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Las medidas del nuevo gobierno portugués que cambiarán el sector inmobiliario

Autor: Tânia Ferreira

El programa del nuevo Gobierno luso, encabezado por el socialista António Costa, será discutido y votado en el Parlamento entre hoy y mañana, después de varios meses de inestabilidad política. Entre las medidas a votar aparecen algunas propuestas que afectan al sector inmobiliario y a la vivienda.

El programa de este nuevo Gobierno portugués será discutido y votado en el Parlamento entre hoy y mañana, después de varios meses de inestabilidad política tras las elecciones del 4 de octubre, que no dieron mayoría suficiente a ningún partido. La coalición de izquierdas ha encontrado más apoyos que el vencedor de las elecciones, Passo Coelho, del PSD-CDS.

"La vivienda es un derecho fundamental de primera necesidad. Constituye la base de una sociedad estable y coherente, a partir de la cual los ciudadanos construyen las mejores condiciones para acceder a otros derechos como la educación, la salud o el trabajo "(...), según se puede leer en el preámbulo del Programa de Gobierno dedicado a este sector.

Las nuevas políticas y medidas son:

· Creación de un Fondo Nacional para la Rehabilitación de inmuebles: estará a cargo de la rehabilitación y gestión de un parque de viviendas, desde inmuebles públicos hasta edificios procedentes de fondos privados, para su posterior puesta en el mercado de alquiler social.

Estás viviendas saldrán al mercado de arrendamiento a un precio asequible. El Gobierno podrá recuperar la inversión inicial en un medio plazo y los propietarios con viviendas vacías obtener un beneficio.

· Financiar “alrededor de 25 planes de acción local para rehabilitar las zonas urbanas”. La intención es intervenir en los centros históricos y las zonas desfavorecidas.

· Revisar los contratos de arrendamiento, adecuando las rentas de los edificios al estado de conservación de los mismos. Con ello se tratará de fomentar la rehabilitación y fomentar la concesión de préstamos por parte de los bancos para ese uso.

 · Simplificar las normas y procedimientos para acelerar el comienzo de las obras de conservación y regeneración urbana.

· Simplificar y reducir los costes relacionados con los procesos de desalojo.

 · Completar la aplicación de los programas PIMP (Plan de Intervención a Medio Plazo) y PER (Programa Especial de Realojamiento), reanudar el PER para familias y crear un programa similar a los edificios en ruinas.

 · Fortalecer la inversión, a través de fondos de la UE, para la rehabilitación y la mejora de la eficiencia energética en el parque de viviendas sociales existente, así como la rehabilitación de edificios entregados para su uso como vivienda social.

· Crear una red de alojamientos de apoyo para personas con bajos recursos económicos, en situación de aislamiento o exclusión social, especialmente los ancianos. Un especie de casas sociales para estos ancianos que por su situación social, psicológica o psiquiátrica no pueden acceder a un alojamiento compartido.

· Revisar el Impuesto Municipal sobre la Propiedad (IMI):

- teniendo en cuenta su progresividad, dependiendo de los ingresos de los propietarios;
- restablecer la cláusula de salvaguardia, evitando aumentos de más de 75 euros al año cuando la zona de la propiedad se ha revalorizado, mientras sea la vivienda habitual del propietario y provenga de un valor bajo.

· Revisar el Impuesto Municipal sobre Transmisiones Patrimoniales (IMT).

· Prohibir las ejecuciones hipotecarias sobre las viviendas habituales cuando la deuda sea inferior al valor del inmueble.

· Crear un grupo de trabajo sobre la política de vivienda, créditos para la vivienda y los  Impuestos sobre el Patrimonio Inmobiliario. El grupo estará compuesto por representantes de los partidos con representación parlamentaria partidarios del nuevo Ejecutivo (PS, BE, PCP y PEV) y el ministro que supervisa la cartera, con presentar informes semestrales.

· Disponer de los edificios públicos para su venta a bajo coste con el compromiso de que estos edificios sean rehabilitados y destinados al alquiler social, sobre todo para los jóvenes durante un mínimo de años.

· Crear un seguro de ingresos para proteger a los propietarios en caso de un posible impago por los inquilinos.

· Poner fin al sistema de incentivos fiscales para los fondos de inversión inmobiliaria, manteniendo solo los beneficios a los promotores que se dediquen a la regeneración urbana.