El consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha subrayado durante un acto oficial que el Gobierno encabezado por Isabel Díaz Ayuso no declarará ninguna zona tensionada en la región, al considerar que se está "interviniendo el mercado y lo único que conllevaría es que suban todavía mucho más los precios". Las declaraciones de Rodrigo surgen tras la presentación por parte del Ministerio de Vivienda del Índice estatal de referencia de precios de alquiler, que servirá para establecer las rentas en los nuevos contratos de alquiler para grandes tenedores en las áreas que se declaren como mercado tensionado.
Las voces inmobiliarias que alertan de las consecuencias que podría provocar el anteproyecto de la Ley de Vivienda aprobado por el Gobierno no cesan. Alberto Murcia, director general de la red de agencias Realtyplus, apoya el objetivo de que la vivienda esté al alcance de todos los ciudadanos, pero no comparte la forma de conseguirlo. Recuerda que el derecho no puede ser sostenido por el de la propiedad privada y que la intervención del mercado por parte del Estado es necesaria siempre que sea con sus recursos, no con los ajenos.
Esta semana el Gobierno aprobará la Ley de Vivienda, que incluye medidas para topar las rentas de viviendas de grandes propietarios. Según recuerda Jeffrey Sújar, managing partner de activos alternativos en Urbania y CEO de The Prototipo Company, estas políticas ya han fracasado en ciudades como Barcelona y Berlín, y ha provocado una caída de la oferta, subidas de precio y en aumento de la economía sumergida y la picaresca, además de la judicialización del mercado y problemas para captar talento extranjero. En su opinión, España debe seguir los ejemplos de Viena y Singapur.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, cifra en unos 150.000 los pisos que podrían ver regulado el precio del alquiler con la nueva Ley de Vivienda, al ser los que están en manos de grandes propietarios constituidos como personas jurídicas. El número representa cerca del 6% del parque total de viviendas de alquiler, al que habría que restar las que se encuentran en autonomías como Madrid, Andalucía o Galicia, ya que el PP no la aplicará.
El Gobierno de Andorra ha aprobado un nuevo proyecto de ley para forzar la prórroga de aquellos contratos de alquiler que venzan durante el 2022, según ha explicado el ministro titular de Territorio y Vivienda, Víctor Filloy, en rueda de prensa.Se trata de un texto similar al adoptado en los años an
La consultora Savills Aguirre Newman recopila las principales medidas que están tomando algunas de las principales capitales europeas para proteger a los inquilinos, aunque alerta de que pueden disuadir la producción de nuevas viviendas que permite equilibrar la oferta. Berlín, París, Dublín, Ámsterdam, Copenhague, Estocolmo y Helsinki son algunas de las ciudades que están regulando el mercado del arrendamiento. Repasamos las principales actuaciones que están llevando a cabo las autoridades en términos de renta y revisión de los contratos.
La vicepresidenta económica Nadia Calviño ha reiterado que hace falta un conjunto de medidas eficaces para evitar que haya un aumento desmesurado de los precios del alquiler, y que no se puede reducir todo a limitar los precios de las rentas, en alusión a la propuesta de Podemos. Calviño insiste en que la complejidad del mercado residencial no se resuelve con medidas populistas o simplemente “poniendo un artículo en una Ley diciendo que se limitan los precios”.
El límite a los precios del alquiler ya cumple un año en la capital alemana, y el balance arroja un desplome de la oferta del 60%, así como una subida de las rentas. Además, ha creado inseguridad jurídica y se han frenado las inversiones, según los datos de institutos económicos y los principales portales inmobiliarios de la primera potencia europea.
Las dificultades para acceder a una vivienda provocan muchos casos de okupación. El ‘think thank’ Europa Ciudadana (EC) se basa en la legislación aplicada en Países Bajos en materia de alquiler para recomendar su aplicación en España y reducir este problema creciente en nuestro país. Normas como la Ley de Vacantes, que permite usar inmuebles vacíos, o Ley de Alquiler temporal para arrendamientos en periodos cortos en colaboración público-privada son solo algunos de los ejemplos.
La Conselleria de Justicia y los grupos JxCat, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), En Comú Podem y CUP han registrado una proposición para regular el mercado del alquiler en la comunidad. La medida, impulsada por el Sindicat de Llogaters, cuenta con el apoyo parlamentario necesario para ser aprobada.
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