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¿Cómo funciona el proceso de desahucio de una vivienda de alquiler en Portugal?

Autor: Tânia Ferreira

Las solicitudes de desahucio de inquilinos por el impago del alquiler continúan al alza en Portugal. En el primer semestre del año, el Banco Nacional de Alquileres (BNA) registró 2.309 peticiones de desalojo por parte de propietarios (más de la mitad del total de todo el año pasado). Sin embargo, la mayoría son denegados, según ha confirmado el Ministerio de Justicia de Portugal a idealista/news.

Desde el 8 de enero de 2013 hasta el día 30 de junio 2015, se iniciaron en el país 10.333 requerimientos de desahucio ante el BNA, de los que fueron denegados más de la mitad, concretamente, 5.170. La principal causa de estas negativas al desalojo no es una especial protección de los inquilinos, sino la falta de información de los propietarios y los errores a la hora de cumplimentar y presentar los documentos necesarios, según explica la Asociación de Consumidores de Portugal (DECO).

¿Cómo funcionan los desahucios con la nueva ley de arrendamientos?

En Portugal, quien no paga el alquiler o sistemáticamente se retrasa en el pago no tarda en recibir una orden de desahucio. Bajo la nueva ley de arrendamientos urbanos, aprobada en 2012, el Banco Nacional de Alquileres (BNA) ha creado un mecanismo denominado ‘desalojo  automático’ destinado a agilizar y facilitar el proceso. 

Para ponerlo en marcha basta con rellenar un expediente a través de internet. Se trata de un procedimiento no judicializado que permite que la solicitud se resuelva en apenas tres meses y no en los 18 meses de media que tardaría si llegase a los tribunales.

A este proceso exprés pueden acudir todos los propietarios con inquilinos que adeuden al menos dos mensualidades consecutivas o, si durante el último año, el arrendatario se ha retrasado en el pago en ocho o más días en cuatro mensualidades consecutivas. Además, es condición indispensable el tener el contrato de alquiler registrado en la hacienda portuguesa y tener el pago de impuestos al día. 

¿Qué debe hacer el propietario?

Antes de proceder al desahucio, el propietario debe dar la oportunidad de saldar la deuda al inquilino moroso. El dueño de la casa debe informar de la deuda mediante una notificación simple, a través de un abogado, mandando un burofax o enviando una carta certificada con acuse de recibo. 

Si no surte efecto, debe cumplimentar correctamente toda la documentación necesaria y abonar las tasas judiciales correspondientes (25,5 euros si la deuda es inferior a 30.000 euros y 51 euros, si es superior). A partir de entonces, el BNA tiene 15 días para notificar al inquilino del procedimiento de desahucio por carta certificada con acuse de recibo.

¿Qué puede hacer el inquilino?

En ese momento, el inquilino puede, durante los 15 días siguientes, elegir una de estas tres opciones:

- Desalojar la propiedad y pagar al propietario la cantidad solicitada, además de las tasas judiciales.

- No oponerse al desahucio, pero seguir ocupando la casa. En este caso, el BNA emitirá una orden de desalojo forzoso.

- Oponerse a la solicitud de desalojo y llevar el proceso a los tribunales. Para poder llevar su caso al juzgado, la ley obliga al inquilino a abonar previamente toda la deuda con el propietario. Además, debe pagar un mínimo de 306 euros de tasas judiciales, nombrar un abogado y pagar una multa de 204 euros.

Cumplidas las condiciones, el tribunal establece una moratoria de cinco meses en los que el arrendatario no deberá abandonar la propiedad. Transcurrido ese tiempo, y si no hay acuerdo con el propietario para continuar con el alquiler, deberá desalojar la vivienda. 

Si el tribunal no da la razón al inquilino, debe marcharse de la vivienda en la fecha establecida o se enfrentará a una multa de hasta 3.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados al arrendador.