.

Podemos ha lanzado oficialmente una propuesta de pacto para formar una coalición “de carácter progresista” al PSOE, Izquierda Unida y Compromís.

El programa del nuevo gobierno luso, encabezado por el socialista António Costa, será discutido en el Parlamento entre hoy y mañana, después de varios meses de inestabilidad política. Se votarán medidas como la creación de Fondo de Alquiler Social, rehabilitación de zonas urbanas, frenar los desahucios de primeras viviendas o la modificación los impuestos que afectan a los inmuebles.

El Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso de inconstitucionalidad que plantearon los afectados por el fin de las ayudas a la VPO, que no han dudado en cargar contra el reciente fallo del Alto Tribunal. “La sentencia es injusta, antisocial y ha despojado a 300.000 familias de sus legítimos derechos”, aseguran.

El programa de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) para las próximas Elecciones Generales del 20D quiere aplicar medidas que protejan el derecho a la vivienda y a los deudores hipotecarios, utilizando la dación en pago y la retroactividad de las cláusulas suelo.

Ayer Podemos presentó el borrador de lo que será su programa electoral de cara a las Elecciones Generales del 20 de diciembre.

Tirón de orejas de los Defensores del Pueblo a los poderes públicos por no impulsar un sistema de vivienda pública justo. Piden que tanto el Estado como las Comunidades Autónomas impulsen una regulación para garantizar el derecho a una vivienda digna contemplado en la Constitución española. Y proponen un decálogo para que la vivienda pública sea más justa y accesible.

El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas (ONU) ha solicitado a España que cumpla con la legislación internacional en los procesos de ejecución hipotecaria tras denunciar que la justicia española violó el derecho a la vivienda de una mujer. Un juzgado subastó su casa sin haber notificado correctamente la medida a la afectada y le privó de defender sus derechos.