Las 8 propuestas en materia de vivienda que Podemos exige al PSOE para formar Gobierno

Podemos ha lanzado oficialmente una propuesta de pacto para formar una coalición “de carácter progresista” al PSOE, Izquierda Unida y Compromís. En un documento de 98 páginas, a medio camino entre la búsqueda de entendimiento y un órdago político a un PSOE casi desesperado, el partido de Pablo Iglesias desgrana las medidas políticas que a su juicio debería poner en marcha un “Gobierno de cambio estable y con garantías”. 

Entre las propuestas que recoge el documento de Podemos, en cuya redacción han participado hasta 20 dirigentes de la formación morada, se incluyen ocho propuestas para “asegurar el derecho a una vivienda digna”, que van desde la paralización de los desahucios –tanto de vivienda en propiedad como de alquiler–, la dación en pago con efecto retroactivo y la creación de un ambicioso programa de vivienda social, además de asegurar los suministros de luz, gas y agua aun en los casos graves de impago. 

Estas son las principales medidas relacionadas con el mercado inmobiliario que Podemos ha exigido al PSOE para formar Gobierno:

1.- Promoverá con carácter de urgencia una ley orgánica de protección del derecho a la inviolabilidad del domicilio y prohibición de los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. En ningún caso se podrá realizar el desalojo o desahucio de personas en situación de vulnerabilidad, ya sea por impago del alquiler u ocupación en precario motivada por la falta de vivienda, sin que la administración competente garantice un realojo adecuado.

2.- Establecerá el derecho a la dación en pago. Limitación de la responsabilidad del deudor hipotecario al bien hipotecado. El derecho a la dación en pago tendrá carácter retroactivo.

3.- Garantizará el acceso a los suministros básicos como parte del derecho a una vivienda digna y adecuada. Se impedirán los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas a aquellas personas y unidades familiares que estén padeciendo una situación de vulnerabilidad. Se establecerá un mínimo vital de electricidad y gas mensuales por hogar. Una vez constatada la situación de pobreza, el pago de ese suministro mínimo vital no podrá suponer más del 10% de los ingresos mensuales del hogar. Las compañías suministradoras no podrán repercutir la correspondiente caída de sus ingresos al resto de consumidores ni exigírsela al Estado.

4.- Asegurará el alquiler estable y asequible. A través de una reforma de la Ley 29/ 1994, de 24 de noviembre, de arrendamientos urbanos, se facilitará un alquiler estable y asequible. Se regulará el alquiler para proteger a la parte en general más débil en los contratos de arrendamiento: los inquilinos. Se introducirán mecanismos para asegurar la estabilidad, de modo que se alargue el plazo mínimo para prorrogar el alquiler de la vivienda habitual hasta los cinco años. Cuando el arrendatario pertenezca a un colectivo especialmente vulnerable y el arrendador sea un gran propietario de viviendas (es decir, propietario de al menos diez viviendas), se producirá una prórroga automática del contrato de alquiler. Se garantizará el alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares que, tras haber cedido o perdido en ejecución hipotecaria su vivienda única y habitual, no dispongan de alternativa habitacional.

5.- Modificará el procedimiento de ejecución hipotecaria para garantizar todos los medios de defensa y de prueba para la protección del deudor hipotecario.

6.- Regulará un procedimiento simplificado para que, en el caso de los hogares que cumplan ciertos criterios sociales (por ejemplo, todos sus miembros en paro sin ingresos alternativos, o ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM), se pueda reestructurar la deuda hipotecaria, de forma que el valor facial se acerque al valor de mercado. Esto se articulará con un régimen de segunda oportunidad para personas físicas y jurídicas que realmente las libere de las deudas pasadas una vez que la situación de quiebra sea efectiva.

7.- La derogación de todas las trabas administrativas, técnicas y económicas al autoconsumo eléctrico que no tengan justificación, como las previstas en el R. D. 900/2015, y la revisión de la Ley 24/2013 del Sector Eléctrico. Se aprobará una legislación del autoconsumo de modo que: a) La energía autoconsumida instantáneamente quede libre de cualquier tipo de imposición. b) La energía vertida al sistema eléctrico sea justamente retribuida por la empresa comercializadora. c) Los trámites administrativos sean ágiles. d) Se permitan instalaciones compartidas; por ejemplo, entre viviendas de una misma comunidad de vecinos.

8.- El Gobierno aprobará un Plan Nacional de Transición Energética hacia una economía baja en carbono y caracterizada por el uso de fuentes de energía renovables. Sus dos ejes fundamentales serán un Plan de Ahorro y Eficiencia Energética (cuya columna vertebral será la rehabilitación energética de edificios, principalmente de viviendas) y un Plan Nacional de Energías Renovables que incorporará todos los eslabones de la cadena: I+D, fabricación, instalación y generación. 

Aquí puedes consultar el documento completo de Podemos: