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Realtyplus: sostener el derecho a la vivienda con la propiedad privada no es el mejor camino
GTRES

Artículo escrito por Alberto Murcia, director general de Realtyplus

Hace unas semanas nos enterábamos de la nueva regulación que propone el Gobierno español para intentar “mejorar” el mercado inmobiliario. No cabe duda que la vivienda es un artículo de primera necesidad y, como tal, debe estar al alcance de todos. El Gobierno debe hacer cumplir la Constitución y garantizar el derecho a la vivienda de todas las personas que viven en España.

Es un objetivo que compartimos todos. El cómo hacerlo es en lo que diferimos muchos.

Las soluciones fáciles endosadas a otros no son las que mejor funcionan. Criminalizar a los propietarios de los inmuebles como los causantes de todos los males e intentar que el derecho a la vivienda se vea sostenido por la propiedad privada no creo que sea el mejor camino.

Obligar a los promotores a que un porcentaje de sus construcciones sean viviendas de protección oficial no soluciona el problema del coste de la vivienda, ya que encarece la vivienda libre porque debe subvencionar la vivienda protegida.

Pero, vamos por partes.

El Gobierno debe regular el mercado, pero hasta cierto punto. La oferta y la demanda deben regir los mercados en los países libres. Si no garantizamos el derecho al libre mercado y a la propiedad privada, ¿qué nos queda?

Por hacer una comparativa que está muy de moda. El precio de la electricidad está desbocado, no por el libre mercado en el que se regularía él mismo, sino por una legislación que obliga a un sistema perverso de asignación de precios.

Si el sistema fuese libre, el que produce más barato vendería más y obligaría a mejorar los sistemas de los que les cuesta más producir. Ahí, como es lógico, debería actuar el Gobierno para prevenir pactos de precios. Pero con el sistema que tenemos ahora no lo previene, obliga ahora a un pacto de precios al alza. Una locura.

Volviendo a la vivienda. Demos soluciones.

El Gobierno debe intervenir. Eso está claro. Pero tiene que hacerlo con sus recursos, no con los ajenos.

El Gobierno, y por ende todos los ciudadanos, ya es propietario de cientos de miles de inmuebles que vienen de la crisis anterior (Sareb, por ejemplo). Esos inmuebles, en vez de paquetizarlos y venderlos a inversores a precios de risa, se podrían adecuar y ponerlos en alquiler para las familias necesitadas, o bien destinarlos para la emancipación de los jóvenes.

Marcando un precio de alquiler que esté en función de la renta del individuo que vive allí y asignándolos, no de por vida, sino durante el tiempo en que se necesitan (que puede ser medido por la renta).

De esta forma no se necesitaría obligar a construir vivienda protegida que muchas veces no cumple el objetivo social para el que está destinada, ya que se vende a personas que cumplen unos requisitos de partida, pero que la ocupan y utilizan muchas veces cuando ya no las necesitan.

Esto, además, se ve en la especulación posterior que se realiza con este tipo de inmuebles y a que, en muchas ocasiones, no vive el propietario, sino que se alquila a otras personas.

Con respecto a las medidas de contención de precio en base a “obligar” a los grandes tenedores de inmuebles a bajar precios de alquiler o bien pagar más por inmuebles vacíos, aunque parece una medida positiva para controlar el precio del alquiler, es una medida que suele derivar en lo mismo: los grandes fondos de inversión tienen sus mecanismos fiscales para recuperar lo que se les quita y, son los pequeños inversores los que quedan en este vacío y sustentan con su esfuerzo este tipo de medidas.

La ayuda al alquiler para jóvenes no es la primera vez que se hace en este país. La anterior fue un caos y promovió un incremento de precios y, esta vez tiene la misma pinta.

En esta misma línea también se debería hablar en serio sobre el fenómeno de la okupación de inmuebles y los desahucios.

Con un parque de inmuebles propiedad del Estado para la gente necesitada no es necesario fulminar los derechos de los propietarios en contra de los derechos de los que viven en las viviendas. Se podría actuar rápidamente en casos de okupaciones en impagos, dando soluciones de vivienda por parte del Gobierno.

Los mecanismos están, los inmuebles también, la voluntad creo que sí. ¿Por qué no aprovechamos para mejorar el mercado inmobiliario de una vez? ¿A quién no le interesa que se haga?

Nuestro país es muy atractivo a nivel internacional y, medidas como las actuales, espantan a los posibles inversores internacionales.

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